La pandemia del coronavirus ha arrasado con todo, incluidas las empresas que eluden el pago de impuestos acudiendo a paraísos fiscales, lo que en nuestro país sucece de manera desmedida: sólo entre 2015 y 2016 el número de organizaciones que lo hacían se multiplicó por cuatro. En este contexto surge la polémica: ¿deben recibir ayudas públicas estas empresas? Algunos países en la Unión Europea, como Francia, Dinamarca y Polonia tienen claro que no; España aún lo medita.
Culaquiera con un mínimo de decencia sentirá que todo su cuerpo le pide negar cualquier tipo de ayuda pública a esas empresas que, con su insolidaria postura eludiendo el pago de los impuestos que les corresponden, son corresponsables de la miseria que afecta a más de una cuerta parte de la población española. En nuestra mente se aparecen esos directivos y directivas que, incluso en plena pandemia, siguen con sus sueldos y sus bonus millonarios, mientras l@s trabajador@s de esas empresas apenas cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a cuya subida se negaron, claro está.
Sin embargo, detrás de es@s indeseables hay cientos de personas que dependen de las empresas que huyen a paraísos fiscales para poder poner un plato de comida en su mesa. Lo escribía hace ya un par de años, cuando un informe de Oxfam Intermón revelaba cómo sólo entre el Santander, ACS y Repsol acaparaban la mayor parte del capital del IBEX 35 en paraísos fiscales, con 207, 109 y 81 sociedades inscritas, respectivamente.
Dicho de otro modo, la calaña de este tipo de empresas no dudará en jugar la carta del chantaje de despidos masivos si no se les conceden ayudas públicas. Si en un contexto de bonanza, no les tiembla la mano a la hora de dejar de tributar el dinero con el que se podrían reforzar la Sanidad y la Educación públicas, ¿alguien cree que ahora mostrarán un mínimo de humanidad? ¿Alguien cree que rebajarán los sueldos millonarios de sus juntas de administración? Claro no.
A pesar de lo que está en juego, no, estas empresas no deberían recibir ningún tipo de ayuda pública. Es cierto que podrán ejecutar despidos masivos, pero hasta cierto punto, porque sus ansias de continuar acaparando riqueza no les permite reducir tanto su fuerza laboral. El Estado no puede caer en el chantaje del desempleo y sí, en cambio, rescatar a quienes se ven en la calle porque estas empresas no utilizan los millones amasados en paraísos fiscales en aplacar los efectos del COVID-19.
Tiende a decirse que de esta pandemia aprenderemos mucho. Algunas personas teníamos claro que la prohibición de los paraísos fiscales era absolutamente imperativa. Veremos si el coronavirus ha enseñado eso a los Gobiernos.