Tags: políticaCAYO LARA
Hace unos días, el mundo global celebró un acontecimiento planetario: una nueva fiesta de la libertad. Esta vez, el pretexto para la reunión (y las imágenes que construirán la Historia) era el vigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín y el triunfo de la democracia. El segundo objetivo, adornado por una conmemoración junto a la Puerta de Brandemburgo, era insistir –agitando la espada de la libertad– en la imposibilidad del socialismo democrático del siglo XXI: el Fin de la Historia del proyecto comunista.
La acusación es tópica y recurrente: todos aquellos que, de un modo u otro, defendemos en la actualidad un discurso emancipador, sea cual sea la forma práctica que adopte, somos fósiles rencorosos, vivimos anclados en el pasado –de ahí deducen que viene nuestra insistencia con la memoria histórica–, nos mostramos reacios a la aparente modernidad del mundo desarrollado, lo que nos hace ser merecedores de ser juzgados, moralmente, por responsables directos del gulag y, por extensión, por ser cómplices de la dictadura cubana. Vamos, como si al líder del PSOE y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se le hiciera responsable directo de los desmanes del felipismo al permanecer en su partido cuando se enteró de los crímenes del GAL y la corrupción; a Fraga Iribarne, ministro franquista de Información y Turismo (1962-1969), cómplice de la tortura y ejecución de Julián Grimau (1963) por parte de los aparatos de represión del régimen, o al reciente Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, responsable, por heredero, de la Administración de EEUU que lanzó bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Sospecho que, pese a mi intención pedagógica, no he elegido bien los ejemplos.
No se trata aquí, a estas alturas, de alejarse del enterrado comunismo soviético y sus errores, del socialismo real. Se trata de reconocer y recordar, ya que se olvida con demasiada frecuencia, que la tradición antifascista y republicana de la izquierda transformadora española y, en concreto, la lucha del PCE contra la dictadura militar nacional-católica, hace que ningún comunista español ni ningún miembro de Izquierda Unida sienta como propios esos cascotes. Son unos falsos escombros quenos han arrojado, desde los años cuarenta, como pedradas ideológicas.
“Comunistas a Moscú”, se decía. El PCE ya denunció en su día, junto con otros partidos comunistas europeos, la deriva del proceder soviético. El Eurocomunismo es la prueba fehaciente. Por tanto, no necesita justificación alguna: la historia ya le ha absuelto. La derecha española, fiel a su tradición, sigue siendo anticomunista. Y una parte amplia de la socialdemocracia, también. Es bueno que piensen, pese a nuestro actual porcentaje electoral, que somos una alternativa, y su empeño en
sepultarnos bajo cascotes legendarios lo demuestra.
Debemos conocer la realidad que nos ocultan. Debemos luchar contra la desinformación general que propugna el modelo. El Muro de Berlín fue una de las consecuencias –una equivocación, sin duda– de la Guerra Fría. Una guerra que empezó el día que el Ejército Rojo entró en Berlín, el 30 de abril de 1945, tras derrotar a la Werhmacht en Stalingrado y terminó con la barbarie del Tercer Reich. Los aliados occidentales, anglosajones unidos, mientras tanto, recorrían la distancia que separa las atlánticas playas de Normandía de la capital alemana. Digamos también de soslayo que una parte, quizá esencial, de la Resistencia francesa eran comunistas y republicanos españoles.
Pero dejemos el pasado, por importante que sea, y alcemos nuestra voz crítica (silenciada, en muchos casos, por la contaminación acústica y la Ley Electoral) contra los muros reales: contra todas las empalizadas y alambradas que delimitan y configuran el presente. Contra la gigante pared de Cisjordania; contra la barrera armada que separa México de EEUU; contra las espinas y el hormigón que cercenan los derechos del pueblo saharaui; contra ese atroz desierto de agua, el paso del Estrecho, con sus miles de cadáveres en el fondo, y por resumir, contra la muralla invisible que separa, ante nuestros ojos cegados por el individualismo, los que tienen trabajo de los parados.
Existen muros contra los condenados de la tierra: los hambrientos del mundo. Vivimos rodeados de parapetos erigidos por el neoliberalismo. Se conmemoró, 20 años no es nada, la caída del Muro de Berlín, pero se sigue conmemorando de paso el triunfo de la democracia social de mercado o democracia de superficie. Esa que en España se plasma en una crisis financiero-inmobiliaria profunda y sin alternativa económica, con millones de personas sin trabajo y el aumento de los derechos individuales que afianzan, esa es su intención, el valor de la subjetividad –el egoísmo, en segunda instancia– frente a cualquier intento de reflexión y acción colectivas.
En Izquierda Unida esperamos ver fastos parecidos cuando esas empalizadas de la ignominia caigan. En ese campo para dar la batalla por la libertad, la igualdad y la fraternidad –reaparecen las palabras–, por un mundo donde la explotación desaparezca y sus restos arqueológicos sean los verdaderos escombros del capitalismo, estará siempre la izquierda transformadora. Que no nos busquen bajo cascotes ajenos. Que nos busquen en las vanguardias –otra antigualla, dirán– del socialismo democrático del siglo XXI: el único espacio político posible para una sociedad libre. Quizá ese día también cante, si su agenda lo permite, el tenor Plácido Domingo. O su digno sucesor.
Cayo Lara es coordinador generald de Izquierda Unida
Ilustración de Mandrake
Tags: economía franquismo políticaVICENÇ NAVARRO
La dictadura que se implantó en España desde 1939 hasta 1978 se conoce en nuestro país como franquismo, implicando que fue una dictadura de un general, Franco, y su Ejército. Aquel régimen, sin embargo, fue mucho más que una dictadura militar. Fue predominantemente una dictadura de clase, en la que la burguesía del país (en sus distintas dimensiones: agrícola, industrial y financiera) utilizó el Ejército para parar las reformas propuestas por un Gobierno democrático que afectaban a sus privilegios. Estado y burguesía en aquella dictadura estaban claramente entremezclados, estableciéndose un maridaje entre el Estado y grandes sectores de la clase empresarial (la gran patronal y la Banca) basado en la corrupción. Esta era una práctica generalizada, de la cual las grandes familias y los grandes bloques económicos en España se beneficiaron enormemente.
La Transición, mal llamada modélica, de la dictadura a la democracia, cambió algo esta cultura de la corrupción, aunque continúa muy acentuada en grandes sectores de la burguesía española (de todas las nacionalidades y regiones de España) como lo atestiguan, entre muchos otros ejemplos, el caso Gürtel y su conexión con la derecha española, y el caso Millet y su conexión con la derecha catalana. La juventud debería saber que durante la dictadura hubo miles y miles de casos Gürtel y casos Millet. La diferencia –una muy importante– es que ahora bastantes terminan en los tribunales, como ha ocurrido en estos casos, mientras que durante la dictadura muy pocos terminaron en ellos. Es interesante señalar, a este respecto, que una de las primeras cosas que hizo Félix Millet cuando llegó la democracia fue transferir parte de sus fondos a cuentas secretas en Suiza. Antes no creía que le hiciera falta. Podía depositar los frutos de su latrocinio en cualquier banco o caja española sin ningún temor. Pero cuando vino la democracia, la burguesía tenía el temor de que las izquierdas pudieran interrumpir aquellas prácticas corruptas. Pero en Catalunya ganó la derecha, que gobernó durante 23 años.
