El aval del Gobierno de España a la invasión ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos es una clara violación del Derecho Internacional. Pedro Sánchez y el PSOE lo han hecho y el pueblo saharaui en primer lugar, y España, en segundo, lo están pagando muy caro. El pasado miércoles Sánchez volvió a toparse con el rechazo de todo el Congreso, incluidos sus socios de gobierno, al cambio de posicionamiento de España en el conflicto del Sáhara Occidental. La decisión unilateral impuesta por el PSOE al país ya ha roto las relaciones con Argelia.
Pedro Sánchez y su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, calcularon muy mal las consecuencias de ceder al chantaje de Mohamed VI. Legitimar una invasión ilegal como la de Marruecos, abandonando al pueblo saharaui a su suerte, ya era terrible; perder por ello a un socio tan estratégico como Argelia, que nos suministra la mitad del gas que consumimos, merece dimisiones.
Sánchez negó ayer en la Cámara Baja que el gobierno hubiera dejado en la estacada al pueblo saharaui, pero lo cierto es que desde que estalló el escándalo por la entrada en España del presidente de la RASD (República Árabe Democrática Saharaui), Brahim Ghali, el PSOE no acude al grupo de trabajo del Sáhara en el Congreso. Un escándalo, alentado por la derecha, que posteriormente el mismo CNI ha confesado que supo que estaba orquestado desde Rabat.
El que Sánchez y Albares venden como un socio fiable es el mismo sobre el que recaen todas las sospechas de espionaje con Pegasus y el que, tal y como indican los informes del CNI, utilizó a seres humanos en Ceuta para forzar el giro de Sánchez hacia la ilegalidad internacional en la cuestión del Sáhara Occidental. Marruecos resultan tan poco fiable que pese a la sumisión y tragaderas del PSOE, Sánchez se ha visto obligado a lanzar a Mohamed VI una advertencia: "No aceptamos que se hable de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas". Y es que ese el objetivo de Rabat, reeditar en Ceuta y Melilla una segunda Marcha Verde como la que inició la ocupación ilegal del Sáhara Occidental.
Tras la ruptura del Tratado de Amistad con Argelia, escuchar a Albares afirmar que no hay de qué preocuparse es intolerable. Ya se han congelado todas las operaciones bancarias relacionas con el comercio Argelia-España y desde el PSOE, aprovechando la laxitud de Unidas Podemos, no reaccionan. Sin embargo, las consecuencias para nuestro país son fatales. A pesar de ello, la Unión Europea tampoco ha mostrado su preocupación y decepciona -aunque no sorprende-: asumido que para la UE los Derechos Humanos del pueblo saharaui valen menos que los del ucraniano, al menos debería inquietarse al ver torpedeadas las relaciones con Argelia.
Coincidiendo en el tiempo con este nuevo varapalo para la estrategia de Sánchez y para la misma España, la activista saharaui Sultana Khaya se encuentra en España después de haber podido escapar del arresto domiciliario ilegal al que estaba sometida por parte de Marruecos en el Sáhara ocupado. Khaya aprovecha para acudir a revisiones médicas después de haber sido violada, torturada y apaleada durante el hostigamiento de más de un año. Escuchar de primera mano el relato de esta vulneración de DDHH de boca de Khaya da una idea muy clara de la calaña del socio de Sánchez por el que se han roto las relaciones con Argelia, un país que, a diferencia del nuestro, nunca ha abandonado al pueblo saharaui.