En la semana pasada estuvo muy viva en los medios la polémica sobre si España debía reconocer o no el daño producido a las poblaciones nativas en la conquista de las Indias. La polémica saltó a la opinión pública por no haber sido invitado Felipe VI a la toma de posesión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyo motivo es la falta de respuesta del rey a una carta del presidente mexicano López Obrador de fecha 1 de octubre de 2019, en la que pedía a nuestro monarca que "el Reino de España expresara de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados" a las poblaciones originarias de México en el periodo de la conquista española. El presidente del Gobierno y el jefe de la oposición respondieron que la petición era inaceptable.
Algunos comentaristas adujeron razones por las que España NO tenía que pedir perdón. Expongo sus razones y la réplica a las mismas.
El proceso de civilización de los nativos promovida por la Corona española
Sobre la conquista española de las Indias se ha esgrimido todo tipo de interpretaciones: desde la leyenda negra del infame dominio español a la leyenda rosa de la civilización y cultura dispensada a los ignorantes y crueles aborígenes de América Latina. Pero las leyendas no pueden sobrevivir a los hechos históricos verificados, que ofrecen las fuentes directas. Entre ellas los cronistas de Indias testigos directos de la conquista española -González de Nájera, Ovalle, Rosales, etc.- que en sus crómicas relataron los valores y el buen gobierno de las poblaciones nativas. No solo los cronistas sino militares de alta jerarquía refirieron en sus escritos de agravios dirigidos a la Corona las virtudes y buenas reglas de gobierno de los nativos, como es el caso de Núñez de Pineda, al que dediqué mi tesis doctoral. maestre general de campo en Chile, autor de un libro de significativo título, Cautiverio Feliz, en el que relata el buen trato recibido de los indios de la Araucanía de Chile. Y lo mismo cabe decir de religiosos que acompañaron a los soldados en sus conquistas, como Bartolomé de Las Casas, muy crítico con el exterminio de los indios a manos de los españoles, que se deshacía en elogios a los indios, ensalzando su natural buen carácter y pacifismo.
En los años de la conquista, a los que se circunscribe la carta del presidente mexicano, no vale hablar de la civilización española de las poblaciones originarias, sino de su opresión y exterminio, reducidos a esclavitud en encomiendas de indios concedidas a los conquistadores por la Corona española como pago a sus servicios. ¿Puede hablar de propagación de la civilización un país que por aquellas fechas practicaba la quema de brujas en su territorio?
España no existía en los tiempos de la conquista de Indias. Luego no tiene que pedir perdón
El argumento va contra las reglas de la lógica elemental. En efecto, España no existía como tal, con esa denominación, pero la España actual contiene en su territorio el reino que emprendió y desarrolló la conquista de las Indias, Castilla. ¿O acaso no forman parte de España dos Comunidades Autónomas, Castilla y León y Castilla-La Mancha? El argumento, además de capcioso, es ilógico.
Las leyes de la Corona española humanizadoras del trato dispensado a los nativos
Se pone como ejemplo las leyes de Burgos de 1542. Nada que objetar al carácter pionero de la legislación indiana, antecedente de los que después se llamaría el derecho internacional humanitario, pero eran leyes ineficaces, que según la fórmula jurídica de los virreinatos de Indias "se acataban, pero no se cumplían", porque el rey desconocía las circunstancias por las que atravesaban sus nuevos reinos. Las encomiendas de indios y la explotación de sus recursos siguieron tan vivas como antes, por mucho que el católico emperador español llamara a Juntas a sus teólogos para dilucidar cómo había que emprender una conquista cristiana.
Felipe VI es un rey que reina pero no gobierna. El presidente de México se equivocó dirigiendo a él su carta.
El rey no debe expresar su opinión ni intervenir en un asunto de política internacional, pero sí estaba obligado a responder al mandatario de México con una misiva en la que acusara el recibo de la carta y comunicara que la trasladaba al Gobierno. Esto es lo que debió hacer el rey y no consta que lo hiciera.
Por otra parte, es lógico que el presidente mexicano dirija al rey de España su carta, porque su principal función es la de representar al Estado español (art. 56.1 CE). Y por ello el rey ha asistido a casi todas las tomas de posesión de los presidentes/as latinoamericanos en representación de España. ¿A quién, si no, iba a dirigir su carta el presidente mexicano?
La pretensión del presidente mexicano es desmedida y anacrónica. Desmedida porque exige a Felipe VI que pida perdón por hechos reprobables que no le incumben. Anacrónica, porque se refiere a una época lejana, que atenúa la responsabilidad exigida.
La carta del presidente mexicano contiene una exigencia razonable ante el hecho tan grave como el genocidio de la Corona española perpetrado no en un reino sino en todos los reinos de las Indias. No pide compensación económica o de otro tipo, no exige que se abran tribunales de justicia. Simplemente el reconocimiento público del daño producido. Un reconocimiento que ya han prestado casi todas las potencias imperiales de Europa - Francia, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Portugal, etc.- y que hasta el papa Francisco ha asumido, pidiendo perdón por la conducta censurable de los católicos en México. Y el mismo presidente mexicano, López Obrador, ha dado ejemplo pidiendo él mismo perdón por las tropelías cometidas por los Gobiernos mexicanos contra las comunidades indígenas de México.
¿Qué es lo que hace distinta a España? ¿Qué justificación da el Gobierno? ¿No advierten que su actitud se ve como un ejemplo de altanería en el ámbito de la política y de falta de empatía con nuestros hermanos latinoamericanos en el campo de la ética? ¿Es propia de un Estado que se ufana de poseer una democracia plena?
Epílogo
Ni Felipe VI ni el Gobierno español están exonerados de culpa. Felipe VI porque respondió a la carta del presidente mexicano con un absoluto silencio. En el ordenamiento jurídico de las democracias las autoridades y las instituciones públicas están obligadas a responder a las peticiones de la ciudadanía; con frecuencia las leyes exigen una respuesta motivada. Con mayor razón es inexplicable que no exista una respuesta en la correspondencia entre macro-instituciones de sociedades democráticas, como son los Estados de España y de México.
Tampoco el Gobierno español está exento de culpa. El Gobierno, al que se supone que el rey trasladaría la misiva y encargo del presidente mexicano, responde por el rey que goza en nuestro Derecho de las prerrogativas de inviolabilidad absoluta (jurisprudencia dixit, no la Constitución) e irresponsabilidad. El rey es irresponsable, pero según los casos la presidencia del Gobierno, la presidencia del Congreso de los Diputados o los ministros/as responden por las actuaciones y omisiones del rey. Por ello en las resoluciones del rey nunca falta la firma de una de las autoridades citadas. Existe en nuestra Constitución la anacrónica institución del refrendo. Siempre alguien tiene que refrendar al rey y asumir la responsabilidad, porque el rey es irresponsable. Una diferencia entre una monarquía y una república. En la república el presidente responde por sus propios actos. En la monarquía otros responden por él.
Por otro lado, el rey reina pero no gobierna. No debe emitir opiniones políticas ni intervenir políticamente.
Por ello el Gobierno debió de responder al presidente mexicano, López Obrador, en lugar del rey, porque en el rey confluyen dos circunstancias: es irresponsable y no puede intervenir políticamente.
Comentarios
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