La burguesía catalana –sectores de los cuales se autodefinieron como catalanistas– había tenido relaciones privilegiadas con aquel Estado fascista. Apoyó con todos sus medios el golpe militar que les protegió de las fuerzas democráticas, que probablemente las hubieran encarcelado, y confiscado sus bienes. El padre de Félix Millet, un burgués catalanista de la democracia cristiana catalana (y director del diario católico conservador El Matí) no tuvo ninguna duda, como tampoco la tuvo la mayoría de la burguesía catalana, en anteponer sus intereses de clase a los de la nación catalana apoyando el golpe militar que estableció un genocidio cultural contra Catalunya. Se convirtió en un hombre de confianza del dictador en Catalunya. Fue, también, presidente del Banco Popular. Tal burguesía puso en marcha un proyecto, tolerado por el dictador, de establecer un catalanismo conservador, eliminando cualquier señal de catalanismo laico y progresista. Parte de este proyecto fue el Orfeó Català, el cual dirigió el padre de Millet en 1951.
Se puede ver estos días una interesante exposición en Figueres de cómo los grandes nombres de la burguesía catalana (tales como los dirigentes de la Lliga, así como Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Josep Pella i Morgues y otros) depuraron todos los elementos progresistas del catalanismo progresista y laico. Se silenció así el hecho de que las sociedades corales, por ejemplo, habían sido la voz de la clase obrera en Catalunya, y que los jóvenes republicanos bailaban sardanas con un amplio repertorio de narrativas revolucionarias, escritas por el mayor compositor de sardanas, Pep Ventura, definido por la historia tergiversada del sardanismo (que ha purgado sus orígenes populares y obreros) como un “hombre de origen humilde”, expresión utilizada por la burguesía para definir a una persona de origen obrero. Fue esta visión de un catalanismo burgués y conservador, de carácter esencialista y fundamentalista, la que fue promovido por la derecha catalana, que gobernó en Catalunya durante la mayoría del periodo democrático.
Millet hijo sucedió al padre y mostró no tener ningún conflicto entre ser miembro del consejo director de FAES (el centro aznariano de estudios del pensamiento profundamente conservador nacionalista español) y ser presidente de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, presidente del Orfeó Català, vice-presidente del Consorci del Palau de la Música Catalana y dirigente de muchas otras instituciones catalanistas importantes, estando también en la dirección del Liceo (que todavía tiene una placa en honor del fascismo), el Círculo Ecuestre y muchas otras instituciones del establishment catalán. En definitiva, era uno de los 400 integrantes de las familias que, según había indicado el propio Millet junior, han regido y gobernado Catalunya durante 70 años.
El oasis catalán, durante el periodo democrático, estaba basado en una represión que reproducía el enorme dominio de clase que se perpetuaba a base de un sistema de redes clientelares, del cual CiU era su rama política. Llevaba razón el ex fiscal Jiménez Villarejo, cuando, en una entrevista a El Punt, señalaba que “el caso Millet no es nada más que la continuación de los casos de corrupción de CiU” (23-10-09). El favoritismo a las empresas que pagaban un “impuesto” al partido (caso Caric), las famosas concesiones a la Lotería de la Generalitat (caso Casinos), el caso de la Banca Catalana, el caso Anheuser Busch, el caso del “empresario modélico” Javier de la Rosa, el caso Treball, el caso Turisme, el caso Adigsa, y muchos otros casos son los precedentes del caso Millet. De ahí que los dirigentes de este catalanismo burgués estén preocupados y vean que su Catalunya está siendo cuestionada. No es Catalunya, sin embargo, sino su Catalunya la que lo está.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
Tags: economía políticaGUSTAVO DUCH
Hablemos de negocios. Uno, usted es propietario de cinco hectáreas de naranjos en la huerta valenciana y la temporada se ha dado bien. Si vende al precio promedio del sector entonces la diferencia entre ingresos y gastos ha sido de aproximadamente 6.000 euros. 6.000 euros de pérdidas. Dos, usted ha producido durante este año 750 corderos y los ha podido vender todos. Entonces su cuenta de resultados indicará en números rojos, 11.000 euros. Y tres –para no aburrirles con más datos–, pensemos en una explotación de olivares en secano para producir el reconocido aceite de oliva mediterráneo. Si dispone de 20 hectáreas al precio promedio de la campaña ha perdido 200 euros por hectárea, unos 4.000 euros. Estas cifras, que afectan a todos los sectores (agricultura de huerta, de cereales, de frutales, etc. y ganadería de todas las cabañas), indican la gravedad por la que pasa el sector rural en España. Y, con toda seguridad, es desde esta grave crisis colectiva que los tres sindicatos mayoritarios del campo se han puesto de acuerdo para coordinar conjuntamente sus movilizaciones, en concreto convocando a un paro agrario el 20 y 21 de noviembre, que finalizará con una manifestación el mismo día 21 en Madrid.
Con esas cuentas que les he presentado no es de extrañar que, en los últimos cinco años contabilizados, se hayan perdido del orden de 124.000 empleos. A nadie le gusta trabajar para perder dinero. Por qué la mayoría de las pequeñas fincas agrarias son deficitarias tiene, desde mi punto de vista, dos explicaciones. Por un lado la matemática: ventas menos costes igual a beneficio. Y en los últimos años, de forma continuada, la tendencia ha sido un aumento en el precio de los insumos (muchos de ellos están ligados al petróleo, por ejemplo, los fertilizantes o el uso de maquinaria) hasta un aumento total del 35% en ese mismo periodo. Mientras que el precio al que las campesinas y campesinos venden sus productos ha sufrido, en un sólo año, descensos que pueden ir desde el 60% de la sandía o el 50% de las patatas hasta un descenso más moderado del 10% del pollo o la lechuga. Pero el saldo siempre es negativo.
La segunda explicación tiene que ver con elementos más estructurales y el modo en que estamos definiendo con decisiones políticas (o con no decisiones) el modelo de producción de alimentos que queremos para nuestro país. Y aquí hay que ser rotundos. Todo apunta hacia una agricultura sin campesinos, en manos de la gran agroindustria y ahora –como una punta de lanza– las grandes cadenas de distribución. Sin la regularización de los mercados y disminuyendo las ayudas a la agricultura familiar –estas son las pautas europeas–, sólo sobreviven los más grandes, los más fuertes. En este caso las grandes cadenas de distribución que ya se han apoderado del 80% de todas las compras que se realizan, provocando el cierre de los pequeños comercios a un ritmo de 11 establecimientos diarios. Con tan absoluto control, los supermercadísimos se permiten el lujo de presionar a la agroindustria –si hace falta saliendo a las estanterías con marcas blancas– para obtener precios más bajos, que esta traslada hacia los productores y productoras con los resultados que ya hemos visto.
