Inexplicablemente y de manera unilateral, Marruecos ha decidido posponer la Reunión de Alto Nivel (RAN) con España y nuestro Gobierno ha vuelto a tragar ese sapo. La sumisión por parte de Pedro Sánchez ante el sátrapa marroquí es absoluta, sin que se derive beneficio alguno de tan humillante actitud más allá de la cesión a un chantaje que convierte a España en cómplice de violaciones de derechos humanos (DDHH).
Marruecos marca el ritmo y España asiente, agacha la cabeza y evita decir una palabra más alta que otra. A pesar de que el ejecutivo de Pedro Sánchez quería que la RAN tuviera lugar en noviembre y, desde luego, antes de que finalizara el año, sorpresivamente y con el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, absolutamente desorientado, su homólogo marroquí Naser Burita anunció el retraso de la cumbre para primeros de 2023.
El momento en que se anuncia es especialmente delicado, porque desde que Rabat fuera desleal con Pedro Sánchez filtrando la carta que plasmaba la traición del español al pueblo saharaui y, con ello, su legitimación a una invasión ilegal, todo ha ido en contra de España. Las relaciones con Argelia se han deteriorado, lo que ha terminado perjudicando a una parte del tejido empresarial español y ha encarecido la compra del gas: no sólo compramos esa fuente de energía más cara a Argelia sino que, además, nos vemos obligados a adquirir mayor cantidad a EEUU, contribuyendo a la destrucción del planeta con gas licuado procedente del fracking trasladado en buques metaneros a precio de oro.
Por si esto no fuera poco, Marruecos, el mismo implicado en el escándalo de espionaje a nuestro Gobierno con el software Pegasus, no está cumpliendo su parte del acuerdo. El pasado mes de marzo conocíamos dos traiciones: la de Mohamed VI a Pedro Sánchez filtrando la carta en la que éste avala el plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y, con ello, la de Sánchez al pueblo saharaui, al que ha vuelto a clave un puñal por la espalda. Apenas un mes después, los dos mandatarios acordaban la apertura de las fronteras de Ceuta y Melilla. Siete meses después, sabemos que esta apertura no se producirá antes de 2023.
De nuevo, el Sánchez sumiso hace acto de presencia y asiente... aunque su versión más dócil la encontramos hace menos de una semana, cuando ante la ONU el reino alauita afirmó que "Melilla sigue siendo un presidio ocupado y por este hecho no podríamos hablar de fronteras, sino de simples puntos de paso". Ante unas afirmaciones tan desafiantes, el Gobierno de Sánchez ha renunciado a pedir explicaciones a su socio del sur. La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que ante una nueva amenaza a la integridad nacional España no mueva un músculo? Marruecos le ha perdido el respeto a España, aprovechando las tragaderas de Sánchez y su secuaz Albares.
Tratar de justificar esta relación en el control migratorio, como de hecho hace el PSOE, es grotesco cuando se financia esta nueva vulneración de DDHH con millones de euros; la última inyección económica fue de otros 30 millones, nada menos. A cambio, parece que con el cheque se entrega también patente de corso para, incluso, matar a personas migrantes mientras nuestro ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ve normalidad en ello, eso sí, endulzando su narrativa con un puñado de mentiras.
España se achica y Marruecos se crece. Mohamed VI ha bajado al barro a Sánchez y éste se ha hundido en él hasta el cuello, sin ni siquiera sacar contrapartida alguna. El PSOE no saca tajada de la mercantilización de vidas humanas que está llevando a cabo; hacerlo no lo convertiría en menos ruin, pero no hacerlo lo sume en la más absoluta estupidez y expone a nuestro país a constantes amenazas como la vivida hace unos días en la ONU.