Jaume Asens

Portavoz de Guanyem y Responsable de derechos humanos de Podemos

La amplia operación de la Guardia Civil contra la práctica totalidad del colectivo de abogados de los presos de ETA produce una cierta sensación de fatiga histórica. Sitúa en primer plano, otra vez, los efectos de la política antiterrorista del pasado en un momento en que la banda ha cesado definitivamente su actividad armada. A los doce abogados detenidos no se les achaca haber cometido ningún atentado sino formar parte del «frente de macos» -o cárceles- de una organización en vías de disolución. No es la primera vez que se mezcla terrorismo con togas. Con anterioridad, colectivos de derechos humanos como Gestoras Pro Amnistía o Askatasuna ya fueron ilegalizadas y otros abogados detenidos, procesados e incluso encarcelados. No por casualidad el "Día del Abogado Amenazado" del 2003 convocado en las embajadas por las asociaciones europeas de abogados fue con motivo de esa situación inédita en el continente. La tesis que permitió que ello sucediera es ya conocida. Fue popularizada por el juez Garzón con el macroproceso 18/98. Hasta ese momento, para ser considerado miembro o colaborador de ETA era necesario tener relación directa con la organización armada. Era la doctrina asentada por el Tribunal Constitucional 199/87. En opinión del controvertido magistrado, en cambio, todos los grupos ligados a la izquierda abertzale eran, o están destinados a ser, "apéndices" de la estructura de la organización armada. Fueron creados, «fagocitados» o «colonizados» por ella y responden a sus directrices.

A partir de forzadas argumentaciones de ese tipo se cerraron periódicos, se  prohibieron agrupaciones electorales, fundaciones, partidos y otras organizaciones políticas. Hasta se introdujeron delitos de opinión en el Código Penal y se impidieron manifestaciones o reuniones. Es en ese contexto de excepcionalidad que debe interpretarse el nuevo golpe contra los togados. Su actividad en la defensa de sus clientes es considerada ahora "ayuda" a los "fines" de ETA. En Euskadi no ha pasado desapercibido que éstos fueran, de hecho, los mismos que denunciaron los daños colaterales de la política antiterrorista. O quienes recientemente lograran la supresión de la "doctrina Parot" en Estrasburgo.  Esas coincidencias avivan la sensación en ciertos sectores sociales de un sesgo revanchista en quienes ordenan su captura. Es más, miles de internautas convertían el "Je suis Basque" –"Yo soy vasco", emulando el eslogan en solidaridad con las víctimas de Charlie Hebdo- en uno de los lemas más populares de las redes sociales para denunciar la "escalada represiva". Desde espacios de la sociedad civil, como la Red Ciudadana Lokarri , se veía como una persecución a las "ideas u opiniones políticas". Motivo por el cual este sábado hay una manifestación convocada por una treintena de colectivos –entre ellos los sindicatos mayoritarios ELA y LAB-  en Donosti.

En el mundo de la justicia, las dudas también se acumularon por el hecho de que el operativo fue avalado por el juez Eloy Velasco, ex cargo del PP. O por la desafortunada coincidencia temporal con la multitudinaria manifestación a favor de los derechos de los clientes de los letrados. El portavoz del gobierno vasco, Josu Erkoreka, vió en ello una "intencionalidad mediática". Tampoco pasaron inadvertidos los registros en la sede del sindicato LAB o en los despachos profesionales. Estas medidas excepcionales deben ponerse siempre bajo una estricta lupa cuando está en juego el secreto profesional y confidencialidad de las comunicaciones propias de su labor. Igualmente preocupante es  la forma en que se han practicado las detenciones. Los abogados, de hecho, se habían ofrecido con anterioridad a declarar ante el juez para evitar su detención y aclarar cualquier duda sobre sus actividades. Eso no impidió que se les fuera a buscar de madrugada, en sus domicilios, justo antes del inicio de un macro juicio en la Audiencia Nacional. Éste tuvo que ser suspendido por quedarse los acusados sin asistencia letrada, con el perjuicio que ello les ocasionó. Como han señalado asociaciones de derechos humanos, la figura de la detención en lógica democrática es una medida excepcional que debe acordarse solo cuando existe riesgo de fuga y los sospechosos no estén localizables. Ese es una de las razones por el que la práctica totalidad de las asociaciones de abogados europeas, agrupadas en ELDH y el AED, han manifestado su rechazo al operativo. El Colegio de Abogados de Vizcaya y el de Barcelona - a través de su Comisión de Defensa - lo ha calificado de "innecesario" y  "desproporcionado".

En realidad, este tipo de críticas no son algo nuevo. Actuaciones como estas, amparadas a menudo por informes policiales de dudosa solvencia técnica, propugnan una visión expansiva del terrorismo que ha merecido la reprobación de los relatores de Naciones Unidas en la materia. Es ese organismo internacional, precisamente, el que ha recordado la obligación de cumplir con textos como la Convención Europea de los Derechos Humanos o los "Principios Básicos sobre la Función del Abogado" aprobados en La Habana. Y ha advertido, a la luz de los mismos, del riesgo que representa asociar o identificar al abogado con sus clientes. Ya sea por la interferencia en sus deberes profesionales como por el  perjuicio causado al derecho de defensa de los acusados. Es más, el Consejo General de la Abogacía española ha presentado una queja ante la Audiencia Nacional al entender que los arrestos "han podido afectar al derecho de defensa, no solo de los detenidos, sino también de muchos de sus clientes". En una línea similar a reaccionado el Observatorio Mundial para la Defensa de los Derechos y contra la Amenaza a los Abogados.

En verdad, un Estado de derecho digno de ese nombre no puede adentrarse en ese peligroso camino propio de un Estado de excepción. Tampoco puede permitirse bajar la guardia en el respeto de las garantías de quienes deben proteger los derechos de otros. Los abogados deben poder ejercer sus funciones profesionales sin obstáculos o impedimentos indebidos. Ni sufrir o estar expuestos a persecuciones de ninguna clase. Estos principios son de obligado cumplimiento ya en los momentos de máxima violencia de ETA. Una vez disipada su amenaza, con el cese de la actividad armada, resultan todavía más pertinaces. La apertura de un horizonte de paz debe ser una ocasión para, como señala Ubasart, revisar la filosofía de fondo de la lucha antiterrorista. Ya no hay excusas. Existe el peligro, sino, de que algunos quieran seguir agitando el fantasma del terrorismo como arma arrojadiza cuando se ven en apuros para ganar posiciones políticas. O para prolongar la excepcionalidad de ciertas medidas por el vértigo a una situación de normalidad en la que no haya argumentos posibles para negar la libre confrontación democrática de proyectos políticos.