Dominio público

Opinión a fondo

Municipalismo y rebeldía democrática frente a la reforma local del PP

07 Dic 2013
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Pedro Del Cura Sánchez y Curro G. Corrales
Concejales de IU en Rivas Vaciamadrid

El proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local está pasando con más pena que gloria por el debate público, a pesar de su enorme importancia. En la escalada de recortes sociales a golpe de decreto por parte del gobierno de Mariano Rajoy, la reforma local aparece, en su escaso tratamiento, como una disputa entre instancias administrativas.

Pero esta reforma, tramitándose ya en el Senado, obedece a una hoja de ruta clara del  Partido Popular, avalada por la reforma del artículo 135 de la Constitución: convertir a los Ayuntamientos en el chivo expiatorio de la crisis (a pesar de que su deuda representa sólo el 6% del total de la deuda pública española). A ello han ido encaminadas diferentes medidas como la Ley de Estabilidad Presupuestaria o el Real Decreto-ley 4/2012 de Pago a Proveedores. Los Ayuntamientos están pagando a intereses superiores al 6% créditos que la banca privada consigue del Banco Central Europeo al 1%. Se convierte así la deuda comercial de la administración en deuda financiera que ha de pagarse como absoluta prioridad, antes que el mantenimiento de los servicios o el empleo público. La sombra de la Troika es alargada y las instituciones más cercanas a la ciudadanía, los Ayuntamientos, no se le escapan.

Esta progresiva ‘deudocracia’ tiene además una caracterización política cada vez más evidente: ante el agotamiento del modelo político de la Transición, con el fuerte cuestionamiento de sus pilares básicos (de la monarquía a la justicia, pasando por el  Estado autonómico y la cuestión nacional, o el bipartidismo como sostén del régimen), y frente a las crecientes voces que abogan por un nuevo proceso constituyente, el PP está definiendo una suerte de ‘restauración’ por arriba a base de reformas parciales de fuerte sesgo autoritario y antisocial (el sistema de pensiones y la ley de seguridad ciudadana son las dos últimas) pero insertadas en un relato en el que el sacrificio es necesario para la “regeneración”, la “sostenibilidad” o la “modernización” del país.

Así, la reforma local del PP no se explica sólo en la necesidad de sanear el sistema financiero a costa de los servicios públicos del ámbito local, sino que tiene el objetivo de que los Ayuntamientos dejen de ser lo que son, limitarlos como espacios donde la soberanía ciudadana alcanza más concreción. El Estado del bienestar español, aunque nunca suficientemente desarrollado, jamás habría alcanzado sus niveles de cohesión social y calidad de lo público sin el papel proactivo de los Ayuntamientos.

A partir de ahora, las políticas de igualdad y contra la violencia de género, los servicios sociales, las escuelas infantiles, la promoción de vivienda social o las políticas activas de empleo pasarán a ser un territorio vedado por ley a los Ayuntamientos, dejando su prestación en el aire de las privatizaciones y la destrucción de empleo público. Mientras, las diputaciones provinciales, no elegidas directamente por el pueblo y nichos de caciquismo y redes clientelares, saldrán reforzadas.

La responsabilidad de la izquierda

La izquierda, y quienes desde sus postulados ejercemos de representantes públicos de nuestros vecinos y vecinas, tenemos una enorme responsabilidad: no se trata sólo de definir cuál es nuestra alternativa a la propuesta del Gobierno del PP. Confiar exclusivamente en que seremos capaces de, en un tiempo récord, emprender una movilización lo suficientemente fuerte como para darle la vuelta a esta ley anti-ayuntamientos, es un espejismo. Esperar a una posible derrota del PP dentro de dos años que permita derogar este ataque al municipalismo, una irresponsabilidad.

Mientras, ¿nos cruzamos de brazos, aplicando sin más los recortes de Rajoy porque “la ley es dura, pero es la ley”? ¿Proclamamos, por el contrario, una desobediencia que, más allá de la consigna, no resistirá a la realidad misma? Debemos plantear alternativas viables, solventes, que permitan además generar a pie de calle un proceso de acumulación de fuerzas frente al PP y a la ‘bestia herida’ que es hoy el régimen.

Entre el ‘Sí, Bwana’ y la insumisión retórica, está la política: la rebeldía democrática de mirar a nuestros vecinos y vecinas a los ojos y, desde la pedagogía, la transparencia y la corresponsabilidad, concretar con ellas esas alternativas. El municipalismo progresista nunca tuvo su razón de ser en demostrar que gestionaba los polideportivos, el alumbrado público, la limpieza viaria o los festejos “igual de bien” que dice hacerlo la derecha, para quien el poder siempre le pertenece por derecho natural. Complejos fuera, la mayor fortaleza de la izquierda ha sido entender el espacio urbano como una oportunidad para hacer visibles otros referentes sobre otros valores.

Es en las ciudades y en los pueblos donde se concretan las contradicciones económicas, sociales, ambientales y de género del mundo en que vivimos. Y es también donde toma cuerpo la conciencia colectiva de esas problemáticas y el compromiso de darles respuestas. Y eso no va a cambiarlo ninguna ley.

Empoderamiento ciudadano para la rebeldía democrática

Por eso, nos parece imprescindible ponernos a trabajar ya en esas respuestas. En Rivas Vaciamadrid estamos avanzando en esta línea. El Ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida está promoviendo un debate en sus escuelas infantiles municipales (afectadas por los recortes de la Comunidad de Madrid y amenazadas por la reforma) para, junto a sus profesionales y las familias, garantizar que no vamos a cerrar ninguna. Otro ejemplo: queremos revisar el modelo de gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda, reforzando su control público efectivo e impulsando más transparencia y una diversificación de su actividad, que la adapte a la nueva realidad económica y la haga viable ante el cambio legislativo más que adverso.

Se trata de amplificar el debate sobre el futuro de las ciudades y la defensa de lo público y lo común para que tanto la administración local como sus “administrados”, la ciudadanía, sean partícipes de lo que está en juego y aliados frente a esta ofensiva. Necesitamos un municipalismo del contrapoder que amortigüe el desmantelamiento del Estado social y fortalezca el empoderamiento ciudadano hacia su reconquista.

Todo ello, saliendo al encuentro de las reflexiones que en la línea de la economía del bien común y el movimiento de ciudades en transición se están extendiendo, y sabiendo que es fundamental tejer redes entre aquellos municipios que compartimos el compromiso de una democracia participativa, equitativa y fraternal desde aquello que nos queda más a mano.


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