Y nos falta un dato para entender todo el panorama. Los precios a los que cualquiera de nosotras o nosotros pagamos los alimentos. Efectivamente los últimos meses, con la crisis general encima, el precio de los alimentos ha bajado (un menos 2,4%, el último IPC alimentario), pero esta rebaja llega toda por el estrangulamiento de los precios a los productores. Son ellos los que la asumen, no las grandes cadenas ni la agroindustria. Y así queda claro donde están los beneficiados del modelo. Los cálculos que presenta la organización agraria COAG son claros. Del campo a la mesa, un producto agrario ha multiplicado su precio en seis veces, y del campo a la mesa un producto cárnico lo ha multiplicado más de tres veces.
Pero no quiero hablar más de “números y negocios”, porque si definitivamente este es el abordaje que le damos a la actividad agraria –la actividad que desde el usufructo de la naturaleza es capaz de entregarnos los alimentos que necesitamos para la vida– difícilmente le daremos el trato que amerita. Que el campo se arruine no es sólo una preocupación para los agricultores, lo es para el resto de la ciudadanía, y por eso el paro organizado por los sindicatos cuenta con el apoyo de otros sectores aglutinados bajo el paraguas de la Plataforma Rural. Las labores agrarias son el motor principal del medio rural y con ellas debilitadas, como una cascada, desaparecen muchos puestos de trabajo y otras actividades paralelas como la transformación de alimentos, los cuidados del monte y los paisajes, la preservación de culturas y tradiciones, etc. No podemos permitirnos dejar la alimentación en manos de tres o cuatro conglomerados empresariales que producen alimentos como si produjeran cualquier bien industrial. Su modelo pasa por deslocalizar la producción a terceros países, donde las normativas sanitarias y medioambientales son más permisivas, y donde van para aprovecharse de mano de obra que estrujan olvidando sus derechos, laborales y humanos. ¿Qué lógica es esta de tener a los países que pasan hambre produciendo alimentos para los países ricos que podemos pagarla? Ninguna. Bastantes años y muchas injusticias arrastra este modelo como para no exigir –toda la ciudadanía– dignidad en nuestro medio rural, y dignidad para el trabajo de alimentar al mundo, aquí y allá.
Hoy la industria alimentaria alardea de producir a precios bajos, pero –apunten–, si esta estrategia competitiva les lleva al control total, y todo apunta hacia eso, jugarán con los precios y con los consumidores. Disculpen, acabé hablando otra vez de precios y economías.
Gustavo Duch es ex director de Veterinarios sin Fronteras y colaborador de la Universidad Rural Paulo Freire
Ilustración de Javier Jaén
Tags: educación políticaJAUME GRAELLS
Qué temas podría abordar un pacto de Estado por la educación, habida cuenta del actual reparto de competencias entre el Estado y las autonomías? Y, sobre todo, ¿puede ser realmente beneficioso para la educación de nuestro país; algo más que un gesto bienintencionado?
A mi entender, el pacto de Estado por la educación es imprescindible: me gustaría decir inevitable. Sin embargo, ni se me ocurre pensarlo en términos de una nueva reforma de los planes de estudio; otra más a sumar a la esterilidad de la serie de leyes que han hastiado al profesorado. Quien gobierna debe dejar de vivir en la ilusión de que toda reforma empieza y acaba promulgando una ley o un decreto: así es muy fácil –o eso parece– y por eso se han dado tantos decretos y tantas leyes en nuestro país. Pero es un error creer que la educación puede ser modificada desde los boletines oficiales. No deberíamos dejarnos seducir de nuevo por ese espejismo.
El verdadero reto consiste, pues, en facilitar que el cambio se dé en la práctica diaria de la docencia. Desde esta óptica, ¿qué temas deben ponerse sobre la mesa?
En primer lugar, debe reforzarse la titularidad pública de los centros que dependen directamente de la Administración y eso pasa por orientarse decididamente hacia la profesionalización de sus direcciones. Hoy más que nunca, ante la complejidad y diversidad de retos que deben abordar escuelas e institutos, debemos apostar por su autonomía organizativa y pedagógica; algo que no se puede conseguir sin equipos directivos profesionales, con autoridad e instrumentos suficientes para poder lleva a cabo su función de modo eficaz. Sin equipos directivos sólidos, que representen la titularidad pública del servicio –es decir, el interés de la comunidad educativa en su conjunto y no sólo de un sector–, se desdibujan en el horizonte los objetivos de calidad que todos compartimos.
Los directivos escolares deben jugar un papel importante en la evaluación de los docentes y este es un factor imprescindible para establecer sobre bases sólidas la carrera profesional del profesorado, que debería estar en función de su compromiso e implicación en el proyecto educativo de centro y en el trabajo en las aulas.
Pero quien evalúa con efectos laborales, quien asume funciones de jefatura de personal, no puede ser un colega más, elegido por el claustro de profesores. Debe ser seleccionado y renovado en su función con criterios de profesionalidad. Eso no quiere decir, claro es, menoscabar la necesaria participación de la comunidad educativa en el buen gobierno de las instituciones escolares. Pero no deben confundirse las cosas. La participación no debe llevar al desgobierno. Porque en el desgobierno –donde no existe una atribución clara de responsabilidades, donde el “todo lo hacemos entre todos” acaba siendo el “nadie hace nada”– la participación acaba perdiendo sentido. Urge un cambio legal que establezca nuevos mecanismos de acceso y renovación de las direcciones y que permita, de ese modo, revitalizar su función.
En segundo lugar, las políticas de profesorado son otra zona oscura: ninguna de las reformas educativas emprendidas ha abordado en serio esta cuestión y así cualquier proyecto de cambio acaba en papel mojado. Es evidente que debe empezarse por la formación inicial. Tengo esperanza en que la reciente reforma de los planes de estudio universitarios, con su sistema de grados y el máster de profesorado de Secundaria, permita mejoras en este particular. Sin embargo, hay más cosas que remover. A la vez, es imprescindible modificar la legislación estatal que regula los mecanismos de acceso a la función pública docente. Es preciso que sea posible seleccionar a los mejores profesionales, a aquellos que tengan un buen nivel académico y sean, a la vez, competentes en el manejo de los recursos educativos, en el trato con los alumnos y en la gestión del aula.
