Tras el final feliz del secuestro del Alakrana, el PP ha sacado a la palestra del Congreso la política del escorpión. En algunas miradas parlamentarias parecía brillar la frustración de que todos los marineros hayan regresado a salvo o acaso la decepción porque las dos fragatas y los dos helicópteros que participaron en la operación no hayan calcinado a bombas el país de los piratas.
Muchas señorías olvidan que frente a las costas de Somalia faenan ahora mismo una veintena de atuneros españoles protegidos a costa del erario público. También que los corsarios tienen secuestrados 20 buques de diversos países, alguno desde el mes de abril, sin que en los distintos parlamentos se haya arrojado gasolina a los gobiernos respectivos. Ya que no tienen por qué creer al Gobierno, en su ejercicio de oposición algunos diputados deberían escuchar lo que dicen los propios marineros liberados. Conviene a los políticos mostrar, de vez en cuando, un poco de respeto al pueblo llano.
Este filibusterismo parlamentario es labor de temporero, pero refleja la campaña de afilar votos que nos espera cuando, teóricamente, todavía faltan 11 meses para el primer escalón electoral (las elecciones catalanas) hasta el altar del poder nacional. Para un país que necesita concentrar toda su energía en recuperar esta economía taladrada por la crisis, mayor peligro representa el conflicto que se incuba dentro de la más alta magistratura del Estado.
Ahora que habíamos empezado a olvidar la tragedia de las dos Españas, nos damos de bruces con una Constitución partida en dos. Hace casi 31 años los españoles nos dotamos de una Carta Magna concebida para garantizar la convivencia, y ahora los intérpretes y guardianes de la misma nos han puesto en la encrucijada de optar por regresar a la España una y grande o de seguir construyendo el Estado cuasi federal. Esto último, la España integrada por “regiones y nacionalidades” es lo que los españoles aprobamos en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y así se proclama en el artículo 2 de la Constitución.
Pero los altos magistrados del Tribunal Constitucional actúan demediados, alineados en dos clanes enfrentados, reducidos al papel de servidores de intereses partidarios, puestos sus cargos al servicio de quienes les designaron.
El Estatut de Catalunya lleva en vigor desde el 9 de agosto de 2006, después de su aprobación en las Cortes Generales, en el Parlament de Catalunya y en referéndum con el apoyo del 73,9% de los votantes catalanes, si bien la abstención fue del 50,58% del censo.
El Alto Tribunal lleva más de tres años deliberando sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP. Y lo hace con la peculiaridad de cuatro de sus doce miembros en mandato prorrogado, la falta de uno por fallecimiento y la ausencia de otro que fue recusado por ser un experto en fiscalidad autonómica.
En el entreacto de esos eternos debates, el Constitucional ha tenido tiempo de reafirmar su discutido papel de segunda instancia para revisar la doctrina sentada por el Supremo en sus sentencias. Así cambiaron el criterio de prescripción que sirvió para limpiar de estafa a los Albertos. Esa gentileza a punto estuvo de costarnos a todos un pico en indemnizaciones, pero al final los exculpados levantaron la mano.
Según se filtra desde el propio tribunal, parece que se está formando una zigzagueante mayoría a favor de cargarse un 30% de los artículos del Estatut, entre ellos, la identidad, los símbolos, los derechos históricos y algunas competencias clave. E incluyen entre ellas la obligación para los jueces que ejerzan en Catalunya de conocer el catalán, que debe de ser la mejor manera de satisfacer por parte del juzgador los derechos del justiciable.
Los altos magistrados deben tener en cuenta antes de su sanción que la formación de criterios mayoritarios se está haciendo sin la participación de uno de sus miembros, muy enfermo. Y si su voto al final resultara decisivo, la sentencia final podría ser objeto de recurso. También están obligados a cuidar, en sus decisiones, de no cargarse el artículo 150.2 de la Constitución, el que establece el poder del Estado para ceder competencias a las autonomías, tarea para la que no están mandatados.
Pero el gran problema que planea es que muchos artículos que corren el peligro de ser declarados inconstitucionales tienen traducción idéntica en otros estatutos, especialmente los de la Comunidad Valenciana y Andalucía. Así que, por coherencia, el Constitucional debería luego aplicarse a esta tarea de purga.
