Siempre he sostenido mi asombro ante las enormes coincidencias entre la trama de El Ala Oeste de la Casa Blanca y el fenómeno Obama. Como uno cree cada vez menos en la casualidad, sospecho desde hace tiempo que fueron los inteligentísimos asesores de Barack Obama quienes copiaron a los inteligentísimos guionistas de la mejor serie política de la historia de la televisión. Lo contrario no pudo ser, porque los episodios en los que el fabuloso presidente Bartlet daba paso al primer presidente hispano (en lugar de negro) de Estados Unidos se rodaron antes de que Obama iniciara su carrera por la presidencia.
Se diría que la Fundación Nobel ha querido completar la conexión entre la presunta “revolución Obama” y El Ala Oeste. Lo único que le faltaba a Obama era tener un Premio Nobel. Bartlet, el de la ficción, era ya Nobel de Economía antes de ocupar la Casa Blanca. Obama ya tiene el de la Paz, cuando ni siquiera ha cumplido un año de presidencia.
Decisión disparatada
Más allá de las casualidades y el marketing televisivo e internauta, la concesión de este premio a Obama es disparatada. Uno admira a este individuo, capaz de emocionar e ilusionar a un pueblo en los momentos más graves desde la Segunda Guerra Mundial. Uno admira a Obama aunque sólo fuera por ser capaz de escribir “Los sueños de mi padre” y “La audacia de la esperanza” (siempre confiando, claro, en que no tenga un ‘negro’ que los escriba). Uno admira a Obama por sus discursos, siendo consciente de que el mayor mérito es de su equipo de redacción de discursos (como le ocurre a Bartlet en El Ala Oeste).
Ahora bien, no hay precedente de un Nobel de la Paz adjudicado a nadie por sus discursos. Como mucho, se ha concedido algún Nobel de la Paz por ciertos gestos, a veces dignos de mejor causa (lo recibió Kissinger, uno de los individuos que más golpes de Estado ha sugerido en el mundo). Hasta el momento Obama ha anunciado intenciones que para cualquier progresista resultan fantásticas: desde el desarme nuclear a la salida de Irak, el fomento del multilateralismo, la defensa de los derechos humanos, etc. Pero son anuncios. De hecho, el prometido cierre de la cárcel de Guantánamo aún no se ha producido. Y la instalación de bases militares en Colombia no casa muy bien con los merecimientos de un Nobel de la Paz.
En resumen. Si los Nobel premiaran una labor ejecutada y probada, hay bastantes nombres que merecen el de la Paz muy por delante de Obama. De modo que el único deseo que ahora podemos tener es que Obama, algún día, merezca de verdad el premio que hoy le ha regalado sin mayor fundamento el Comité Nobel noruego.
Una de las primeras órdenes dictadas por los hermanos Kennedy en 1961, recién llegados a la Casa Blanca, fue la de asesinar a Fidel Castro. Con un rifle de mira telescópica, por envenenamiento en el desayuno o apuñalado. Los planes aparecen detallados en documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) desclasificados entre 2003 y 2005. Eisenhower había autorizado 170 grandes operaciones encubiertas en ocho años de mandato; los Kennedy pusieron en marcha 163 en dos años y medio. “Operación encubierta” quería decir entonces y ahora “operación ilegal”, ya consistiera en matar a un político, sobornar a otro o derribar un régimen. Punto y aparte. La primera reunión oficial mantenida por Barack Obama el pasado 5 de noviembre, a las pocas horas de ser elegido presidente de Estados Unidos, fue con los responsables de la Seguridad Nacional. Pasarán probablemente 50 años hasta que se desclasifique el acta o la grabación de esa cita en Chicago, donde quizás Obama fuera informado en detalle sobre las operaciones encubiertas ordenadas por George W. Bush.
Lo cierto es que los inquilinos de la Casa Blanca, ya fueran demócratas o republicanos, han mantenido desde finales de los años cuarenta la peligrosa costumbre de utilizar la CIA para controlar palacios y alcantarillas en medio mundo. El respeto a los derechos humanos es algo que no encaja en la filosofía fundacional de la CIA. Por eso tiene prohibido actuar dentro de las fronteras norteamericanas, al menos oficialmente.
