Lucila Rodríguez-Alarcón (@lularoal)

España es históricamente el país de las grandes dicotomías. Por poner algunos ejemplos, tortilla de patatas con o sin cebolla, Sevilla o Betis, caña o doble. Pero hay algo en lo que parece que estamos de acuerdo la mayoría de las personas de este país: estamos hartas de que sigan llegando inmigrantes sin papeles. No existe debate posible en este sentido: prácticamente nadie quiere que sigan llegando a nuestro país, tampoco a ningún otro de la Unión Europea, personas por vías irregulares. Tampoco nos gusta que, aun usando entradas legales como los visados de turista, luego se queden en nuestro país de forma irregular –no hay que olvidar que la mayoría de los sin papeles de nuestro país entran por los aeropuertos–. 

Así que podemos celebrar este consenso en un tema tan complicado como la migración. Donde aparece el dilema es en cómo creemos que se puede solucionar este tema que tanto nos indigna.   Cerrar, securitizar, incluso militarizar nuestras fronteras, devolverlos a todos a su país en cuanto llegan o impedir que vengan en origen son algunas de las "soluciones" más "populares". Construir un sistema de movimiento de las personas más libre pero absolutamente ordenado sería la alternativa. Y atención, porque en esto que podría parecer otra de nuestras típicas discusiones de bar a mediodía nos jugamos mucho más de lo que imaginamos. 

Desde que el 11-S cayeran las torres gemelas, el mundo occidental ha entrado en una carrera loca por la securitización de las fronteras y los países. Aprovechando el shock que generó el atentando en suelo estadounidense, empresas de sectores como el de la defensa o la construcción, en sintonía armónica con los gobiernos, instalaron una narrativa del miedo que ahora está plenamente asentada en nuestras sociedades. Esa narrativa se construye sobre la amenaza de ser agredidos por un enemigo externo a nuestra comunidad, y justifica que el Estado de turno nos vigile y nos prive de libertad "por nuestro bien". Esa vigilancia que se ha puesto en marcha desde hace 20 años, esa seguridad que nos prometen cada día, nos ha costado a los contribuyentes de todo el mundo occidental millones de millones de euros. Por ejemplo, lo que hemos gastado en sistemas de control migratorio en España es incalculable. Y, por desgracia, el efecto de los sistemas de vigilancia puestos en marcha sobre nuestra libertad individual, también. Pero lo peor es que estamos convencidos de que necesitamos esa supuesta protección, de que para evitar que nos vuelvan a hacer daño, para luchar contra el mal, tendremos que aceptar que nos controlen a todos, como si fuera un mal menor. 

Sin embargo, pese a todo ese gasto loco que no deja de crecer, los inmigrantes irregulares siguen llegando a nuestro país. Años y años de gasto y cuando menos te lo esperas se repiten picos de llegadas que creías que eran parte del pasado. 

Obviamente los sistemas de control no están funcionando. Y los profesionales e investigadores de todo el mundo que estudian los procesos migratorios advierten desde hace años que no van a funcionar. Las migraciones son procesos naturales inherentes a la naturaleza humana: no se pueden parar. Ahora bien, sí se pueden gestionar. Gestionar procesos migratorios globales de la forma adecuada necesitaría, eso sí, de una inversión en sistemas de registro y gestión de datos. Podemos imaginar cómo sería un mundo ideal en el que cualquiera que quiera moverse entre países pueda acceder en tiempo real, desde el punto de origen, a un sistema de registro, solicitar un visado, obtenerlo y desplazarse. Con ese visado podría viajar como estime más oportuno, sin necesidad de jugarse la vida, ahorrándose los cientos de miles de euros que acaban en manos de las mafias, cuyo poder económico crece igual de rápido que el gasto público en control y vigilancia. Un viaje en patera no cuesta menos de 1.500 euros y de ahí para arriba, dinero que deja de invertirse en el país de llegada. Otra de las ventajas de este potencial sistema de control es que permitiría a las personas que se muevan volver a su país de origen o elegir otro país si lo que se encuentran en el destino inicial no les gusta. El Labour Mobility Partnerships, una sólida red de trabajo internacional que lleva años analizando la movilidad desde un enfoque laboral, advierte de que existen muchos sistemas de gestión migratoria regulada funcionando con gran éxito en el mundo –entendiendo que el éxito es para los que migran y para los que reciben a esos migrantes, no para las empresas de securitización ni las mafias–. 

Mirando así las cosas se entiende bien lo que nos jugamos con este debate sobre cómo conseguir el objetivo que compartimos de evitar que lleguen 'sinpapeles'. Explicaba el filósofo Rafael Argullol en una reciente entrevista cómo toda la vigilancia que se puso en marcha después del 11-S en principio era temporal, pero luego se quedó. Argullol expresaba su miedo a que esto se repitiera con las restricciones de libertad y vigilancia que se han puesto en marcha con la pandemia. Tenemos que andarnos con ojo. Y a eso se suma la locura de seguir gastando millones de millones de euros del erario público en sistemas de control que no cumplen la función para la que se supone que están diseñados. Sería maravilloso que ese consenso que existe en que no queremos mas inmigrantes sin papeles se canalizara en un movimiento único que, luchando contra la manipulación narrativa, dijera "basta ya" y revirtiera esta situación. Ahí lo dejo.