Todo lo dicho quedaría a medio camino sin concebir también desde un nuevo ángulo la forma en que actualmente se proveen los puestos de trabajo, es decir, sin modificar las reglas de juego por las que un docente obtiene plaza en un centro. Actualmente no rige en esto más criterio que el escrupuloso respeto de las prelaciones que ordenan al profesorado según un único patrón de medida, en el que lo decisivo es el rutinario paso del tiempo. Y así, con el constante ir y venir de profesores que se deriva de ello, resulta casi imposible la consolidación de proyectos de trabajo. Las direcciones no participan en absoluto en la selección del profesorado que llega a los centros. Y, lo que es peor, es frecuente el caso de profesores que, en contra de su voluntad y del criterio de la dirección, pierden su puesto por las reglas burocráticas de la provisión. ¿Es imaginable tal circunstancia en cualquier otro sector productivo sin que se planteara una reforma de inmediato? Los cambios que deberían transformar este estado de cosas sólo pueden darse con una reforma de los concursos de provisión, que son regulados por norma estatal.
No puedo ahora entrar en otra cuestión clave, como es la de los conciertos educativos y la necesidad de avanzar en un mayor equilibrio en los procesos de escolarización, que requeriría ser tratada en extenso. De todos modos, las razones apuntadas justifican sobradamente la posibilidad de un pacto de Estado por la educación respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas. Ese pacto, si su contenido se orienta del modo que he expuesto, me parece estratégicamente imprescindible para dar un vuelco en la situación de nuestras escuelas e institutos.
Jaume Graells es director General de Educación Básica y Bachillerato del Departament d’Eduació de la Generalitat de Catalunya
Ilustración de Patrick Thomas
Tags: políticaCARLOS TAIBO
Se ha dicho de todo sobre la respuesta que el Gobierno español ha asumido ante la crisis. Se ha hablado, así, de su responsabilidad, no precisamente menor, en la gestación de aquella, de impresentables acatamientos del credo neoliberal y de políticas tan erráticas como complacientes con los poderosos. Es muy escasa, sin embargo, la atención que hemos dispensado a la percepción de la crisis y de sus remedios que alienta el grueso de los partidos y de los sindicatos que, conforme a la descripción más común, están a la izquierda del PSOE. No hay, pese a ello, mejor prueba de la zozobra en la que nos encontramos que el escaso empaque, la sumisión al orden establecido y la llamativa ausencia de algo que huela a prospección crítica del futuro que muestran diputados, consejeros y concejales de fuerzas políticas, liberados sindicales y, en su caso, intelectuales y artistas afectos a firmar manifiestos.
Cifremos el sinsentido de esas percepciones en dos hechos. El primero nos recuerda que el horizonte mayor que parecen contemplar las propuestas progresistas –en mal momento reaparece este hueco adjetivo– es el que proporciona la defensa de los estados del bienestar, en un intento de devolver el reloj a dos o tres años atrás y en abierto olvido, por cierto, de la inanidad histórica de los derechos sociales entre nosotros. Pareciera, en otras palabras, como si debiéramos sentirnos orgullosos de lo alcanzado en los últimos decenios en una suerte de remedo, muy común en los dirigentes sindicales biempensantes, del “España va bien” aznariano. Al abrigo de unas demandas que, ajustadas al discurso alicaído y cortoplacista de los sindicatos mayoritarios, parecen entender que saldremos adelante si acrecentamos, o al menos mantenemos, los salarios –o si conseguimos para todos un trabajo por cuenta ajena, que para el caso tanto vale–, ha quedado dramáticamente en el olvido cualquier horizonte de transformación de la sociedad. A duras penas sorprenderá que, en este caldo, y no sin que falten llamativas invocaciones a la solidaridad con la pequeña y mediana empresa, todo lo que está lejos de nuestros reductos de prosperidad, y en singular el expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, quede relegado a un discretísimo segundo plano.
No deja de sorprender, por lo demás, que la propuesta progresista asumida por el grueso de las formaciones que dicen ser de izquierda, luego de criticar la inanidad de la reacción gubernamental ante la crisis, asuma con frecuencia, sin embargo, todo tipo de miramientos ante unos sindicatos, los mayoritarios, que nadan en la misma miseria (cómo estará de subida la patronal, por cierto, para que, con los sindicatos que tiene a su merced, se permita rechazar acuerdos claramente ventajosos para los empresarios). Lejos de tirar de esas fuerzas sindicales hacia posiciones de mayor entereza y confrontación –no hay ningún camino que recorrer en sentido contrario–, lo que se intuye es, sin más, un acatamiento de la podredumbre que aquellas, burocratizadas y coartadas por su dependencia económica de la teta estatal, difunden.
El segundo hecho relevante bebe de un sonoro silencio: el que se dispensa a una cuestión vital como es la de los límites medioambientales y de recursos del planeta. No se busque en los pronunciamientos progresistas ninguna mención que no sea sibilina y retórica al crecimiento imparable de la huella ecológica, a un cambio climático que empieza a ser una realidad omnipresente o al inevitable encarecimiento que, en el medio y el largo plazo, afectará a la mayoría de las materias primas energéticas que empleamos. El hecho de que todo esto quede, también, en segundo plano, en provecho de nuevo de una visiblemente abusiva sacralización de salarios y derechos sociales –para qué preguntarnos qué producimos, con qué lo hacemos y al servicio de quién–, acerca una vez más el discurso progresista a las miserias de las propuestas oficiales que padecemos, incapaces de abandonar el terreno de juego que perfila un oxímoron, el del crecimiento sostenible, que retrata bien a las claras lo que tenemos entre manos: pan para hoy y hambre para mañana.
Si las posiciones que ahora me atraen se hallan claramente a la defensiva y se ajustan, mal que bien, al “virgencita, que me quede como estaba”, nada retrata mejor su sentido de fondo que la exultante crítica del neoliberalismo que nos rodea por todas partes. Aunque en una primera y superficial lectura pueda sonar a contestación radical del orden establecido, haríamos mal en olvidar que esconde a menudo –no me atreveré a afirmar que siempre– el designio de no ir más allá y de esquivar cualquier discusión que afecte, no ya al neoliberalismo, sino al propio capitalismo. Y es que una de las trampas mayores que se nos tienden en los últimos tiempos es la que nace de la afirmación, mil veces repetida, de que lo que está en crisis es el capitalismo desregulado, con el consiguiente corolario, a menudo orgullosamente verbalizado, de que el capitalismo regulado no arrastra ningún problema de relieve.
En la trastienda es fácil adivinar lo que se nos vende: la aceptación callada y vergonzante de que no hay vida fuera del capitalismo y, con ella, la inevitable negativa a examinar la hondura de la crisis que afecta al paraíso fiscal de escala planetaria y a una crisis ecológica imparable que aquel, regulado o desregulado, ha contribuido a crear. El mero retorno a un estado de cosas que está en el origen de lo que hoy padecemos, al amparo de un procedimiento que invita, franca o subterráneamente, a darle otra oportunidad al capitalismo, mal escudo parece para hacer frente a los duros tiempos que se avecinan.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de Miguel Ordóñez
Tags: políticaLEIRE PAJÍN
El año 2009 pasará a la historia como el de la primera crisis financiera global. La peor en 60 años. Se han derrumbado muchos símbolos del neoliberalismo económico. Se deshace un modelo que parecía inquebrantable. La mayoría de los gobiernos han tenido que concertar sus políticas para evitar lo peor. Pero hubo comportamientos y declaraciones paradójicas que habrá que recordar, porque aquellos que más defendían la no intervención del Estado fueron los primeros en reclamar su intervención cuando cayeron sus negocios. Entonces, se necesitaban respuestas que frenaran el primer golpe y, lo más importante, que sustenten el futuro.
