La corrupción no es un fenómeno exclusivo de España pero el abrigo que han recibido quienes han saqueado las cajas fuertes y la impunidad de la que han gozado los políticos implicados ha sido tan nuestro como la siesta o la tortilla de patatas. Se hace casi imposible encontrar un caso en el que los maleantes hayan sido señalados por sus compañeros de partido, a los que había que suponer forzosamente al corriente de su enriquecimiento súbito, de sus áticos de lujo, de sus Jaguars en el garaje y de sus ternos de Armani.

Este ha sido el reino de la omertá y de la indulgencia, porque ha costado décadas que el electorado experimentara algo parecido a una repulsa y diera su merecido en las urnas a los señalados por actuaciones indecorosas, que solían revalidar sus cargos con más apoyo incluso que antes de ser pillados con las manos en la masa. De hecho, a medida que la corrupción se extendía era menor la disposición de la ciudadanía a exigir responsabilidades, una patrón de comportamiento que se apoyaba en la creencia de que como todos robaban era preferible que quienes lo hicieran fueran los de su bando. No deja de ser paradójico que, asolado por la corrupción de los suyos, tuviera que ser una moción de censura y no una derrota en las urnas la que apeara al PP del Gobierno. De no haber mediado en esta fiesta de la cleptomanía una crisis económica devastadora, los ladrones seguirían anteponiendo a su nombre el excelentísimo señor en sus tarjetas de visita.

Si la corrupción ha sido una termita que ha desprestigiado a la política y ha devorado el crédito de las instituciones es porque estas han contribuido a taparla por temor a esos tirones de manta tan comprometedores, o han corrido en auxilio de los manilargos, pendientes por lo general de que una pequeña parte de sus dividendos sirviera para financiar campañas y sobresueldos. Es verdad que el fenómeno se ha contenido en parte, aunque sigue dejando coletazos del trato de favor obsceno e injustificable que  han recibido los protagonistas de las rapiñas.

Este domingo daba cuenta el diario El País de que el Ministerio de Justicia pagó durante la etapa como ministro de Rafael Catalá la minuta de los abogados de oficio de varios acusados de la trama Gürtel que no tenían reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita por disponer de medios para costearse a sus letrados, o estaban expresamente excluidos de ella, tal que once de las sociedades que se lucraron con la trama corrupta que tenía al PP en el centro de su eje.

El mecanismo utilizado ha sido un convenio con el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Madrid para compensar a los defensores de oficio que, por su complejidad, debían atender casi en dedicación exclusiva a la macrocausa de Gürtel. Se fijó un límite de 30.000 euros por abogado, que se ha superado ampliamente, y se estableció un tope de 570.000 euros en el convenio que se ha duplicado. Un informe del actual equipo ministerial cifra en 800.000 euros la cantidad que ha podido librarse indebidamente para pagar, por ejemplo, la defensa del cabecilla Francisco Correa, la del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, coleccionista de coches y de relojes de lujo, o la de sociedades de ambos y del exsecretario general del PP gallego Pablo Crespo. Todo apunta a que fue Justicia la que dio el visto bueno a los abonos aun sabiendo que eran legalmente insostenibles.

Desde el punto de vista de los contribuyentes el escarnio no puede ser mayor. No sólo hemos sido víctimas de un saqueo sino que, en lo que aparenta ser una malversación de libro, se han vuelto a distraer fondos públicos para que los presuntos ladrones de entonces -ahora tras la condena ladrones con todas las letras- no tuvieran que afrontar el coste de sus defensas. En definitiva, y usando la expresión más ajustada que ofrece el castellano, además de putas hemos puesto la cama. Seguimos para bingo.