A partir del 11 de septiembre de 2001, el enemigo a batir ya no era un barbudo comunista ni un dictadorzuelo latino poco fiable, sino el terrorismo islamista y todo humano viviente mínimamente sospechoso de un parentesco lejano con los talibanes o con Al Qaeda. La Guerra contra el Terror declarada unilateralmente por Bush a raíz del 11-S consistía, entre otras muchas cosas, en aplicar el modelo de las operaciones encubiertas de la CIA al nuevo enemigo y a destajo. Disparar antes de preguntar. Detener primero y torturar hasta arrancar una confesión. Vuelos secretos. Guantánamo.
¡Señor, sí, señor!
El documento desvelado el pasado miércoles en el Congreso por el ministro Moratinos confirma el contenido de los papeles publicados por El País y demuestra lo que todo el mundo sabía: Aznar dio luz verde en enero de 2002 al aterrizaje en España de aviones norteamericanos que podían transportar a prisioneros detenidos ilegalmente en cualquier otro país. Añadió Moratinos que, a día de hoy, no hay pruebas de que las aeronaves del Pentágono o de la CIA que efectuaron escalas en aeropuertos españoles entre 2002 y 2006 llevaran dentro a secuestrados camino de Guantánamo. El ministro incluso justificó la autorización otorgada por Aznar bajo el paraguas de la OTAN y la ONU con motivo de la Operación Libertad Duradera contra los talibanes de Afganistán.
Ese último punto de la intervención de Moratinos dejó en el Congreso un aroma a pasteleo difícilmente justificable. A quien realmente perjudica el escándalo de los vuelos secretos es al Gobierno de Zapatero, que nunca autorizó las ilegalidades de Bush, pero que aparenta haber hecho la vista gorda a las escalas efectuadas durante su mandato. Por mucho que insista Moratinos, quizás con el objetivo único de no envenenar la relación con la Administración de Barack Obama, ni la ONU ni la OTAN arroparon nunca actuaciones contrarias al derecho internacional. Los documentos desaparecidos en Exteriores y hallados en el archivo del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, ubicado en el Ministerio de Defensa, constatan los cabezazos de Aznar y de su ministro Piqué ante la petición concreta de Estados Unidos para que España colaborase en el objetivo ilegal de Guantánamo, cárcel repleta de individuos encerrados sin pruebas, sin asistencia legal, sin juicio previo y sometidos a torturas.
Aznar ya fue juzgado políticamente con la derrota electoral del PP y su apellido aparecerá en la ilustre compañía de Bush, Rumsfeld o Cheney cuando se desclasifiquen los documentos de la guerra sucia contra el terrorismo islamista. Si hubo o no responsabilidades penales lo decidirá la Audiencia Nacional. Entre tanto, los deseos de una gran amistad con Obama no deberían impedir que el Gobierno revise el Tratado Hispano-Norteamericano. Hoy no hay forma de controlar lo que la CIA transporta en sus aviones.
Se avecinan grandes fastos con motivo del treinta aniversario de la inmaculada Constitución de 1978 y de la santa Transición de la dictadura a la democracia. Cuerpo a tierra. El despliegue ceremonial, literario, audiovisual, documental y memorialístico se ha puesto en marcha y será imposible hacerse el sueco. Más allá del estribillo de grandes virtudes que convierten aquella etapa en un ejemplo de sentido común colectivo para la civilización occidental, quizás quepa lanzar al aire alguna pregunta sin ningún afán de molestar: ¿Treinta años no es plazo suficiente para realizar una autocrítica y asumir las lagunas, agujeros, hipocresías, improvisaciones y defectos de ese periodo político? ¿Cuántas décadas de ejercicio democrático son necesarias para abrir un debate reposado y argumentativo sobre la calidad de esta democracia y la posibilidad de mejorar y modernizar el edificio construido?
Algunos de los protagonistas de la voladura controlada de la dictadura heredada de Franco (la mayoría, jubilados ya de la política) reconocen sin mayores circunloquios que el miedo condicionó las principales bases que facilitaron el camino a la democracia. Dirigentes de la izquierda, nacionalistas, sindicalistas y víctimas directas del fascismo dejaron aparcadas reivindicaciones fundamentales por el temor a la reacción militar y de los grupos ultraderechistas. Ese pacto de silencio y olvido facilitó un acuerdo constitucional mayoritario cuya utilidad nadie puede negar. ¿Significa eso que la mejor Constitución posible en un momento dado deba convertirse en la Constitución intocable? ¿La interpretación de la letra constitucional debe ser la misma en pleno siglo XXI que la que en 1978 temblaba ante las amenazas de quienes llevaban cuarenta años disfrutando su victoria?