Mientras se desplomaba el sistema financiero también lo hacían las economías familiares. La economía real, cuyo horizonte es el fin de mes, busca ahora soluciones en la política. Se han tomado medidas, pero muchos ciudadanos siguen desconfiando de la política como instrumento eficaz para solucionar sus problemas. Seguramente porque, además de ser más exigentes en época de crisis, algo absolutamente normal, asisten perplejos al espectáculo que están ofreciendo algunos políticos que hacen un uso despreciable de la política. No es bueno para nuestro país. No es bueno para nuestra democracia que, tras un año en el que España ha sufrido uno de los envites más feroces que se recuerdan, aparezcan los políticos en las encuestas como uno de los principales problemas.
En algo nos estamos equivocando todos; no estamos aquí para eso. Estamos para recordar y defender que la democracia participativa es la mejor forma de Gobierno que ha habido a lo largo de la historia. Y para que la democracia funcione necesita de los partidos políticos. También de todas las instituciones democráticas y eficaces. Y de leyes justas y transparentes. Así como de miles de servidores públicos que a diario construyen y hacen que exista el Estado de Derecho. Por supuesto, también necesita medios de comunicación libres y responsables.
Pero sin duda los políticos debemos ser mucho más exigentes al afrontar los problemas de la gente, de ejercer un servicio público. La realidad cambia a un ritmo vertiginoso y exige adaptarnos a cada momento. Hoy, nos enfrentamos a la destrucción de empleo, también al malestar ciudadano. Debemos recuperar ambos y generar confianza. Los socialistas vamos a dedicar toda nuestra energía a esta tarea. Debemos ser más exigentes con nuestros sistemas de prevención y lucha contra la corrupción, recordando también que en estos cinco años, la Fiscalía anticorrupción ha desempeñado una labor profesional excepcional.
Al comienzo de las dificultades, el Gobierno puso en marcha el Plan E, que activó más de un centenar de medidas para incrementar la liquidez e incitar la demanda. Un plan pensado para ayudar a las familias, las empresas, para generar empleo y modernizar también nuestra economía. El Plan E amortiguó el golpe. Unas medidas fueron más efectivas que otras, eso es innegable, pero el Fondo de Inversión Local, el incremento de las líneas ICO-Pymes y otras para sectores estratégicos, como el de los automóviles, han dado resultados que desaceleraron la destrucción de empleo.
Sin embargo, hoy son muchas las familias que tienen a alguno de sus miembros en paro, son muchas las empresas, emprendedores y autónomos que pasan dificultades y que arriesgaron todo su talento y esfuerzo e intentan continuar su tarea. No son buenos datos y no podemos conformarnos porque, pese algunos buenos resultados, no es suficiente.
Dedicamos todo nuestro esfuerzo a salir de la crisis, pero no nos sirve cualquier camino. Debemos hacerlo sin que nadie quede abandonado a su suerte. Ese es el sentido último de nuestra política, por el que dedicamos más del 50 por ciento de los Presupuestos para gasto social. Porque no sólo debemos salir adelante, sino que debemos hacerlo todos juntos.
El mayor reto ahora es sentar las bases de un nuevo modelo económico y de crecimiento, más allá del innegable peso de la construcción. Un modelo que mejore nuestra competitividad y que genere empleos más estables. En otras palabras, ladrillo, el que sea preciso, pero no sólo ladrillo. Un modelo más eficaz y más sostenible. Se han dado pasos desde 2004, incrementando un 174% la inversión en investigación, los recursos destinados a educación han crecido año tras año; las energías renovables, en cinco años, han duplicado la potencia instalada. Innovación e investigación es futuro y juntas tienen que formar parte del ADN del nuevo modelo, de lo contrario fracasaremos.
Aprovecharemos nuestra participación por primera vez en el G-20 para construir ese modelo, de acuerdo al consenso internacional. Desde este escenario impulsaremos nuevos horizontes que llevan tiempo esperando y a los que España no debe renunciar. Es imprescindible iniciar la voladura controlada de los paraísos fiscales; es irrenunciable alcanzar los objetivos del Milenio; es ineludible la lucha contra el cambio climático.
No será fácil. Todos los cambios estructurales llevan tiempo y muchos obstáculos que superar. Son muchos y poderosos los que quieren que nada cambie. Precisamente son los mismos que no sufren las consecuencias de la crisis. Es un momento decisivo. No hay espacio ni para operaciones de maquillaje ni para manos de barniz. Debemos y vamos a ser exigentes con las necesidades del momento que nos ha tocado vivir y eso conlleva un gran esfuerzo colectivo. El Gobierno en primer lugar.
También el resto de administraciones. Y toda la sociedad debe tomar conciencia de que es ahora o nunca. El camino será largo y difícil, pero merece la pena recorrerlo. Otras generaciones lo hicieron antes que la nuestra para hacer posible un país como el que tenemos hoy. Ahora nos toca a todos.
Leire Pajín es secretaria de Organización del PSOE
Ilustración de Enric Jardí
Tags: Historia Memoria histórica políticaARIEL JEREZ
El ex dictador uruguayo Goyo Álvarez ha sido condenado recientemente a 25 años de prisión por el homicidio de 37 opositores, entendiéndolo el juez como un delito de lesa humanidad. Al tiempo, el juez Baltasar Garzón está siendo sometido a un juicio por el Tribunal Supremo debido a la acusación de una organización de extrema derecha, que exige entender como prevaricación su intento de investigar el asesinato y la desaparición de 113.000 ciudadanos que no apoyaron el golpe de Estado franquista.
Muchos países del mundo que han transitado a la democracia tras cruentas dictaduras han tomado iniciativas para hacer justicia a quienes padecieron las violaciones de derechos humanos. En nuestra ejemplar Transición, coronada con una Constitución monárquica que normaliza la institucionalidad franquista, ninguno de los responsables del régimen represor ha tenido que responder ante la Justicia.
Algunos intelectuales orgánicos del nuevo régimen niegan que haya habido pacto de olvido. Pero cuando desde los poderes del Estado se reafirma, una y otra vez, un espíritu de la Transición, no podemos dejar de interrogarnos sobre esta prolongada operación de manipulación simbólica y discursiva, orientada a contrarrestar la emergencia pública y política de los discursos de quienes cuestionan unos consensos nítidamente conservadores sobre diversos aspectos de nuestra vida en común.