Este tribunal, que rige con la impureza de no haber corregido la primacía que perdió el PP en las urnas –simplemente no hubo acuerdo– y delibera enfrentado, trabaja como si la joven Constitución, en lugar de norma clara, fuera arcano indescifrable. Los magistrados debaten ajenos a la conveniencia de construir consensos, y sus juicios no son sanos por opuestos. Así que el mejor servicio que les queda por prestar es dimitir por incapaces.
El mundo político acaba de celebrar el 20 aniversario la caída del Muro de Berlín, definida como la metáfora que puso fin anticipadamente al siglo XX, aunque se multiplican las discrepancias a la hora de precisar cuándo y con qué fin comenzó realmente el XXI.
Nikita Jruschov, el hombre que edificó aquella barrera que dividía los dos mundos, escribió que Berlín era por donde podía agarrar por los testículos a las potencias occidentales, porque bastaba apretar un poco para rebajar o elevar la tensión entre los dos bloques, a conveniencia. Europa era y sigue siendo la cintura más próspera del planeta.
Antes de su derribo físico, el Muro se lo saltaron los ciudadanos, hartos de un sistema de igualdad sin libertad que desnudó al bloque comunista como un hemisferio deshumanizado. Aquella riada de fugitivos hacia el oeste representó también el fracaso de un modelo económico incapaz de elevar el nivel de vida. El general Jaruzelski, el hombre que presidió la ruptura de Polonia con su más reciente pasado, declaró hace unos días que lo que más admira del capitalismo son esas tiendas siempre llenas.
En Berlín, aparentemente, se derrumbó el otro totalitarismo descrito por Vassili Grossman cuando sometió a la crítica en Vida y destino aquel ideal de resistencia al nazismo que él alimentó con sus versos y sus crónicas de guerra. Desde el 9 de noviembre de 1989, bautizado por la prensa occidental como el gran acontecimiento de nuestras vidas, la izquierda marxista se ha quedado sin hoja de ruta, impotente para construir un modelo alternativo. Ha consumido ya dos décadas en formular críticas parciales a los desmanes del capitalismo, que desencadenan una atomización constante de grupos y fuerzas.
La situación actual es que el capitalismo neoliberal rige en solitario el mundo. Sin frenos, se ha transformado en un sistema corrompido en el que no prosperan otros valores que los que cotizan en bolsa y en el que la libertad sólo es total para los capitales. Utiliza la tecnología para depreciar a los individuos y ha reducido los derechos al ámbito protegido de otros muros.
Los estafadores que provocaron en 2007 la crisis financiera mundial han recuperado el valor de sus activos gracias al dinero público. Pese a ello, los grandes ejecutivos siguen acaparando en primas la parte del león de los beneficios bajo el paraguas de la seguridad jurídica de sus contratos. Pese a las críticas, parece haberse apagado la esperanza de una reforma a fondo que devuelva a las mayorías el control de los asuntos públicos.
Después de Berlín, son muy pocos los que levantan las manos contra esos muros ya terminados o que se están levantando. Lo más lacerante son los 703 kilómetros de hormigón armado que Israel construye en Cisjordania, un territorio ocupado. La razón es la lucha contra el terrorismo, pero esa pared avanza en meandros que se apoderan del agua y de las tierras más fértiles. A él se añaden los 40 kilómetros que asedian Gaza y que impiden el tráfico de personas y de alimentos. A la vez, también de armas. A nadie, salvo a los palestinos, parece preocuparles este atropello consumado en contra de la legalidad internacional.
El más largo es la muralla de 2.700 kilómetros con la que Marruecos aísla al Sáhara Occidental, pero el más ominoso es la barrera de 1.100 kilómetros que sigue avazando en Estados Unidos para tratar de impedir que por su frontera con México crucen los espaldas mojadas. También España tiene sus vergüenzas revestidas de alambradas en Melilla y Ceuta.
Hay otros muros, como el que divide Chipre o aquellos que encierran a un país en sí mismo (Myanmar), o los que condenan a casi todo un continente a la explotación y el abandono (África). Pero salvo las condenas rituales de algunos dignatarios, se extienden el hambre y la injusticia sin que a nadie parezca importarle nada.
