Por Vicenç Navarro,
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Director del Observatorio Social de España

El Estado del Bienestar en Catalunya ha estado y continúa estando muy poco financiado y muy poco desarrollado, características que comparte con el Estado del Bienestar español, situación que está empeorando con los recortes de gasto público (incluyendo gasto público social) que están realizando los gobiernos español y catalán. Ya antes de que comenzara la crisis actual (2007), Catalunya se gastaba el 17,8% de su PIB en los servicios públicos de su Estado del Bienestar (tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia –mal llamadas guarderías en Catalunya y en España- y servicios domiciliarios para las personas con dependencia, entre otros) y España el 21,3%, unos porcentajes muy por debajo del promedio de la Unión Europea de los Quince, UE-15 (el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo que Catalunya y España), donde el gasto era el 26% del PIB, y muy, muy por debajo de Suecia, con el 28% del PIB, el país de la UE con mayor desarrollo de los servicios públicos del Estado del Bienestar. Tal subdesarrollo y subfinanciación se traducen también, entre otros indicadores, en el bajo porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar. Así, en 2007, sólo un 8% de la población adulta que vivía en Catalunya, y el 10% de la que vivía en España trabajaba en tales servicios, un porcentaje muy inferior al promedio de la UE-15, un 15,01%, y muy, muy por debajo de Suecia, un 23,75%. Casi un sueco de cada cuatro trabajaba en tales servicios del Estado del Bienestar -en España, sólo uno de cada diez, y en Catalunya ni siquiera llegaba a ser uno de cada diez.

Varias han sido las explicaciones que se han dado para esta subfinanciación del Estado del Bienestar, que se está incluso acentuando más marcadamente con los grandes recortes que se están realizando (6.000 millones de euros según los presupuestos del gobierno español). Una de las más frecuentes es que España y Catalunya son pobres (es decir, no tienen los recursos para financiarlo) y, por lo tanto, es lógico que su Estado del Bienestar esté subfinanciado. Según tal explicación, a más desarrollo económico, más gasto público social. Es fácilmente demostrable que esta hipótesis que está bastante extendida en algunos círculos económicos  no se sostiene en base a los datos existentes. España y Catalunya se gastan en su Estado del Bienestar mucho menos de lo que les correspondería por su nivel de desarrollo económico. Así, el PIB per cápita en 2007 representaba en España el 94% del PIB per cápita del promedio de la UE-15, mientras que su gasto público social per cápita era sólo el 74% del promedio de gasto público social per cápita de la UE-15. Si hubiera sido el 94% (como lo era su PIB per cápita), España se hubiera gastado 66.000 millones de euros más de lo que se gastaba. La situación es incluso peor en Catalunya, pues el PIB per cápita representaba el 110% del PIB per cápita promedio de la UE-15. Catalunya era más rica que la UE-15 y, sin embargo, su gasto público social era sólo el 73% del promedio de la UE-15. Si hubiera sido el 110% del promedio de gasto público social de la UE-15, Catalunya se hubiera gastado 19.600 millones de euros más de lo que se gastaba en su Estado del Bienestar. Éste es el tamaño de su déficit social. No puede asumirse, por lo tanto, que la enorme subfinanciación del Estado del Bienestar catalán se deba a su inexistente pobreza. Tanto España como Catalunya tienen los recursos para tener un Estado del Bienestar mucho más desarrollado del que tienen. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y de nuevo, la situación está empeorando todavía más con los recortes.

