Por Llum Quiñonero Hernández, periodista

La muerte de Miquel Grau no fue un hecho aislado, ni accidental, ni un asunto entre jóvenes que acabó en tragedia. Su asesino, Panadero Sandoval, la noche del 6 de octubre de 1977, vio a un grupo que pegaba carteles en la fachada junto al portal de su casa; convocaban a la primera manifestación del 9 de octubre, el Día Nacional del País Valencià, cuatro barras rojas sobre un fondo amarillo. Un crimen político en el marco de una violencia creciente contra quienes se atrevían a aceptar las propuestas de un cambio que nacía sin marcha atrás.

El joven Panadero Sandoval, ligado a Fuerza Nueva, quiso ser parte del aliento que las bandas de extrema derecha recibían. Subió al séptimo piso de la finca número 11 de la plaza de Los Luceros y comenzó a lanzar piedras contra aquella gente, sin lograr acertar ni que abandonaran la tarea. Decidió entonces probar con un ladrillo de mayor tamaño que arrancó de la terraza sobre su piso y volvió al balcón del salón desde el que tenía más visibilidad. Y no falló. Miquel cayó envuelto en sangre, desmadejado, el cráneo partido.
Ninguno de los ataques con víctimas mortales o heridos de gravedad llevados a cabo tras la muerte de Franco contra activistas, manifestantes, sindicalistas, gentes de izquierda, fueron hechos aislados. Acrecentaron el terror heredado de la dictadura. Avisaron, mes por mes, de los límites del cambio pilotado desde la estructura del propio Estado por aquellos que no lo deseaban desde la estructura del propio Estado.
No fue un hecho aislado la muerte por tiros de la policía del joven trabajador Teófilo del Valle en febrero de 1976, en Elda, Alicante. El policía fue absuelto por un tribunal militar, tras su juicio en tribunal militar. No fueron un hecho aislado las muertes de Vitoria, en marzo del mismo año, por disparos de la policía, estando al mando del ministerio de Relaciones Sindicales, Martín Villa. No fue un hecho aislado el asesinato de María Norma Menchacala, el 9 de julio de 1976, en Santurtzi (Vizcaya) cuando miembros de los guerrilleros de Cristo Rey dispararon contra la gente que participaba en una concentración. Su hijo identificó al asesino pero no hubo investigación ni detenciones.
No fue un hecho aislado que en mayo de 1976, dos militantes carlistas de izquierda fueran abatidos en Montejurra. Los detenidos fueron amnistiados sin haber sido juzgados.
No fue un hecho aislado la matanza de los abogados de Atocha, ni el secuestro y asesinato de Yolanda González en Madrid. Ni del joven Arturo Ruiz por disparos todos ellos de terroristas de extrema derecha. Estudiantes, abogados, manifestantes fueron cayendo mes tras mes, hasta sumar varios cientos de muertos y miles de heridos que salpicaban de terror toda la geografía española, de Canarias a Vitoria, de Madrid a Almería, pasando por Valencia, por Barcelona, por Pamplona, etc.
No fueron hechos aislados. Generalmente, las víctimas, como en el caso de Miquel Grau, eran gente anónima que se sumaba al ejercicio de las libertades prometidas. Pero también hubo ataques como el caso del dirigente independentista canario, Antonio Cubillo, en Argel, que sufrió un atentado del que salvó la vida pero quedó con graves lesiones. Uno de los detenidos, José Antonio Espinosa implicó a los responsables de Interior de la época: "Que no diga Martín Villa que no sabe nada, porque todo se planeó en un despacho de la DGS [Dirección General de Seguridad] con el nombre de Operación Mallorca" (El País, 7 de agosto de 1990). Martín Villa se querelló por calumnias y perdió. Disparos al aire, amenazas a personas, a librerías, bombas en periódicos y revistas, ataques a discotecas. Envalentonados, con el apoyo del aparato del Estado franquista, el terrorismo de extrema derecha, la derecha franquista, lucía sus emblemas, reivindicaba la dictadura, la unidad de España a golpes, la fuerza y la violencia para imponerse. La democracia nacía con el control del Estado en manos de los mismos que habían sustentado la dictadura y en la calle, con jóvenes armados bajo siglas muy diversas: desde Guerrilleros de Cristo Rey, a la Triple A (Alianza Española Anticomunista), Fuerza Nueva, Batallón Vasco Español. Y en el País Valencià, se sumaba la violencia de la extrema derecha "anticatalanista", así se denominan aún, que convirtió en un infierno cada una de las luchas en defensa de la lengua, del Estatut d’Autonomía, de las señas de identidad valencianas.
No fue un hecho aislado el atentado contra el poeta y lingüista Sanchis Guarner, en diciembre de 1978, en Valencia. Ni el primer atentado contra Joan Fuster, autor de ‘Nosaltres el valencians’, en octubre de 1977. Ni el segundo, cuando hicieron volar parte de su casa, su biblioteca, varios vehículos que estaban en la puerta, en 1981. No hubo investigación ni sospechosos. Pero detrás, se apuntaba la acción de personas vinculadas a Fuerza Nueva y a los nazis de CEDADE. Amenazas constantes, pintadas en bares, librerías, en cines, en sedes de partidos y revistas. Contra periodistas, artistas, abogados... en un goteo constante, impune, incluida quema de libros y ataques a los domicilios de dirigentes políticos como al primer alcalde de Valencia o al propio President del gobierno autonómico.
