Es evidente que las cineastas están discriminadas. Su presencia en el cine es minoritaria. No son una excepción, la mayoría de las mujeres lo están en todos los órdenes de la vida. Mientras los hombres repartan el poder, siempre habrá pocas científicas, ajedrecistas, jugadoras de póquer, escritoras o directoras de orquesta. No hablemos ya de los ejemplos de manifiesta ilegalidad, como el que cuenta Álex de la Iglesia de su amiga Irene Blecua, la montadora despedida de su trabajo por estar embarazada. Otro escándalo monumental es que el salario de las mujeres españolas sea entre un 20 y un 30% menor que el de los hombres.

El caso que nos ocupa, al ser tan específico, es imposible meterlo en el saco de las discriminaciones generalizadas. Si no he entendido mal, el anuncio de Ignasi Guardans, director general de Cine, trata de favorecer las películas dirigidas por mujeres. Falta mucho por concretar, pero dice que afectará únicamente al 50% de los proyectos que se presenten para obtener ayuda económica del Gobierno. No entiendo que esta minucia haya provocado tanto escándalo. Ni siquiera todas las mujeres cineastas tienen claro que esta insignificante discriminación positiva les favorezca. No quiero liar más el asunto, pero lo mejor sería, para garantizar la imparcialidad del jurado, que los proyectos se presentaran sin firma. Y debería aplicarse a las oposiciones a cátedra y a los concursos literarios.

El anonimato sería un método implacable para impedir la discriminación sexual, los privilegios a determinados clanes y, en general, el enchufismo. En algunos países lo han intentado, aunque desconozco sus logros.