Existe una nueva generación de ciudadanos que no asume este relato transicional, que convirtió a los articuladores de estos pactos elitistas en los grises héroes de nuestra democracia otorgada, y que rechaza una reconciliación presentada como la contracara del caos de los años republicanos y la condena de toda movilización de los de abajo como una irresponsabilidad para consolidar la democracia, cuando no un peligro de reabrir viejas heridas. Y este descubrimiento progresista se debe a una evidencia: pese a la crisis sistémica, nos guste o no, hoy la movilización social de contenido estratégico está en manos del bloque conservador (Iglesia, Partido Popular, empresariado e izquierdas cooptadas-silenciadas). Saben que, anticipándose a todo intento por revisar este relato, consiguen mantener una posición clave para contener cualquier iniciativa de redistribución simbólica y material considerada inaceptable para sus tan bien conservados privilegios.
La defensa de la Transición y la Constitución se ha convertido en un modus vivendi, donde los epígonos de los grises héroes institucionales lograron apartar de nuestra vida pública a los antifranquistas que en la calle lucharon por acabar con la dictadura, para ocupar ellos, en exclusiva, el panteón de los “padres” de la democracia.
En las primeras elecciones democráticas (junio de 1977), el Ministerio de la Gobernación retrasó la legalización de algunos partidos políticos para que no participasen; unos porque podían encontrar posibilidades a la izquierda del PCE-PSOE y otros porque tenían como punto fundamental en su identidad la reivindicación de una república. Así se construyó un Parlamento a la medida de las necesidades del cambio de camisa de las élites franquistas, donde nadie cuestionaría frontalmente el modelo económico y la monarquía, donde izquierdas y derechas votarían una Ley de Amnistía que ha otorgado impunidad a todos aquellos que perpetraron violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Con este pacto, la izquierda se vería obligada a desmovilizar a sus bases, pero también a recortar su imaginario social e ideológico y a renunciar a introducir vectores emancipadores en la reconstrucción de una cultura democrática tras tres generaciones socializadas en el franquismo. En este sentido, el verdadero haraquiri político fue en el campo progresista.
La ejemplaridad del relato hegemónico está basada en la ignorancia de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas educados tras la muerte del dictador, que no han aprendido en sus centros de enseñanza nada o casi nada acerca de las atrocidades del franquismo. Esto ha sido una política de Estado que oculta tanto la dictadura como las dejaciones de los padres de las Constitución. Como ha dejado en evidencia Amnistía Internacional, España es el segundo país en número de desaparecidos del mundo y uno de los peores en formación de derechos humanos. En realidad, vivimos en una monarquía bananera.
Lo que no nos ha impedido presentarnos como el caso de referencia para dar lecciones democráticas en las diversas olas de democratización decretadas por el sector académico funcionalista, satisfecho con homologar democracias contando votos y procedimientos, e ignorando lacerantes e insostenibles desigualdades e injusticias. Mientras tanto, en nuestras ciudades y pueblos agonizaban en silencio, sin reconocimiento público, los hombres y las mujeres que deberían ser el espejo ciudadanista en el que se mirase nuestra sociedad. Estigmatizados por el miedo del “se había significado políticamente”, caían de nuevo en las cunetas de la historia.
Sin duda, nuestra Transición fue un nuevo espejito que quisimos vender a América Latina, donde nuestras redes académicas globalizadas, con el apoyo de fundaciones y multinacionales, organizaban este nuevo relato ejemplar de la madre patria, ignorando activamente cómo muchos de los países hermanos ponían en marcha, sin bonanza económica y con escasos recursos institucionales, comisiones de la verdad, derogaban leyes de punto final y enjuiciaban criminales sin ningún “espíritu” que los iluminase.
Durante unos días, en las jornadas Memorias en transición, expertos de las dos orillas debatieron sobre transiciones, memorias y justicias necesarias, iluminando la virtud de los que luchan por los derechos humanos y la ciudadanía contra la oscuridad del fascismo (ignorancia política activa siempre al acecho).
Ariel Jerez es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Javier Olivares
Tags: Memoria histórica política política exteriorMIGUEL ÁNGEL MORATINOS
Es sabido que en su larga, compleja y apasionante biografía Francisco Ayala fue también durante un tiempo diplomático al servicio de la República. Él mismo mencionó tal episodio en sus memorias. Menos conocidas son las circunstancias en que se produjo su nombramiento como secretario de primera clase en la legación española en Praga. Influyeron en ello dos circunstancias. En primer lugar, el hecho de que Ayala había estudiado en Berlín y conocía bien el alemán. Praga era a la sazón un importante centro intelectual en donde el idioma alemán tenía gran proyección de la mano de autores como Franz Kafka. El joven Francisco Ayala ya había traducido obras de autores entonces tan prestigiosos como Carl Schmitt y Karl Mannheim. En segundo lugar, también era catedrático de Derecho Político y letrado de las Cortes. Una mente jurídica bien equipada era imprescindible para lidiar en particular con los problemas de la legación praguense y, en general, con la política centroeuropea.
El fenómeno subyacente a la incorporación de Ayala a la carrera diplomática fue otro. La Guerra Civil dividió a todos los españoles. También a la administración, al Ejército y, no en último término, a los funcionarios del servicio exterior, que se vieron en la obligación de escoger bando. Se ha calculado que de los 380 miembros de la carrera diplomática que estaban en servicio el 18 de julio de 1936, no menos de 243 se pasaron en lo que quedaba de año al bando franquista. En los primeros meses de 1937 se sucedieron los abandonos, lo que causó un daño irreparable al maltrecho servicio exterior. De hecho, una reciente estimación ha determinado que la carrera diplomática del período de paz perdió, en el curso de la guerra, casi un 90% de sus efectivos.
¿Cómo lidiar con tal catástrofe, cuyos efectos se hicieron sentir a lo largo de toda la Guerra Civil y de manera agudísima en los puestos del exterior? El Gobierno encontró varias fórmulas. Una de ellas consistió en disolver la carrera diplomática tal y como había existido hasta entonces y crear otra de nuevo cuño. El Decreto del 21 de agosto de 1936 sentó la base jurídica, pero hubo que abordar, sin dilación y en la urgencia, una labor inmensa, no muy diferente –aunque salvando las distancias– a como fue la creación de un nuevo Ejército Popular. Ahora bien, este último se ha estudiado pormenorizadamente y todavía no se ha alumbrado su trasunto en el campo de las relaciones exteriores.
Dentro de poco sabremos algo más. Hace algunos meses di instrucciones para que un equipo de historiadores reconstruya lo que continúa siendo un capítulo poco conocido de la historia de la diplomacia española.
Por las primeras catas efectuadas, sabemos que el Gobierno procedió de dos maneras. La más conocida consistió en nombrar como jefes de misión en embajadas o legaciones emblemáticas a figuras de la intelectualidad, la política y la cátedra. Ello nunca fue sustituto para la tarea más pedestre de rellenar las filas de los nuevos batallones de la infantería diplomática que, de consuno con los funcionarios del servicio exterior que permanecieron fieles a la República, constituyeron el meollo de la nueva carrera.
