Isabella Carril Zerpa

• Los venezolanos que intentan homologar sus títulos en España denuncian un proceso que dificulta el reconocimiento de sus estudios
• Los efectos que puede tener la extensión del proceso son incertidumbre, explotación y mayores dificultades de inclusión en el país
  

Los profesionales venezolanos siguen luchando para homologar sus títulos. Aunque vienen a España preparados para incorporarse al mercado laboral, pasan años estancados en largos procesos burocráticos. Actualmente el Ministerio de Migraciones plantea una reforma que traería a extranjeros en origen para incorporarlos a sectores como el de transporte o construcción. Esto es percibido como positivo y como un paso hacia una regularización, pero abre el debate sobre cómo hacerlo correctamente, y es que los profesionales se enfrentan a irregularidades y trabas que denuncian constantemente ante el Ministerio de Universidades. Entre los más afectados se encuentran los profesionales de la salud: médicos, odontólogos y psicólogos protagonizan las protestas frente al Ministerio, donde aseguran que el trato que reciben es discriminatorio.

Muchos de ellos perciben intereses claros en contra del proceso de homologación. Los dentistas, por ejemplo, denuncian que los Colegios de Odontólogos del país ejercen presión para evitar la homologación de títulos extranjeros. Sentimientos reforzados por declaraciones como las de Antonio Montero, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, quien en el I Congreso Nacional Multidisciplinar de Odontología, celebrado el 7 de mayo de 2022, acusó a los profesionales venezolanos de intrusismo y afirmó estar "luchando contra la homologación de los dentistas extranjeros".

La homologación se refiere al reconocimiento oficial de la formación superada para la obtención de un título extranjero

La homologación se refiere al reconocimiento oficial de la formación superada para la obtención de un título extranjero. Este proceso se encuentra regulado por medio del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre. Pero a pesar de la claridad de la actual ley, los afectados denuncian un proceso plagado de irregularidades que dificulta el reconocimiento de sus estudios. Más allá de la posible discriminación, los efectos que tiene la extensión de este proceso son reales: incertidumbre, explotación y mayores dificultades de inclusión en España son experiencias compartidas por estos profesionales.

El proceso empieza mediante un trámite por medio del cual la persona interesada debe solicitar la homologación a través del Registro electrónico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y proporcionar una serie de documentos que serán analizados y verificados por autoridades españolas, específicamente por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), incluyendo títulos,  planes de estudio, las certificaciones de los colegios profesionales pertinentes, etc. El plazo para resolver y notificar la resolución de dicho procedimiento es de seis meses. Sin embargo, estos odontólogos y médicos denuncian que no se respetan los plazos establecidos, pues algunos de ellos llevan años esperando resolución y otros ni siquiera aparecen en el sistema.

En 2021, la Defensoría del Pueblo recibió más de 400 quejas con respecto a la tramitación de homologaciones

Esta situación ha llevado a Francisco Fernández-Marugán, ex-Defensor del Pueblo, a pronunciarse al respecto en numerosas oportunidades. En 2021, la Defensoría del Pueblo recibió más de 400 quejas con respecto a la tramitación de homologaciones, donde detectaba expedientes de más de cinco años de tramitación pendientes de resolución, así como otros que permanecían varios años en la ANECA.

Para aquellos que sí reciben resolución, el resultado más común es el de una homologación condicionada a la superación de requisitos formativos complementarios. Por ello, muchas de las personas homologantes deben presentar pruebas de aptitud que consisten en un examen sobre los conocimientos académicos del solicitante y que en el caso de la convocatoria extraordinaria de 2021 se dividió en dos fases (teórica y práctica). Sin embargo, especialmente tras la pandemia, estas pruebas han presentado una serie de irregularidades que dificultan su superación.

En primer lugar, a pesar de que la actual ley establece la realización de dos convocatorias anuales, a causa de la pandemia no se realizaron convocatorias durante más de dos años, situación que afecta gravemente a las personas que deben presentarlas pues cuentan con un máximo de seis años para superar los requisitos complementarios.

