Pablo Sallabera Moszczynska (@Sallabera)

• La ambición de la Unión Europea por ganar en autonomía energética y liderar la revolución digital se ve frenada por las dificultades para cubrir puestos de trabajo altamente cualificados
• La reforma de la Directiva de la Tarjeta Azul, una de las medidas que ayudaría a atraer un perfil cualificado de países extracomunitarios, no está a la altura

La pandemia ha sido la primera gran prueba. Ahora la invasión de Ucrania y la guerra comercial con Rusia vuelven a poner el foco sobre la fragilidad del sistema productivo de la Unión Europea. Que la UE importe de Rusia más del 40% de su gas natural se ha vuelto uno de los ejemplos más claros de lo expuesta que está a las tensiones geopolíticas. Pero hay otra importante dependencia de la que se habla menos: la desesperada necesidad de atraer inmigración cualificada.

La UE importa de Rusia más del 40% de su gas natural, pero hay otra dependencia de la que se habla menos: su necesidad de atraer inmigración cualificada

La Comisión Europea se ha marcado como objetivo diversificar sus fuentes de energía y ganar control sobre la producción de semiconductores, una de las piezas clave para la economía digital que quiere impulsar. Pero estos son sectores que demandan trabajadores altamente cualificados, los cuales escasean. El mayor dinamismo de economías competidoras hace que la UE se haya enfrentado durante años a la dificultad de cubrir este tipo de puestos de trabajo. Este reto atraviesa además muchos otros ámbitos de la economía europea como el sector de las tecnologías de la comunicación y la información (TICs). El porcentaje de empresas que reportan dificultades para cubrir vacantes de especialistas en este último campo ha ido en aumento. Han pasado de ser el 37% en 2014 al 55% en 2020.

Este problema ha mantenido ocupados a los políticos europeos durante varios años. A finales de 2021 el Parlamento Europeo aprobaba una de las reformas más esperadas en materia de migración altamente cualificada. La Directiva de la Tarjeta Azul Europea recobraba impulso tras una revisión que parecía no tener fin. Este permiso de trabajo fue concebido en 2009 para atraer a estos perfiles de países extracomunitarios. Al homogeneizar los procesos de solicitud y ofrecer una serie de guías para que convergieran las normativas de los Estados miembro, se esperaba hacer más atractiva a la UE en su conjunto. Sin embargo, a pesar de que se trata de una de las pocas medidas en materia migratoria que han conseguido generar cierto consenso a lo largo del espectro ideológico, su eficacia ha sido enormemente cuestionada. Se ha demostrado que su impacto ha sido menor al esperado. La directiva ha tenido dificultades para competir con los planes paralelos de los Estados miembro que tenían este mismo objetivo.

Cinco años después de que la Comisión lanzara la primera propuesta de reforma, la UE ha dado a luz un nuevo texto que introduce algunas novedades. Por ejemplo, los beneficiarios podrán trasladarse a otro Estado miembro después de doce meses, en vez de dieciocho como antes. Todo lo que implique facilitar la movilidad dentro de la Unión Europea hará más atractiva a la Tarjeta Azul. Por otro lado, el periodo de estudio e investigación también contará para acumular los cinco años necesarios para conseguir la residencia de larga duración. Esta medida ayudaría a aumentar las expectativas de arraigo en la UE para estos perfiles cualificados.

Sin embargo, el proceso sigue contando con limitaciones. Aunque este permiso de trabajo puede ser concedido a personas que disfruten de protección internacional, se excluye por ejemplo a aquellas que sean beneficiarias de protección temporal. Esta última medida es precisamente la que se ha activado recientemente para amparar a los refugiados de Ucrania.

Entre las limitaciones está la exclusión del permiso de trabajo a beneficiarias de protección temporal, medida que se ha activado recientemente para amparar a los refugiados de Ucrania

Esta restricción es más circunstancial y no fue anticipada en el debate en torno a la reforma de la directiva. Aquello que ha impedido realmente el desarrollo de un texto más ambicioso ha sido, una vez más, las divergencias entre la Comisión y los Estados miembros, representados en el Consejo Europeo. Dos importantes propuestas del ejecutivo fueron tumbadas. En primer lugar, la reducción de los años a acumular necesarios para que un beneficiario de la Tarjeta Azul pueda obtener el permiso de residencia de larga duración. La Comisión proponía rebajar a tres los cinco años requeridos. La segunda medida bloqueada abordaba de raíz las dificultades que tiene la Unión Europea para ser un destino realmente atractivo: la homogeneización de los criterios de admisión. La directiva deja así un gran margen a los Estados miembro para definir las condiciones de concesión de los permisos.

Uno de estos términos de entrada, el umbral salarial mínimo por el que se puede contratar a un trabajador extracomunitario, sigue dejando margen para que se privilegien los planes nacionales que le hacen competencia. El mecanismo es sencillo. Si un país coloca este umbral mínimo lo suficientemente alto, las empresas solo contratarán a los trabajadores más cualificados de entre todos, restringiendo así el número de concesiones. Así, lo que en principio es una medida para evitar que los migrantes de terceros países cobren por debajo de lo que corresponde a su capacitación, es utilizado para constreñir la entrada.

Cada Estado parece querer competir con los demás en la carrera por el talento. El resultado es un mercado europeo más fragmentado.

Cada Estado parece querer competir con los demás en la carrera por el talento, privilegiando sus propios programas. El resultado es un mercado europeo más fragmentado. Un mosaico de normativas desacompasadas levantan barreras burocráticas que limitan la entrada y la movilidad de los migrantes. Parece que los socios europeos no han terminado de comprender que a veces el todo es más que la suma de las partes. La UE debería interiorizar este principio si quiere competir con mercados más atractivos como lo son el canadiense o el australiano. De nuevo los intereses del Consejo vuelven a priorizarse frente a la visión de conjunto ofrecida por la Comisión Europea. El coste puede ser que la UE sacrifique sus sueños de convertirse en un actor decisivo en la revolución industrial en marcha.