En las filas de aquella infantería se insertó un joven Francisco Ayala, a las órdenes inmediatas del embajador en Praga, el eminente catedrático de Derecho Penal y vicepresidente socialista de las Cortes, Luis Jiménez de Asúa.
La legación en Praga tuvo que hacer frente a dos tareas urgentes. La primera, conseguir que el Gobierno checoslovaco –que, como los de los restantes países europeos, se había alineado tras la política de no intervención en los asuntos de España– se viese inducido a suministrar armas a la República. No fue un cometido fácil. El Gobierno de Praga, de coalición, estaba dividido en sus simpatías hacia los dos bandos en lucha en España. Jiménez de Asúa y sus colaboradores, a la cabeza de los cuales se situó Ayala, puso toda la carne en el asador por llevar a cabo complicadas operaciones, la mayor parte de las cuales no tuvieron éxito. La segunda tarea fue montar un servicio de inteligencia que pudiera proporcionar informaciones de naturaleza política sobre la evolución en la Europa central y los designios alemanes, tanto en el plano general como sobre la guerra en España. Este es un aspecto más conocido, ya que los informes de Jiménez de Asúa están perfectamente conservados.
Dos intelectuales lúcidos al servicio de la República en la misma embajada no fue algo que se repitiera con frecuencia en la red exterior. La legación de Praga se puso a la cabeza y superó a otros puestos incluso teóricamente más importantes, como Londres, París o Moscú.
Las cosas no terminaron bien. Los diplomáticos en Praga tuvieron que sufrir los efectos de un Ministerio de Estado desmantelado, a pesar de los esfuerzos titánicos de sus cuadros directivos, por lo general funcionarios de la antigua carrera. Los viejos demonios de la administración española de la época –descoordinación y una logística pobre– hicieron de las suyas. Los funcionarios de Praga, como los de otros tantos puestos, recibieron escasas instrucciones y los sueldos con notable retraso. Añádase a ello el ensombrecimiento del panorama europeo, para seguir el cual los telegramas de Praga constituyeron ayudas preciosas.
Notable es, pues, que no disminuyera el fervor republicano de Jiménez de Asúa y de sus colaboradores de Praga. Ayala lo demostró cumplidamente cuando le llamaron a filas y volvió a España, incorporándose como teniente auditor al Ejército Popular. Su etapa de diplomático quedó atrás.
Hoy no podemos hacer sino recordarla y recordar las circunstancias que a ella le llevaron.
Miguel Ángel Moratinos es ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
Ilustración de Iker Ayestaran
Tags: economía política internacionalVICENÇ NAVARRO
Uno de los argumentos más utilizados en círculos progresistas para explicar la pobreza en el mundo ha sido el que presenta la pobreza de los países mal llamados pobres como resultado de la explotación que sufren por parte de los países ricos. Las poblaciones de los primeros están siendo explotadas por las poblaciones de los segundos. En tal argumento, se considera que el mayor conflicto en el mundo es el existente hoy entre los países del Norte (ricos) y los del Sur (pobres).
Tal postura olvida, sin embargo, que tanto en los países del Norte como en los del Sur hay clases sociales que tienen intereses distintos e incluso contrapuestos. Ignorar esta realidad conduce a una interpretación errónea de la situación en el mundo. Por ejemplo, el golpe militar del general Pinochet en Chile se interpretó, en amplios sectores de la comunidad progresista internacional, como la imposición de una dictadura militar a Chile por parte de EEUU con el fin de evitar la existencia de un Gobierno de izquierdas (que incluía al Partido Comunista) que podía caer en la órbita de la Unión Soviética, adversaria de EEUU.
El problema con esta explicación es que no se corresponde con lo que en realidad ocurrió en aquel país. Yo estaba en Chile durante aquella época. Tuve el enorme privilegio de asesorar al Gobierno de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende, y pude ver de primera mano lo que estaba pasando en aquel país. Los que realizaron y apoyaron el golpe militar fueron, todos ellos, chilenos. La burguesía chilena, la banca chilena, los terratenientes chilenos, la patronal chilena, la Iglesia chilena, los colegios profesionales chilenos y el Ejército chileno, todos ellos componentes de la clase dominante chilena. Se opusieron al Gobierno de Allende porque sus reformas estaban afectando a sus intereses y privilegios.
Por otra parte, quien apoyó el golpe militar no fue Estados Unidos. Muchos pensadores progresistas olvidan con excesiva frecuencia que EEUU no es un país de 302 millones de “imperialistas”. Conozco bien EEUU (donde he vivido más de 40 años) y hay que ser conscientes de que en aquel país hay clases sociales que están en conflicto. Hay una lucha de clases (además de razas) de enorme intensidad y crueldad (la esperanza de vida de un trabajador no cualificado es menor que la de una persona de la clase media alta en Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo). No fue EEUU, sino el Gobierno de Richard Nixon, quien apoyó activamente el golpe militar, en un momento, por cierto, en el que el presidente Nixon no podía visitar barrios obreros por su enorme impopularidad (acababa de enviar el Ejército a Appalachia, la cuenca minera de EEUU, paralizada por una huelga que había afectado la distribución de la energía en todo el este del país).
Tiene que entenderse, pues, que una cosa es el Gobierno de un país, y otra cosa es la población que vive en él. No puede asumirse automáticamente que el Gobierno representa los intereses o los deseos de la mayoría de la población. En EEUU, el 68% de la población no cree, por ejemplo, que el Congreso de EEUU o el Gobierno federal de EEUU represente sus intereses. Cree que representa los intereses del mundo empresarial –llamado Corporate Class (CBS, 05-06-08)–.
Cuando la Administración Nixon apoyó el golpe militar en Chile, la mayoría de la ciudadanía no creyó que Nixon representara sus intereses. Esta distinción entre Gobierno y población, sin embargo, raramente se hace en los medios. Así, en otro momento histórico, los medios internacionales hablaron de que “España apoyaba a EEUU en su invasión a Irak”. Esto se escribía en el mismo momento en que millones de españoles estaban en la calle manifestándose en contra de la decisión del Gobierno de José María Aznar de apoyar la invasión en aquel país por parte del ejército estadounidense y a la vez que las encuestas señalaban que la mayoría de la población española se oponía a tal invasión.
Esta falta de distinción entre Gobierno y deseo popular no ocurre al azar. Es parte de un proyecto de intentar legitimar los sistemas llamados democráticos, presentándolos como portavoces del sentir popular, aún cuando, en gran número de sistemas democráticos, el porcentaje de la población que ha votado al partido gobernante no es la mayoría de la población. Este es el caso de EEUU. No puede asumirse, por lo tanto, que lo que hace y decide el Gobierno federal es lo que la mayoría de la ciudadanía estadounidense desea.
