Las noticias que consiguen atravesar los muros de las prisiones casi nunca son buenas noticias. Estos días, directamente desde Alcalá Meco y a través de la cuenta de Twitter del periodista Guillermo Martorell, hemos podido saber que Francisco E.M ha muerto en prisión. Había sufrido un fuerte golpe en la cabeza, tras caerse por unas escaleras, que ha podido ser la causa de su fallecimiento. Fue atendido, según relatan sus compañeros, en la enfermería de la cárcel, pero seguía encontrándose mal al volver a su celda. Algunos presos pidieron que le dejasen en observación, pero su petición fue ignorada. A la mañana siguiente, Francisco estaba muerto.

Martorell relata también las dificultades a las que se están enfrentando los compañeros de Francisco para exigir una investigación que pueda esclarecer si ha habido alguna negligencia. Denuncia que la muerte de Paco es una evidencia más de que la prisión no "cumple con las garantías sanitarias, ni humanitarias mínimas para que allí viva cualquier preso, ni social, ni político".

Justo ahora se cumplen dos años desde que murió, también en prisión, Luis Manuel Acedo. Yo no lo sabía, claro, pero su madre, Toñi, ha aparecido de sorpresa en mi muro de Facebook para recordarme que su hijo ya no está con ella. Es una de las fundadoras del grupo Familias frente a la crueldad carcelaria. Creo que no hace falta que explique a qué se dedican. Tras su muerte, la familia de Luis puso una querella contra el médico y el subdirector médico del módulo 25 del centro penitenciario de Picassent, donde Luis complía condena, denunciando el "abandono médico, el trato inhumano y degradante" que sufrió durante la enfermedad que le provocó la muerte. Tenía cáncer de páncreas con metástasis en el hígado, pero cuando se lo detectaron ya estaba muy avanzado. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprobó su excarcelación dos meses antes de que muriera. Pero era demasiado tarde. Es más fácil que el tiempo se les eche encima a los olvidados.

Algo parecido le ocurrió a Xosé Tarrío González, autor de Huye, hombre, huye, un libro imprescindible para comprender cómo funciona la violencia penitenciaria. Víctima de numerosas torturas, humillaciones y aislamientos, Tarrío murió también poco después de ser excarcelado. Desde entonces, su madre ha denunciado en infinidad de ocasiones que su hijo no murió de VIH/SIDA, que su hijo murió de cárcel. Acusado de robos menores, varios intentos de fuga acabaron por condenarle a pasar la mayor parte de su vida en prisión. En su diario, Tarrío analiza con una lucidez heladora las instituciones penitenciarias y sus formas de actuar. Nos señala, a todos y a todas, en cada línea. Después de una de las innumerables palizas escribió: "La sociedad podía sentirse orgullosa de la rigurosa aplicación de las leyes que la regían y del espectáculo que ofrecen diez hombres golpeando a otro, desnudo e indefenso. Debía sentirse orgullosa, pues todo aquello se ejecutaba en su nombre". Pocas instituciones nos señalan y definen tanto como sociedad como las instituciones carceleras.

Entre sus muros, aislados, los y las presas viven y mueren en silencio. Algunos, los considerados presos políticos, logran que sus demandas tengan algo de eco fuera. A las y los presos sociales o comunes les cuesta más ser escuchados. No siempre ha sido así. En los 70, la Coordinadora de Presos en Lucha, COPEL, logró que sus gritos resonasen con fuerza fuera de los muros de las cárceles. Aprobada la Amnistía política del 77, cientos de presos y presas sociales se organizaron en las prisiones españolas para denunciar, entre otras cosas, la situación de abandono y vulnerabilidad en la que se encontraban. Entonces ya exigían que se cumpliese su derecho a una salud integral, denunciaban negligencias médicas y las reticencias institucionales para permitirles ser atendidos fuera de prisión cuando su estado de salud lo requería.

La historia de la Coordinadora ha sido narrada, de una manera brillante y bella, en Las cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales en la transición, una obra de César Lorenzo. Todavía hoy, el derecho a una salud digna e integral en prisión parece un reto difícil de alcanzar. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía lleva más de 10 años denunciando que los presos tienen derecho a "una atención sanitaria en igualdad de condiciones a la recibida por  la población libre y, sin embargo, no sucede así". Ahora, han lanzado la campaña #SanidadenPrisión. Explican que uno de los problemas más graves es que "la red sanitaria de atención primaria de las prisiones está aislada y gestionada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP)". Por ello, exigen que "los servicios sanitarios, dependientes de Instituciones Penitenciarias, sean transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud". Así está previsto en la Disposición Adicional sexta de la Ley 16/03, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que no se cumple.

Pocas cosas, salvo las condenas, se cumplen en las cárceles. Esos lugares lúgubres donde nos dicen que encierran el peligro, diseñados, sobre el papel, para la reinserción. Pocas mentiras del Estado de derecho son tan sangrantes como esa.