El mundo global que se predica avanza dividido en dos, impulsado sólo por el maná de la plusvalía. La prosperidad está reservada a una minoría, por eso la principal barrera, la más sutil y eficaz de las que existen, es la que condena a una gran mayoría a vivir en la desgracia y sin derechos sólo por su lugar de nacimiento.
En los últimos meses las encuestas reflejan persistentemente que nuestro país sufre una doble crisis, la económica y la política. El último sondeo del CIS alerta de un peligro que saca cabeza por primera vez en tres décadas de democracia: a los españoles nos preocupan aún más los políticos (13,3%) que los terroristas (12,6%).
A este estado de ánimo contribuyen sin duda la ausencia de liderazgo, la prevalencia de los intereses partidistas sobre las prioridades que acucian a la mayoría de los ciudadanos y otros males como los casos de corrupción que salpican nuestra geografía. Pero son la falta de respuestas o de responsabilidad ante los problemas a afrontar los que socavan la confianza y construyen el descrédito de la política, que va en aumento.
El presidente del Gobierno cosecha un desgaste creciente en imagen y expectativas de voto. En primer lugar, porque los dos grandes problemas de nuestra economía, el paro y la profundidad de la crisis, no encuentran la puerta de salida. España se queda fuera de la primera ola de la recuperación que beneficia a Estados Unidos, Australia, China y a un nutrido grupo de socios europeos.
Las últimas previsiones de la Comisión Europea apuntan que nuestra economía sólo empezará a crecer en 2010 y a un ritmo tan débil (1% al final del próximo año) que no será capaz de crear empleo. En mayo de 2011 se celebrarán elecciones municipales y autonómicas, que bajo ese panorama le harán muy difícil al PSOE mantener la plataforma de poder que le pudiera permitir seguir al frente del Gobierno tras las generales de marzo de 2012. A Zapatero, pues, le empieza a faltar el margen de tiempo en el que confiaba para rehacer sus posibilidades de triunfo.
El Gobierno ha puesto en marcha muchas medidas para drenar la sangría de la crisis, aunque el problema dominante es que no se ve la luz del final del túnel. Maneja con retraso su promesa de una ley de economía sostenible o de modelo de futuro para un país demasiado anclado en la economía especulativa del ladrillo y en otras economías estacionales, poco productivas y demasiado dependientes de los ciclos. Esa ley lleva ya tres meses de retraso sobre el plazo inicialmente prometido, quizá porque, además de un nuevo modelo, lo que España necesita ahora con urgencia es un resorte para crecer cuanto antes sin confiarlo todo al futuro.
Al Ejecutivo le ha faltado capacidad para movilizar a la cúpula empresarial a unirse al esfuerzo movilizador de recuperación de la economía y, quizá, voluntad política para implicar al principal partido de la oposición en una solución compartida que sirviera para aunar esfuerzos en el compromiso común de luchar contra la crisis.
Al PP, el principal partido de la oposición, puede achacársele el mismo déficit, al desdeñar la virtualidad de un pacto común que ayudaría a consolidar su papel de partido comprometido en el destino del país y avalaría su papel de alternativa de gobierno. Al contrario, el partido liderado por Mariano Rajoy ha elegido la estrategia de predicar que todo lo que hace el Gobierno es un desastre, en la improbable esperanza de que el fracaso son votos futuros que caerán en su cesto.
En ese compás de espera, a Rajoy le ha estallado su estrategia en el seno de su propio partido. El candidato de la última oportunidad, el que encara su tercera y decisiva posibilidad de ser presidente del Gobierno, se enfrenta al desplante de la presidenta de la Comunidad de Madrid y al cierre en falso de la agonía política que le espera al Gobierno valenciano. En Valencia y en Madrid tiene el PP sus dos principales graneros de votos y de poder. Y en los dos tiene problemas de disciplina y corrupción que estallarán antes de que llegue su definitiva cita con las urnas.
Rajoy ha decidido poner cortina de humo a los conflictos y decretar una ley mordaza para tratar como privadas lo que se dirime en instituciones públicas, sea la pelea por Caja Madrid o la lucha por el poder dentro del propio partido. Por eso no es de extrañar que las encuestas den una ventaja decreciente al PP y le nieguen la primacía. Esa es la razón de que los españoles empiecen a dar la espalda a los dos grandes partidos.
