Fernando Pedrós
Periodista, filósofo y miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD)

La Asamblea Francesa desilusionó hace unas semanas a la gran mayoría de franceses que, según las encuestas, esperaban una salida diferente a la simple y escueta aprobación de la sedación terminal como medio de terminar la vida de enfermos en situaciones de gran sufrimiento. Frente a este bien reciente fracaso político valga recordar que el 12 de abril de 2001, hace catorce años, Holanda despenalizaba la eutanasia activa y el suicidio asistido. Y años después, 2004, los menores de edad mayores de 12 años podían acogerse a esta ley despenalizadora si los padres se implicaban en la solicitud de morir que hacía el menor.

La legalización de un hecho y una situación social depende de observar y valorar la realidad a tratar y de la voluntad política. Ambas cosas se dieron en Holanda: se asumió el hecho eutanásico tanto porque que existía una demanda mayoritaria de legalización de la eutanasia como por que se reconoció la existencia de un buen número de eutanasias clandestinas; y no faltó la voluntad comprometida no solo de los políticos sino de representantes de la judicatura y del cuerpo médico que trabajaron codo con codo en la praxis judicial y médica para dar viabilidad a un proyecto que solucionase la situación.

Muchas personas sienten que la degeneración física, los sufrimientos físicos y psíquicos les han conducido a una situación que consideran indigna. En tales circunstancias pueden llegar a contemplar la muerte como un mal menor; liberarse de sus penalidades y también de una agonía. Para ello necesitan el respeto a su dignidad y a su libre voluntad de alcanzar la muerte cuando ya nada se puede hacer por devolver a sus vidas la calidad a la que todo ser humano tiene derecho. Pero a veces las instituciones oficiales son reacias a aceptarlo y darle solución legalmente a pesar de que no se les oculta que existen demasiadas eutanasias clandestinas y que muchos médicos por solidaridad corren un serio riesgo.

Este es por ejemplo el caso de Francia bien palpable en el debate parlamentario sobre la muerte digna. Solo hay que recordar que la diputada de Los Verdes Véronique Massonneau el 29 de enero frente a las propuestas tan recortadas de un grupo socialista y los conservadores del grupo de Leonetti presentó una propuesta sincera y viable de ley de eutanasia. Puso el ejemplo de sus padres belgas y residentes en Bélgica que murieron por eutanasia activa y por suicidio asistido. Y terminaba sus palabras pidiendo que los diputados desechasen los fantasmas y miedos que aparecían en la Asamblea y que el final de la vida no es cuestión de derechas ni de izquierdas sino de la libertad del enfermo. Y como colofón dejaba caer la cifra de 3.000 eutanasias activas clandestinas, habidas en Francia en 2012, según el Instituto Nacional de la Demografía, que iban a quedar sin solución legal a la par que otras muchas más solicitudes de eutanasia o suicidio asistido que quedarían sin respuesta.

Por el contrario, gracias a la legalización de hace 14 años, según los datos de la Oficina Central de Holanda de Estadística, el CBS organismo homólogo al INE, el 2,8% de las muertes que se producen en Holanda (que muy posiblemente serían antes eutanasias clandestinas) son hoy muertes por eutanasia o suicidio asistido en plena legalidad. En 2013 el CBS registró 4.829 casos, principalmente de enfermos afectados por el cáncer (8 de cada 10) en situación terminal. Y los médicos (el 86% de los médicos holandeses están dispuestos a practicar la eutanasia) ya pueden ser solidarios con sus enfermos sin riesgos de persecución judicial y sanciones. Desde esta aprobación el ciudadano de acuerdo con su médico y, claro está, cumpliendo las condiciones marcadas por la ley que garantizan la corrección del proceso puede morir, según su situación física, bien por la ingestión de una droga letal o por inyección intravenosa incluso en su propio domicilio. Y todo se mantiene en orden ciudadano: se respeta la libertad del ciudadano, el proceso eutanásico es transparente y las comisiones regionales ad hoc evalúan los casos que se producen y verifican que se ha cumplido con las exigencias de los protocolos regulados. En las comisiones están presentes médicos, especialistas en ética y abogados y, si en 2013 se conocieron 4.829 casos, solo en 5 de ellos se apreció alguna deficiencia respecto a los requisitos legales.