Ahora bien, soy consciente del argumento de que la clase trabajadora de los países ricos se beneficia de las políticas exteriores de sus gobiernos. En EEUU, por ejemplo, la gasolina es relativamente barata, y ello parecería dar la razón a aquellas voces que hablan de la complicidad de las clases populares en aquella política exterior basada en la explotación de los recursos –como el petróleo– adquiridos por medios violentos y no democráticos en otros países. Pero tal argumento también ignora varios hechos importantes. Uno de ellos es que si a las clases populares de EEUU se les pregunta (como se ha hecho en encuestas) si preferirían desplazarse al trabajo utilizando transporte público o utilizando su propio coche, la gran mayoría prefiere lo primero sobre lo segundo. Pero el hecho de que no pueda utilizarlo es consecuencia de que la industria del automóvil, en alianza con la industria del petróleo, han destruido el transporte público, realidad claramente documentada (ver Howard Zinn, People’s History of the US). De ahí que el dominio de tales intereses económicos en el diseño de la política exterior e interior ha dañado enormemente los intereses de las clases populares, no sólo en los países del Sur, sino también en el Norte.
Lo que hemos estado viendo en los últimos 40 años es la alianza de las clases dominantes del Norte y del Sur en contra de los intereses de las clases populares del Sur y del Norte.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Casal
Tags: justicia políticaJOSÉ ELÍAS ESTEVE MOLTÓ
La recién aprobada reforma del artículo 23.4 de la LOPJ, que cercena el ejercicio efectivo de la jurisdicción universal por parte de los tribunales españoles, socava los valores e ideales más elementales del socialismo y traiciona los derechos más fundamentales de los pueblos que defiende la Internacional Socialista.
Hasta la fecha, los casos investigados por la Audiencia Nacional en materia de Justicia Universal han supuesto una fuerte apuesta por la “política de la justicia” instigada por la acción individual de las víctimas. Con ello no se persiguen objetivos políticos, a los que se ven abocadas en muchas ocasiones las relaciones interesadas de los estados, sino que se pretende –como asegura el Consejo de Justicia de la Unión Europea (Decisión 2003/335/JHA de 8 de mayo de 2003)– el procesamiento y castigo de los responsables de crímenes internacionales. Lo decisivo es que este ejercicio de responsabilidad restablece de forma directa la voluntad popular y la solidaridad universal en materia penal y limita la soberanía de los estados en este contexto. Siendo así, los defensores de esta justicia estábamos aludiendo al elemental razonamiento democrático (que ha quedado hecho añicos) por el cual “la ley internacional aún protege la soberanía, aunque –sorprendentemente para los detractores de la justicia universal– la soberanía del pueblo, y no la del soberano”.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, nos han dicho que esta reforma refuerza “nuestro compromiso” con este principio y le dota de “mayor eficacia”. Si es así, pónganse por un instante en la piel de las miles de mujeres birmanas que son violadas y asesinadas por la Junta Militar Birmana, de los más de 400.000 niños soldado que tiene secuestrados el régimen de Rangoon, de las innumerables mujeres tibetanas y niños que han muerto en sesiones de esterilizaciones forzosas, de los miles de monjes tibetanos y birmanos que son asesinados impunemente por las dictaduras sólo por salir a la calle a gritar con valentía y sin más arma que la verdad: ¡basta ya!
¿Qué va a ser de la esperanza que conservaban los miles de prisioneros políticos de estos países que son torturados diariamente cuando conozcan que la justicia que se buscaba para ellos se ha esfumado por unas quejas diplomáticas de los estados más poderosos, como está amplia y vergonzosamente acreditado? Estos crímenes internacionales, no sólo les ofenden a ellos como víctimas, sino a toda la humanidad en su conjunto. Ahora se les cierra la única puerta abierta, ya que ni en sus propios países dictatoriales pueden acudir a sus tribunales, ni el Tribunal Penal Internacional puede conocer estos casos, puesto que ni China, ni Birmania, son parte del Estatuto de Roma.
Por lo que respecta al caso del Tíbet, parece ser que la carta que la Embajada china envió al Gobierno el pasado mes de julio solicitando el archivo de esta querella ha dado sus frutos. Por este mismo motivo, el mes pasado en Israel Simon Peres le dio públicamente la enhorabuena a nuestro presidente por el archivo de la causa palestina. Habría que saber si también le felicitaron los familiares de las víctimas de los bombarderos de Gaza. Y me pregunto si le habrán llegado ya las felicitaciones desde Beijing.
¿Qué les ha sucedido a los que años atrás se encontraban en la oposición, jaleando en las calles la orden de arresto internacional de Pinochet y el No a la guerra? Ahora, desde el poder, han dicho Sí a la impunidad de los genocidas y torturadores. Y eso que, en el Programa de Derechos Humanos, uno de los objetivos es la lucha contra la impunidad y la defensa de estos derechos fundamentales en todo el planeta. Además, ¿cómo este Gobierno puede pretender resolver los conflictos internacionales a través de una Alianza de Civilizaciones que promociona como instrumento esencial un Derecho Internacional que, con total premeditación y alevosía, ha sido enterrado?
¿Acaso, en última instancia, se está haciendo inevitable recurrir a la violencia y al terror para reivindicar los derechos que le son propios a los pueblos, o al menos así atraerse la atención de la comunidad internacional? Lamentablemente, hoy en día se presenta esa paradoja: por una parte se persigue la paz y se lucha contra el terrorismo a través de guerras ilegales; y por otra, no se premian propuestas pacíficas a crisis enquistadas como las de Tíbet o Birmania. En esta desesperanza se encuentra el origen de los grupos violentos, cuyas voces ya comienzan a escucharse en estos pueblos oprimidos que desde hace décadas resisten a través de métodos no violentos inspirados por el movimiento de Satyagraha de Gandhi. Si realmente, conforme a los propósitos de las Naciones Unidas, se está interesado en la resolución pacífica de los conflictos, se debería actuar sobre sus causas y no sólo sobre sus manifestaciones más extremas.
Lamentablemente, de todo este proceder se desprende que, en esta nueva era de la globalización de la economía (pero no de la justicia), los dictados políticos quedan condicionados por los criterios del mercado que en muchos casos imponen las empresas transnacionales y, más aún, cuando delante se tiene al gigante asiático. Y todo ello pese a que se está pagando un alto precio al deslocalizar nuestras empresas a estos países; hecho que irremediablemente provoca una creciente bolsa de desempleados en España.
Con la mal llamada modificación de la Ley de Justicia Universal siento profundamente que el Partido Socialista ha traicionado los ideales de Pablo Iglesias, que dicen: “Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas, ni para recrearos en su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes”. Principios que constan en el reverso del carnet de militante que les devuelvo, y que con tristeza reconozco, han sido irremediablemente ultrajados.
José Elías Esteve Moltó es redactor e investigador de las querellas de Tíbet y Birmania en la Audiencia Nacional
Ilustración de Juan Ossorio