No fue un hecho aislado el asesinato de Miquel Grau en Alicante, el 6 de octubre de 1977.
Miquel, de 22 años, cayó al suelo, sin sentido, roto. Yo estaba a su lado, sujetando el mismo cartel, como responsable de aquel grupo de cuatro activistas vinculados al Movimiento Comunista del País Valencià.
Esa noche cientos de personas por todo el País Valencià pegaban los mismos pasquines que llamaban a la celebración del 9 de Octubre, la primera Diada del País Valencià, en València. Era la primera movilización legal convocada por todas las fuerzas políticas, incluidas todas las fuerzas parlamentarias valencianas que acababan de estrenar escaño en el Parlamento español, también Alianza Popular. ¡Libertad, amnistía, Estatut de Autonomía! La extrema derecha valenciana salía a la calle violenta, dirigida y tolerada frente al potente renacimiento autonomista y de izquierdas. Generaban terror cotidiano, frente a los avances de una izquierda mayoritaria en todo el País Valencià en las primeras elecciones, tras la muerte de Franco. Aquellas cuatro barras que lucían en el cartel causaban –y aún causan– una profunda ira entre quienes no estaban dispuestos a aceptar el cambio.
Miquel Grau no pudo superar aquel golpe mortal; 10 días después, tras permanecer en coma profundo, su cadáver era acompañado por una multitud silenciosa, más de 18.000 personas dijo la prensa, para mostrar su duelo a la familia y rendirle homenaje en el mismo lugar en el que fuera abatido. No fue posible. No fue bastante arrebatarle la vida. Los grises, armados de porras y material antidisturbios arrebataron el ataúd en plena calle a la familia y amigos que lo llevaban en hombros; a la fuerza, lo introdujeron en un coche fúnebre que arrancó a toda velocidad, dejando a miles de personas entre el dolor, el miedo y la incredulidad. Al Tall, un grupo musical emblemático de la cultura valenciana, le compuso una canción y narraba los hechos: "Per cridar vull l'Estatut, a Miquel assassinaren». ["Por gritar quiero el Estatut, a Miquel asesinaron"].
Durante horas, esa misma policía persiguió por la ciudad a cientos de jóvenes que exigían la dimisión del gobernador, José Duato, miembro de UCD, y del ministro de la Gobernación (del Interior) Rodolfo Martín Villa, responsables de las fuerzas represivas.
Miguel Ángel Panadero Sandoval, de 19 años, vinculado a Fuerza Nueva, había sido el autor material de aquel crimen. Miembro de una familia franquista, propietaria de varias gasolineras en la ciudad fue detenido el día 10 de octubre, cuatro días después de los hechos. Dijo presentarse voluntariamente. Pasó directamente a la cárcel de Alicante y allí esperó hasta el juicio en junio del siguiente año.
Contra Panadero Sandoval actuó la acusación pública, la privada, que representaba a la familia y también la primera acción popular de la democracia, que yo misma encabecé, en la que actuaron como abogados, entre otros, Cipriano Ciscar, por el PSPV, y Juan María Bandrés, miembro fundador de Euskadiko Ezkerra.
En la dirección de la fiscalía, un franquista de primera hora. El fiscal jefe de la audiencia provincial era Francisco García Romeu, que además de alcalde, había sido también procurador en las Cortes franquistas, miembro del Consejo provincial del Movimiento y, acabada la guerra, parte de los tribunales que juzgaron, condenaron y mandaron al paredón a cientos de personas en la ciudad. El jefe de la fiscalía, en la médula del franquismo.
Las semanas previas al juicio se sentía la tensión política frente a un crimen que los medios y las fuerzas del orden consideraban despolitizado. Acusaban a los partidos de la izquierda de generar enfrentamiento y politizar una desgraciada riña entre jóvenes.
El juicio tuvo lugar el 2 de junio de 1977. Los grupos de extrema derecha llenaron la ciudad de pintadas en defensa de Panadero Sandoval. La plaza ante la Audiencia estaba a rebosar de militantes armados con simbología nazi y fascista; mientras, desde la fiscalía, la defensa de Panadero Sandoval y los medios de comunicación se insistía que se trataba de un homicidio accidental, una imprudencia, sin motivaciones políticas.
Cuatro días después, se hizo pública la sentencia que condenaba a Panadero Sandoval a 12 años y un día de reclusión menor por un delito consumado de homicidio sin agravantes. Ninguna referencia política.
Con la sentencia volvió el silencio sobre el caso.El juicio a Panadero Sandoval se convertiría en el paradigma del cambio al que asistíamos. El reo estaba encarcelado, pero para buena parte de la opinión publicada los culpables éramos quienes le habíamos llevado ante los Tribunales. Así se ninguneó a la familia de Miquel, a sus padres, a sus hermanos, que tuvieron que defenderse en muchas ocasiones del vacío y condena que padecieron. Los medios seguían señalando a las víctimas como culpables. Vivíamos en un extraño equilibrio entre la democracia que asomaba y las instituciones de la dictadura al timón del cambio, que salían al paso con todos sus recursos y nos dejaban sin aliento.

