Todo el mundo tiene derecho a protestar por lo que considere oportuno. Nadie niega eso. Sin embargo, en una coyuntura en la que seguimos registrando, como ayer, más de 200 fallecimientos diarios y más de 500 nuevos positivos de COVID-19, no parece prudente que se produzcan aglomeraciones sin respetar el debido distanciamiento social como las vividas en el Barrio de Salamanca de Madrid. Aislen el motivo de esas concentraciones de personas: ¿acaso no deben generar idéntico rechazo que cuando vimos las imágenes de los paseos marítimos repletos de gente haciendo corrillos y menores jugando al fútbol en los parques?

La idea de que el Gobierno de España está reprimiendo las protestas contra su gestión es pura invención. Salgan, protesten paseando durante una hora, a un radio de un kilómetro de sus hogares, manteniendo la distancia social de metro y medio o dos metros en su correspondiente franja horaria y no tendrán ningún problema. Da igual si protesta contra el Gobierno, contra los recortes sanitarios o contra la pederastia en la Iglesia. La clave es que no infrinja las normas que se han dictado para evitar que se produzca un rebote que nuestro sistema sanitario no está preparado para abordar.

Extender la idea de la represión ideológica es una irresponsabilidad interesada. Medios como El Mundo, con titulares como Plan policial ante el temor de que se extiendan las protestas contra el Gobierno en el estado de alarma, o La Razón sugiriendo un problema de  "orden público" con lo que bautiza "la revolución de las cacerolas", continúan cociendo a fuego lento un clima de crispación que no favorece a la gestión de la crisis sanitaria.

No deja de ser curioso cómo mientras en barrios acomodados como el de Salamanca salen las personas cacerola en mano y pulserita de España del 'Todo a un euro' en la muñeca, en los barrios obreros como el de Aluche los vecinos y vecinas se organizan para ayudar a quien lo necesita. En un momento como el que vivimos, las mayores muestras de solidaridad las encontramos en esos barrios obreros y ese es el camino.

Es una cuestión de calidad humana; se puede movilizar a l@s vecin@s con dos objetivos distintos: para protestar contra el Gobierno, incumpliendo el distanciamiento social y poniéndonos en peligro a tod@s; o para ayudar a los colectivos más vulnerables recogiendo y entregando alimentos. Yo, desde luego, me quedo con la segunda de las opciones. No verán a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), o al partido de extrema-derecha Vox movilizar para fomentar esta ola de solidaridad; prefieren anteponer sus intereses partidistas a la salud de sus compatriotas. Terrible irresponsabilidad que, por otro lado, explica en parte por qué Madrid es el epicentro de la pandemia en España.

Por otro lado, desde este espacio siempre he defendido la desobediencia civil y ésta, por definición, trae consecuencias legales. Lo hice con el asalto a un supermercado por Sánchez Gordillo y compañía o con la manifestación en una capilla universitaria de Rita Mestre y, en ambos casos, defendí las sanciones a las que se enfrentaban.

En este sentido, quienes quieran manifestarse incumpliendo los decretos del Estado de Alarma, lo hagan contra Pedro Sánchez o contra los menús de comida basura de Díaz Ayuso, se exponen a sanciones. Han de saberlo y asumirlo y, hasta el momento, sentirse afortunad@s porque la Policía ha obtado por una actitud demasiado laxa sin apenas imponer las debidas sanciones. Esa es la realidad. Eso es lo que llaman 'dictadura', mientras actitudes como la suya nos traen 200 personas muertas al día.