Opinion · Crónicas insumisas

La inseguridad ciudadana en Barcelona

Pere Ortega, Centre Delàs d’Estudis per la Pau

En el último año en Barcelona se ha llevado a cabo una fuerte movilización de diversas fuerzas sociales denunciando el aumento de la inseguridad ciudadana debido a un aumento de la delincuencia a través de hurtos, robos, peleas, asesinatos e incremento del crimen organizado. Fuerzas sociales en las que están presentes los lobbys locales de la hostelería, la restauración y el comercio, los partidos políticos conservadores, pero también de izquierdas, pues miembros del PSC y ERC en la campaña electoral de las municipales utilizaron la inseguridad para desgastar la candidatura de Ada Colau. Fuerzas a las que se sumaron los medios de comunicación dando mucha audiencia a cualquier incidente que afecte a la seguridad ciudadana en Barcelona, y, que ha proseguido tras el pacto político de izquierdas entre los Comuns y el PSC.

Sin desmentir lo que las estadísticas señalan, que cierto es que los índices de criminalidad han aumentado en Barcelona, también cierto es que la inseguridad ha sido utilizada para construir un discurso muy reaccionario (antes lo llamábamos así) que busca infundir miedo entre la población con una clara inclinación a buscar la causa de la inseguridad en los emigrantes. Y con una reivindicación, aumentar la presencia policial de control del espacio público y una mayor persecución y represión del delincuente.

Esa preocupación ha calado fuertemente en la población y se han sucedido algunas manifestaciones reclamando más seguridad a las autoridades, y, cierto es que éstas han de tomar medidas ante el aumento de los delitos. Pero a su vez hay que analizar las causas que motivan el incremento de la delincuencia, y entre ellas, hay una que sobresale, la llegada de 30 millones de turistas anuales a la ciudad, lo cual impulsa la proliferación de pisos turísticos y el ocio nocturno con el trastorno que ello provoca en la convivencia ciudadana. Hechos que incentivan la llegada de delincuencia organizada del exterior especialista en el hurto, la prostitución y la droga. Además, existe otra causa endémica, la desigualdad económica de las capas sociales más deprimidas entre las que se encuentra los migrantes, algunos de ellos sin papeles que los aboca a “buscarse la vida” en el espacio público con la venta ilegal de los manteros y que para algunos provoca inseguridad.

Ante ello, las autoridades competentes han de tomar medidas para dar respuesta a las demandas ciudadanas, y, si una de las causas es el turismo masivo, entonces, la primera medida es imponer una tasa al turismo y aumentar las de los locales de ocio nocturno y hoteles. Aumento de impuestos que también alcanzarán al resto de población, pues si se reclaman más medios, estos requieren de mayores ingresos y la tasa turística no alcanzará a sufragar los costes de aumento de los cuerpos de seguridad y judiciales.

Pero, además, se debe tener en cuenta otra premisa, la seguridad total es imposible, y menos en las ciudades. Porque es precisamente en las grandes conurbaciones urbanas donde se concentra el mayor número de la ciudadanía mundial, en la de Barcelona 5,1 millones de habitantes frente 7,6 millones para toda Catalunya, de los que 802.000 son extranjeros. Y, es por este motivo que, el espacio urbano es donde se dirimen el mayor número de conflictos. Conflictos que en su mayor parte están directamente relacionados con la mercantilización de la ciudad, pues la ciudad, como tal es un negocio. Hecho, que junto a la diversidad y pluralidad de las personas que conviven en las conurbaciones urbanas complica las relaciones humanas. Es entonces, la confrontación de intereses y la diversidad social y cultural la que genera los conflictos, y el reto es como afrontarlos, aprender a gestionarlos y transformarlos de manera positiva creando relaciones de respeto mutuo, de reciprocidad, de justicia mediante acciones que no comporten violencia.

Claro que frente a la alarma social que se ha creado, las autoridades han de dar respuestas y la primera es incrementar medidas de apaciguamiento policiales y sociales. Pero a la vez, y éstas son más importantes, se deben desarrollar políticas públicas en servicios que van desde los tradicionales, guardia urbana, policía y medios judiciales; a otras como servicios sociales, culturales, movilidad, educativas y sanitarias. Servicios la función de los cuales es priorizar el cuidado de aquellos sectores de la ciudadanía más vulnerables porque no tienen cubiertas las necesidades más esenciales. En este sentido, por lo tanto, la seguridad ciudadana no se puede equiparar solo a un problema de orden público y en medidas para combatir el delito, sino que tiene que tener una visión social integradora de preservar la convivencia y el bien común para toda la ciudadanía.