Otro argumento que se ha utilizado, sobre todo en Catalunya, para explicar su enorme déficit social, es el déficit fiscal, es decir, la excesiva aportación que la población que vive en Catalunya hace al Estado central español, que se calcula que es el 8% de su PIB (si se mide por flujos monetarios) o de 5,8% (si se mide por los beneficios). Ni que decir tiene que tal déficit fiscal contribuye al déficit social. Pero el déficit social es mucho mayor que el déficit fiscal. Catalunya (que en 2007 se gastaba 5.475 unidades de poder de compra o upc (una unidad monetaria que se utiliza para poder homologar el poder de compra entre países de distinto nivel de vida) por habitante en su estado de bienestar, debería gastarse por el nivel de riqueza que tiene 8.210 upc por habitante. Asumiendo que todo el déficit fiscal se recuperara y que se asignara al gasto social en el mismo porcentaje que ocurre ahora, la cantidad que esta Catalunya sin déficit fiscal se gastaría sería de 6.236 upc, lo cual es una corrección importante, pero todavía muy distante de lo que tendría que gastarse, 8.210 upc, por el nivel de riqueza que Catalunya tiene.

Las causas del subdesarrollo social

El déficit social en Catalunya, por lo tanto, se debe también a otras razones que tienen escasa visibilidad en el debate actual sobre su subfinanciación. Y entre ellas, la más importante es la política fiscal sumamente regresiva que existe en Catalunya (y en España), y que los sucesivos gobiernos catalanes (y españoles) han llevado a cabo y que han incluso empeorado ahora con la crisis. Por ejemplo, durante la burbuja inmobiliaria se hicieron recortes de la carga impositiva, resultado de la reforma tributaria del 2006 (aprobada por el PSOE, CIU y PP), que significó una pérdida de ingresos al Estado de 19.540 millones de euros, bajada de impuestos que benefició sobre todo a las rentas del capital y a las personas de rentas superiores.

Y cuando la crisis empezó, en lugar de revertir aquella reducción de impuestos, se recortó el gasto público social. Así, se congelaron las pensiones para conseguir 1.200 millones de euros, cuando podrían haberse obtenido 2.100 millones si se hubiera mantenido el impuesto de patrimonio (eliminado con el apoyo del PSOE y CIU), o cancelado los recortes del impuesto de sucesiones, 2.552 millones de euros (aprobados por CIU y PP), y así un largo etcétera. Estos son indicadores de que la mayor causa del subdesarrollo ha sido el dominio que las fuerzas conservadoras y sus políticas (a las cuales la socialdemocracia se ha adaptado con excesiva facilidad) han tenido sobre sus Estados.

En cuanto a la futura Catalunya independiente, si es que ocurre, el déficit social se reduciría o no dependiendo de quién la gobernara. Por cierto, el País Vasco, que ha estado gobernado por las fuerzas conservadoras en la mayoría de su periodo democrático, tiene un PIB per cápita que era el 122% del promedio de la UE-15, y a pesar de ello, el gasto público social era sólo el 73% del promedio de la UE-15, y ello aunque tenga ya el Pacto Fiscal que el gobierno CiU ha propuesto. A la luz de estos datos, parece lógico concluir que ni la eliminación del déficit fiscal ni la aprobación del Pacto Fiscal resolverán, por sí solos, tal enorme déficit social de Catalunya. Dependería de la sensibilidad social del partido que la gobierne.

La evidencia existente muestra, pues, que los partidos gobernantes hoy en España y en Catalunya, el PP y CiU, han sido responsables, mediante la aprobación de leyes y presupuestos en las Cortes Españolas y en el Parlament de Catalunya, del acentuado subdesarrollo social de Catalunya y de España. Los recortes que ambos gobiernos han estado aplicando (en contra de un mandato popular, pues tales recortes no estaban en su programa electoral) están perjudicando el subfinanciado Estado del Bienestar, tanto en Catalunya como en España. La aparente animosidad entre tales formaciones políticas oculta una alianza de intereses financieros y económicos que intentan reducir el nivel de protección social a ambos lados del Ebro. La complicidad de la socialdemocracia en las políticas de recortes, iniciadas por el gobierno Zapatero en su segundo mandato, ha sido acentuada, con creces, por tales formaciones conservadoras que hoy utilizan las banderas para ocultar su comportamiento antisocial.