Ronald Dworkin, filósofo político liberal y profesor de Derecho en universidades de Nueva York y Londres, plantea en su último ensayo traducido (La democracia posible) algunas reflexiones sobre el estado de salud de la democracia en Estados Unidos que sorprenden –se compartan o no– por su pertinencia para discutir respecto a nuestro propio entorno. Dworkin parte de una descripción que nos resulta familiar: “Las elecciones de 2004 (en EEUU) provocaron una traumática división. Los republicanos afirmaron que la victoria del candidato demócrata amenazaría la supervivencia, incluso la salvación, de la nación [...]. Constituiría un triunfo para Osama bin Laden y el resto de los enemigos mortales de Estados Unidos. Algunos obispos de la Iglesia católica declararon que votar (a los demócratas) sería un pecado que todo católico debería confesar el día después”. ¿Les suena esto? Por su parte, “los liberales se declararon defraudados, incluso asqueados, por los resultados de las elecciones”, después de haber descrito la presidencia de Bush como “la peor y más incompetente de nuestra historia”. El resultado de ese clima, para Dworkin, es que “la política, en Estados Unidos y en el mundo, se ha polarizado y trivializado más que nunca”.
Un auténtico debate
El filósofo propone la búsqueda de algunos “principios básicos de la dignidad humana” que puedan compartir republicanos y demócratas, rojos y azules, izquierda y derecha, como base para construir “un auténtico debate político” en el que no sólo no descarta sino que sugiere la necesidad de revisar la letra y la interpretación de la sacrosanta Constitución de los Estados Unidos, cuyos ciudadanos y políticos se sienten, por cierto, tan orgullosos o más de sus 27 enmiendas como del texto original que tanto ha inspirado a las democracias.
Dworkin va más allá de la filosofía y entra en ejemplos concretos en los que una democracia debe demostrar su respeto a la igualdad intrínseca a toda vida humana y a la responsabilidad personal de cada individuo sobre su propia vida. Ese respeto sólo es posible, desde su punto de vista, en un Estado laico tolerante en el que la religión (cualquier religión) no mantiene privilegios ni interfiere en decisiones políticas o educativas; en una nación que trate exactamente igual a todos los ciudadanos a los que se extiende su soberanía, sean inmigrantes o nacidos dentro de sus fronteras; en un Estado cuyo sistema impositivo persiga una justa distribución de la riqueza más allá del éxito personal al que cualquiera tiene derecho; en una democracia que respete y atienda las reivindicaciones de las minorías y no se someta exclusivamente a la desnuda regla matemática de la mayoría.
Con todas las distancias entre Estados Unidos y España, la aplicación del provocador planteamiento de Dworkin al asunto que aquí interesa nos ofrece dos opciones: podemos seguir ensimismados contemplando y celebrando las enormes virtudes de nuestra Constitución o podemos utilizar ese reglamento de la convivencia como una herramienta viva que debe contribuir a la corrección de las numerosas carencias democráticas a las que asistimos. Si admitimos algunos principios básicos a compartir desde cualquier signo ideológico, un debate político auténtico debe plantear respuestas a muchas preguntas que en 1978 no se atendieron, o al menos no quedaron cerradas y selladas para la eternidad. ¿Cómo aplicar el verdadero respeto a las minorías a las reivindicaciones nacionalistas? ¿Es compatible la actual relación Iglesia-Estado con una democracia moderna? ¿Es un obstáculo para el ejercicio democrático el sistema electoral de listas cerradas? ¿Es una obligación democrática y no sólo moral la atención a las necesidades de los más pobres? ¿O la recuperación de la memoria histórica? ¿Es el Estado autonómico el modelo idóneo y más eficaz para desarrollar las aspiraciones de varios millones de ciudadanos?
Como apunta Dworkin, para abordar un debate político que trascienda la escaramuza, hacen falta algunos principios comunes a rojos y azules. Podríamos empezar por dejar de mirarnos tanto el intocable ombligo constitucional.
