España es un país de paradojas interesadas. Siempre lo ha sido pero, con el agravamiento de la crisis, las contradicciones dirigidas adquieren cotas inimaginables. La Constitución, ese texto sagrado al que nuestros políticos no se atreven a meterle mano -salvo para colar sin consultar al pueblo un techo de déficit y abrir la puerta a los recortes sociales (con denominación de origen PSOE)-, es la máxima expresión de estas paradojas. Se trata de un texto, de la "ley de leyes" como se decía cuando yo iba a la escuela, que no sólo se incumple sistemáticamente sino que, cuando alguien quiere hacerla cumplir, se arma el revuelo padre.

Miremos a Andalucía y la polémica medida de expropiar temporalmente viviendas vacías a los bancos que no les den uso. Dicho de otro modo, miremos a la Comunidad en la que se han atrevido a legislar a favor del derecho constitucional por una vivienda digna. Ya hay quien tacha la medida de "expropiación chavista", como si eso fuera un agravio, por cierto... ¿Qué hay de malo en ello? En esencia, se trata de expropiar al expropiador que, además, es un moroso de tomo y lomo.

El Gobierno e Rajoy, más allá de sus chapuzas en material de legislación hipotecaria, está permitiendo que los bancos se muevan en la ilegalidad más absoluta. ¿Por qué? Para empezar, porque deben a las Comunidades de Propietarios más de 250 millones de euros en concepto de cuotas de la Comunidad por los pisos que han expropiado al ejecutar desahucios. A ello se suma, además, el impago del IBI a los ayuntamientos, lo que supone otros tantos millones de euros.

Ante este panorama, el Gobierno mira para otro lado, cayendo en un penoso agravio comparativo, puesto que existe una larga lista de desahucios en España sólo por no pagar el IBI (ese que tampoco paga la Iglesia rica de los pobres del Papa Francisco, todo sea dicho de paso). Por si este agravio no fuera poco, los desahuciados no sólo se quedan sin hogar y siguen adeudando dinero al banco sino que, además, deben abonar las correspondientes plusvalías por la transmisión patrimonial. Adivinen quién está exento de estas plusvalías cuando la transmisión se realiza a Sareb, el banco malo: Las entidades financieras.

Por eso, en el fondo y viendo esta marcada tendencia a pisotear al ciudadano y beneficiar a la élite económica, no sorprende el revuelo que trae y traerá el decreto de la Junta de Andalucía. "¡Que vienen los comunistas! ¡Qué llegan los rojos!" no tardará en oírse en los círculos consevadores de las esferas de poder (valga la redundacia). Es hora de poner las cosas en su sitio y parar a los mercados porque si algo ha quedado patente en los últimos años es que el libre mercado jamás existió, tan sólo el libertinaje que masacra y aniquila a las personas que, a sus ojos, tan sólo son capital humano.