En la pandemia no se realizaron convocatorias durante dos años, situación que afecta a quienes cuentan con un máximo de seis años para superar los requisitos

Para los odontólogos, la primera convocatoria realizada desde 2019 fue la convocatoria extraordinaria de 2021. Sin embargo, muchos dudaron en presentarse debido a las condiciones impuestas. Por ejemplo, no se proporcionó temario a pesar de la obligatoriedad de hacerlo y algunos de ellos incluso denuncian la falta de claridad con respecto a la hora de realización de las pruebas prácticas, así como las pobres condiciones en las que tuvieron que presentar, pues algunos afirman ni siquiera haber contado con escritorios donde apoyarse. Adicionalmente, la tasa requerida para presentar dichos exámenes es, para muchos, exorbitante. De hecho, la mayoría de los cupos fueron ofrecidos por universidades privadas, donde la tasa puede alcanzar los 600 euros.

Más allá de la extensión del proceso y la deficiencias de las pruebas, la Asociación de Odontólogos Venezolanos en España denuncia también la falta de transparencia y uniformidad en cuanto a los criterios para determinar los requisitos formativos que se solicitan. Por ejemplo, existen casos en los que algunas personas que siguieron el mismo plan de estudios recibieron materias diferentes y otras, homologación directa.

Este es el caso de Gabriela (nombre ficticio a petición de la entrevistada), quien empezó el proceso de homologación en 2018 y actualmente se encuentra en fase de apelación. Según su resolución, debe presentar la materia Pacientes Especiales, la cual insiste haber cursado no sólo en su grado sino también en su especialidad, experiencia y estudios que no se toman en cuenta pues, en su caso, el Ministerio insiste que sólo el estudio de grado tiene relevancia. Sin embargo, para otros el máster se acepta como estudios complementarios, llevando a una homologación directa. Asimismo, cabe resaltar que la materia Pacientes Especiales es electiva en universidades como la Universidad de Barcelona, Universidad del País Vasco y Universidad de Salamanca, llevando a muchos a cuestionar por qué es un requisito para los odontólogos extranjeros.

Así, para muchos, las supuestas insuficiencias en su formación no corresponden a criterios objetivos y denuncian la falta de consideración de su experiencia laboral y especialidades. Entre ellos, se encuentra Marta (nombre también ficticio), quien afirma no entender qué criterios se utilizaron para determinar sus supuestas carencias. Según su resolución, que obtuvo después de tres años, debe completar requisitos adicionales en Materiales Odontológicos a pesar de haber enseñado esta materia durante sus 25 años como profesora de la Universidad Central de Venezuela, donde recibe el nombre de Odontología Operatoria.

Para los médicos la situación es similar a la de los odontólogos. De hecho, en España hay más de mil médicos venezolanos, y muchos continúan esperando la homologación mientras que otros esperan el reconocimiento de sus especialidades. Se encuentran con las mismas dificultades que suponen incumplimientos por parte de la Administración: demora en la tramitación que en ocasiones alcanza los diez años, falta de información y falta de transparencia y uniformidad con respecto a los criterios utilizados en el proceso de evaluación.

Muchos de los médicos que aún esperan el reconocimiento de especialidad trabajan en el sector público y son esenciales

Muchos de los médicos que aún esperan el reconocimiento de especialidad trabajan en el sector público y son esenciales, pues en algunos hospitales comarcales hay departamentos enteros que dependen de ellos. Aun así, los procesos de homologación y reconocimiento de  especialidad son cada vez más lentos y oscuros a pesar de la insistencia de algunas comunidades autónomas para agilizar el proceso.

Por otro lado, en la sanidad privada es común la contratación como médico general de profesionales que realizan el trabajo de especialistas. Situación que en muchas ocasiones lleva a un empeoramiento de las condiciones laborales, pues en entidades privadas estos médicos suelen recibir un salario menor al que corresponde a un especialista vía MIR. Esta situación afecta también a profesionales de otros países, quienes se encuentran con las mismas trabas burocráticas y pasan años esperando para ejercer su profesión.