Panadero Sandoval era para el poder de la dictadura un héroe encarcelado. Injustamente condenado. Tanto es así, que tras el recurso de casación, el Tribunal Supremo, el 26 de diciembre de 1978, falló que no ha lugar a tal recurso y recomendó un indulto parcial. Indulto que el gobierno del UCD le concedió en el Consejo de Ministros de 18 de mayo de 1979.
Ni la familia de Miquel Grau, ni los miembros de la Acusación Popular fuimos informados, ni los medios de comunicación dieron información alguna de la noticia. Silencio en tiempos en los que la amenaza de golpe militar era la noticia cotidiana. Y los ataques contra librerías, periódicos o contra activistas en manifestaciones salpicaban las páginas de los diarios.
Panadero Sandoval fue puesto en libertad 20 días después de que los tanques se pasearan por las calles de Valencia el 23F de 1981. Sus vínculos con la extrema derecha se mantuvieron en el tiempo, también durante su encarcelamiento. Una de sus primas, de visita en la cárcel de Ciudad Real, se casó con José Fernández Cerrá, uno de los tres asesinos de Atocha, que sí cumplió condena.
Hoy Miguel Ángel Panadero Sandoval actúa como procurador de los tribunales en Valencia. Sigue siendo propietario de varias empresas, incluidas las gasolineras. La casa desde la que mató a Miquel Grau, sigue en venta. Y él se ha cambiado los apellidos por Díaz-Panadero. La Justicia de la Transición, que no la transicional, veló por su cuidado. Como veló por varios cientos más de responsables de asesinatos y atentados que quedaron impunes, sin investigar, amnistiados, indultados, incluso.
No, no fueron actos aislados. Las víctimas siguen esperando Justicia.

Llum Quiñonero. Miquel Grau 53/1977. Pruna Llibres, València, 2019

Imagen 1: Miquel Grau. Imagen 2. Cartel unitario para el 9 de octubre de 1977. Pegando estos carteles fue asesinado Miquel Grau por un ultraderechista de Fuerza Nueva. Imagen 3: Multitudinario entierro de Miquel Grau en Alicante, Octubre de 1977.