Por Rosa García, activista de La Comuna

Calificar de esperpénticas las últimas declaraciones de gran parte de los diputados realizadas en el Congreso de Diputados, a raíz de la intervención de Zelensky, el presidente ucraniano, sería quedarse cortos. Pero hay una que sobresale sobre el resto por su lacerante hipocresía y su falta de pudor: "Nunca pensamos que volveríamos a ver en suelo europeo espeluznantes imágenes de bombardeos y matanzas contra población civil inocente. Son crímenes de guerra que no podemos consentir que queden impunes", Sánchez dixit. Permítame que le recuerde, señor Presidente, que los crímenes de guerra, de genocidio y lesa humanidad perpetrados por el franquismo en España, siguen IMPUNES. Y usted tiene bastante que ver en ello.

Precisamente, una de las consignas más repetidas por las organizaciones memorialistas y de víctimas del franquismo –como es La Comuna, asociación de presos y represaliados por la dictadura franquista–, es  que los crímenes del franquismo no prescriben, motivación que ha justificado las querellas presentadas por compañeras y compañeros, en Argentina y en España, por las torturas sufridas a manos de los sicarios policiales franquistas, por los asesinatos de familiares y otros delitos de la misma índole: o sea, delitos de lesa humanidad. Ninguna de ellas ha sido admitida por la judicatura española y han tenido que ser remitidas a organismos internacionales de derechos humanos.

Dijo el presidente ucraniano que "Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937, cuando el mundo se enteró del ataque a vuestra ciudad [Guernica]" y a sus señorías no se les movió ni un pelo. Quizás los asesores del presidente ucraniano que le escribieron el discurso no sabían que el Parlamento de España NUNCA JAMÁS ha condenado ese vil ataque de la Legión Cóndor contra población civil, ocurrido en abril de 1937, como tampoco lo ha hecho con el resto de crímenes de guerra del ejército franquista, ni los de genocidio y lesa humanidad cometidos durante toda la dictadura y la transición. Ni siquiera ha condenado al ilegal régimen que los perpetró. Los asesores de Zelenski no podían imaginar que se encontraban ante un Parlamento que ha ignorado y sigue ignorando a las víctimas de estos execrables crímenes incluso en fechas tan recientes como el pasado 15 de marzo.

Porque, justo unas pocas semanas antes, el 15 de marzo, el Pleno del Congreso rechazó la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), que fue presentada por la CUP y contó con el apoyo de los grupos parlamentarios de BNG, Compromís, ERC, EH Bildu, Junts, Más País, PNV y Unidas Podemos, para reformar el Código Penal introduciendo el principio de legalidad internacional, un paso importante para poder juzgar los crímenes del franquismo que hasta el momento actual: más de 85 años desde el golpe de estado cívico-militar que derivó en guerra y dictadura y más de 46 años de la muerte del dictador, siguen impunes. Repetimos.

El texto de la proposición de modificación pedía "reforzar jurídicamente el principio de legalidad desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos". Es decir, lo que importantes organismos internacionales de Derechos Humanos vienen exigiendo al Estado español desde hace más de cuarenta años y lo que lleva exigiendo desde hace décadas el movimiento memorialista y cualquier demócrata de este país. Pues bien, el PSOE votó en contra. Delante de nuestras narices. Negándonos de nuevo un derecho que ahora reclama para otras víctimas (que sin duda lo merecen, no es esa la cuestión).

Resulta que en España los delitos que afectan a las numerosísimas víctimas de una dictadura brutal y sanguinaria, sí prescriben. Así lo certificó el Tribunal Supremo en su sentencia de 2016 por la que absolvía al exjuez Garzón y que volvió a repetir en 2021 en su auto sobre el asesinato de los maestros de Soria. Y lo ha confirmado el Tribunal Constitucional al no aceptar los recursos presentados por los querellantes contra delitos como torturas y desapariciones forzadas, que solicitaban que se hiciera efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva, esa a la que según la Constitución "todos los españoles" tienen derecho. ¿Todos? No: Las víctimas de la dictadura franquista no lo tienen. Tampoco tienen reconocimiento judicial, por supuesto, porque nunca es tiempo de hacer efectivos sus derechos: primero la transición y los ruidos de sables; después el silencio y olvido impuesto por los pactos entre quienes habían sostenido la dictadura y quienes aceptaron heredarla en forma de monarquía, con el broche de la Ley de Amnistía de 1977, punto final impuesto con la represión continuada y el gatopardismo más burdo.

¿Y ahora? Nos encontramos con la paralización en el Congreso de los Diputados de leyes necesarias para acabar con esta anomalía democrática, tales como la Ley de Secretos Oficiales (aún está vigente la aprobada por Franco, en 1968), la Ley de Bebés Robados y el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, que constituye un avance sobre la ley vigente de 2007 pero que no recoge de forma clara las reclamaciones de las asociaciones de víctimas del franquismo sobre los derechos de verdad, justicia y reparación. Un Proyecto de Ley con cientos de enmiendas de los grupos nacionalistas, independentistas y de izquierdas que quieren avanzar en esta larga lucha para que el Estado se haga cargo de ella y deje de aplazarla sine die.

Ahora tampoco es el momento, nos vuelven a decir, con lo que está pasando, con la ultraderecha en las instituciones (¿acaso se habían ido?). "No saben ustedes lo que tenemos que aguantar", hemos tenido que escuchar a algún diputado dirigiéndose a nosotras, víctimas del franquismo. Tiene usted razón, señor diputado, no sabemos lo que tienen ustedes que aguantar, pero sabemos lo que llevamos aguantando y ya es el tiempo de decir ¡basta!

No hay que ser muy listo para concluir que de aquellos barros, estos lodos. De aquella traición a la memoria de quienes lucharon con todas sus fuerzas contra el fascismo y continuaron haciéndolo contra una larga dictadura y su continuación monárquica, tenemos un país desmemoriado, una juventud que no conoce su historia, a quienes se les ha arrebatado; una población acostumbrada a la corrupción y el clientelismo, al sálvese quien pueda, hipersensible al miedo, paralizada y paralizante. Y unos territorios que no se reconocen en este barrizal de hipocresía, exabruptos y bravuconerías... en que han convertido lo que llaman España.

Y tenemos en el gobierno un partido que tiene miedo a la verdad, que tiene miedo a la justicia, que tiene miedo a avanzar con paso firme hacia una democracia sólida.

No solo nos asiste el derecho internacional y la razón, también la fuerza de quienes nos precedieron y de quienes, estamos convencidas, nos seguirán. No cedieron, no cederemos, no cederán. ¡Por la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas del franquismo! ¡Es ahora!

Imagen 1: Concentración ante el Tribunal Constitucional, celebrada el pasado 25 de marzo en Madrid, para denunciar la inadmisión sistemática de las querellas contra el franquismo presentadas ante la judicatura española.

Imagen 2: Concentración en la Plaza de las Cortes de Madrid, el día 29 de marzo, para exigir el fin de la paralización de las leyes de memoria: Ley de Secretos Oficiales, Ley de Bebés Robados y Proyecto de Ley de Memoria Democrática, así como la negativa a tramitar la modificación del Código Penal para introducir el principio de legalidad internacional.