Pere Ortega, Centre Delàs d’Estudis per la Pau

En lo que va de año el Gobierno español ha aprobado la adquisición o modernización de seis Programas Especiales de Armamentos (PEA) por la importante cifra de 6.840 millones. Fue el 29/06 cuando el Consejo de ministros aprobaba el inicio de tres nuevos PEA con un coste de 3.488 M€, los tres asignados a la empresa Airbus Defence España. Se trataba de la segunda fase de desarrollo del programa del futuro avión de combate europeo Sistema de Combate Aéreo (FCAS), en el que junto a España participan Francia y Alemania por un importe de 2.500 M€; la adquisición de tres aviones A330 multipropósito de reabastecimiento en el aire (MRTT) con un coste inicial de 810 M€; y de helicópteros H135, un programa conjunto con el Ministerio de Interior, de un coste de 178 M€. En posteriores consejos de ministros, el 14/10, se encargaba a Navantia la construcción de un Buque de acción marítima BAM-IS por un importe de 166,46 M€; el 14/12, la construcción de 20 nuevos aviones de combate EF-2000 por un importe de 2.000 M€; y por último este pasado martes 20/12 la modernización del helicóptero de combate Tigre por 1.185 M€.

Unos PEA que iniciaron su andadura en 1996 con la llegada al gobierno de José María Aznar del Partido Popular, y que han sido y son el elemento más definitorio para explicar la tendencia armamentista del Estado español de los últimos 25 años y, a su vez, los causantes del importante aumento que ha sufrido el gasto militar en este país. Unos PEA que desde su nacimiento hasta este año 2021 han alcanzado el número de 34 grandes programas que han superado la colosal cifra de los 50.00 millones, buena parte de los cuales están en fase de fabricación hasta 2035 y de los que aún se adeudan a las industrias militares 31.490 millones.

Son cifras escalofriantes que explican por qué el presupuesto del Ministerio de Defensa previsto para 2022 destina a inversiones en armamentos 4.581,5 millones, un 16,2% más que el año anterior y que supone el 21,3% del total de inversiones (las inversiones reales más los créditos en I+D) del Estado Central con excepción de las transferencias de capital a las comunidades autónomas. Un considerable incremento que induce a pensar que el Gobierno del PSOE, con el apoyo o silencio de su socio Unidas Podemos, continúa apostando por invertir en la industria de armamentos como si ésta fuera un sector clave para el desarrollo de la economía y el bienestar de la población del país.

Es, por esta razón, que hay que mostrarse muy críticos con estas inversiones en armamentos que permitirán, gracias a las ayudas europeas, que recursos del Estado español se destinen a continuar con inversiones militares y que juegan como un factor determinante en la militarización del Estado y de la sociedad, pues se acaba aceptando la utilización de la fuerza militar como el mejor sistema de proporcionar seguridad desestimando recursos de índole política. Una militarización donde se conjugan los intereses de los accionistas y directivos de las empresas militares porque extraen plusvalías, el de la corporación militar que justifica su existencia y el de los políticos ligados a los departamentos de defensa que mediante sus influencias sobre los gobiernos obtienen prebendas de las empresas militares donde algunos de ellos acaban recalando (Eduardo Serra, Julián García Vargas, Pedro Morenés...). Unas gentes que lanzan discursos mendaces sobre las bondades de la industria militar que crea puestos de trabajo, ayuda al desarrollo tecnológico del país a través de la I+D+i y fortalece el crecimiento y enriquecimiento de la economía. Cuestiones que han sido analizadas y expuestas por analistas de la economía crítica que señalan que las inversiones en la industria militar destinadas a la economía productiva civil generarían más empleo, entre otros el del premio Nobel, Wassily Leontief, que afirmaba que todo el conglomerado económico militar de Estados Unidos necesitaba hasta tres veces más recursos para desarrollarse que en el ámbito civil. Algo que se puede hacer extensible a la I+D militar, cuando existe la experiencia de que Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial se les impidió tener ejército e industria militar y toda la investigación se desvió a la producción en la industrial civil y lograron un enorme desarrollo económico pocos años después de una guerra que había devastado sus países.

Ante la imperiosa necesidad de dar respuesta a las inseguridades en salud, vivienda, empleo, educación y coberturas sociales de una gran parte de la población española que han visto como las crisis financieras de 2008 y después la posterior producida por la pandemia de la Covid-19, a la que se debe añadir la crisis climática que ya muestra sus efectos en España, es necesario movilizar cuantiosos recursos públicos para abordar los cambios profundos que nuestro país necesita, para que la población pueda cubrir sus necesidades más acuciantes y no son las de adquirir nuevos armamentos.