El próximo mes de julio expira el acuerdo de pesca ilegal suscrito entre la Unión Europea (UE) y Marruecos a través del cual se explota el Sáhara Occidental. Cinco sentencias del Tribunal General Europeo (TGE) ya lo han dado por ilegal al entender que ese banco de pesca pertenece al pueblo saharaui y, por tanto, es con el Frente Polisario y no Rabat quien debería negociarlo. Bruselas ya ha avanzado que no habrá prórroga, no al menos hasta que el TGE resuelva el recurso de la última sentencia que lo invalida. ¿Cambiará algo?

Ni siquiera tendrían que haber sido necesarias las cinco sentencias que respaldan al pueblo saharaui, declarando ilegal este acuerdo sobre un territorio ilegalmente ocupado; el Derecho Internacional tendría que haber guiado a la UE para rechazar cualquier protocolo con Marruecos que afecte al Sáhara Occidental, pues lo ha invadido. El mejor ejemplo para que cualquiera lo entienda lo encontramos estos días en Ucrania: ¿se imaginan a Bruselas negociando un acuerdo comercial con Rusia para explotar los cereales en los territorios que ha invadido? Nadie lo entendería, pero eso es, precisamente, lo que sucede desde hace décadas en el Sáhara Occidental.

Lo que en el caso de Ucrania se asume como una barbaridad intolerable, cuando se traslada a la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos pierde peso. La desfachatez con la que se blanquea esta violación del Derecho Internacional roza lo esperpéntico, tanto a nivel político -con el infame cambio de postura unilateral de Pedro Sánchez- como empresarial. Escuchar a Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), solicitar a la Justicia europea que considere al Sáhara Occidental un territorio no autónomo administrado 'de facto' por Marruecos y le inste a que deje las cuestiones políticas en manos de la ONU evidencia su catadura moral.

Los tentáculos del lobby marroquí se extienden por todas partes, como ha demostrado la red de sobornos a eurodiputados con el Morocco Gate. Y España, por supuesto, no es una excepción, como demuestra que hace cuatro años en Dajla (antigua Villa Cisneros cuando el Sáhara Occidental era la provincia 53 española) se constituyera la Comisión Mixta Euro-Marroquí que busca blindar el acuerdo pesquero. De nuevo, domina la desfachatez para violar el Derecho Internacional, la misma que patrocina hasta ese lugar viajes de determinados periodistas a los que después se otorga premios por reflejar una realidad falseada.

Dibujar Dajla como una ciudad en la que se revierten los más de 200 millones de euros que paga Europa a Marruecos por las 138 licencias de pesca que otorga -93 de ellas para España- es enfermizo. Viajar hasta allí, conociendo las denuncias de una interminable lista de ONGs y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DDHH) y no reflejar las vejaciones que sufre el pueblo saharaui a manos de Marruecos, su discriminación que les impiden trabajar, sus torturas, detenciones arbitrarias, su falta de libertad... es mezquino, ruin y reduce al periodista al nivel de burdo mercenario. Sin embargo, continúa sucediendo, aun cuando la misma sentencia del TGE detalla cómo los beneficios  del acuerdo ni siquiera revierten en la población saharaui, tan sólo en los colonos marroquíes ilegales.

El 1 de julio se iniciará la presidencia semestral de la UE por parte de España; diecisiete días después, el acuerdo de pesca expira y Marruecos dejará de embolsarse millones de euros a cambio de recursos naturales que no le pertenecen. Los cálculos le han salido rana a Pedro Sánchez, que presidiendo la UE no sólo habrá de encargarse de esa patata caliente desde una posición de sumisión total a Rabat, como viene demostrando desde que avaló la invasión ilegal, sino que presumiblemente se topará con la sentencia definitiva que da carpetazo a este protocolo de pesca que ha permitido el comercio con bienes robados, la piratería legalizada.

Bruselas y Rabat buscan la manera de seguir cometiendo estas tropelías y, siendo realistas, más aun conociendo el vicio europeo por obviar la legalidad internacional, es muy posible que lo consigan. Basta con inflar otras partidas millonarias con las que se financia al régimen alauita, ya sea en materia de migración o de políticas contra el narcotráfico, para inyectar por esa vía los más de 200 millones de euros. Si después de probarse el espionaje de Marruecos con Pegasus ni siquiera se incluye a este país en el radar de la ciberinteligencia de la Guardia Civil, imaginen el nivel.

No sorprende, pues, que la eurodiputada Idoia Villanueva (Unidas Podemos) haya denunciado la opacidad con la que se están desarrollando estas conversaciones entre Europa y Marruecos. ¿Cómo van a ser transparentes si lo que pretenden es extender la ilegalidad justo después de un nuevo pronunciamiento de la Justicia europea? Sería rizar el rizo de la desfachatez y el cinismo, aunque nunca subestimen la mezquindad cuando Mohamed VI está implicado.

Curándose en salud y por lo que pueda pasar, están ahora tratando de imponer la narrativa de que la flota española apenas faena en los bancos saharauis, indicando que apenas una cuarta parte de las 92 licencias se aprovechan del acuerdo. Lo atribuyen a los elevados costes del gasoil para navegar hasta allí y al empobrecimiento del caladero. Siendo así, ¿por qué seguimos pagando más de 50 millones de euros al año a Marruecos? No tiene sentido alguno y la realidad, como el brillante documental Ocupación S.A. revela, nos dice lo contrario, pues Unión Martín S.L., principal distribuidor de pescado a supermercados como Mercadona opera en aguas del Sáhara Occidental.

Expirado el acuerdo de pesca, bastaría con que Europa se sentara a hablar con el Frente Polisario, declarado por la Justicia europea como el legítimo representante del pueblo saharaui. De hecho, el Polisario siempre ha tendido la mano en este sentido, porque no está en su sentir perjudicar en modo alguno a España. Sin embargo, esta posibilidad se antoja ahora complicada, porque para que esto fuera viable, Pedro Sánchez tendría que volver a la legalidad internacional y dejar de legitimar la ocupación de Marruecos. Entonces y solo entonces, podrían desarrollarse esas conversaciones en un marco dominado por el Derecho Internacional.

Esa posibilidad, sin embargo, no parece factible, toda vez que Sánchez no quiere importunar a Mohamed VI en modo alguno, habiendo tolerado su discurso expansionista refiriéndose a Ceuta y Melilla como "territorios ocupados" o las matanzas de migrantes en Melilla, pisando incluso suelo español. El limbo legal en el que se encontrará la flota española hasta que se pronuncie el TGE y la sentencia de ésta, si falla como las anteriores veces a favor del pueblo saharaui, pondrán a España y Europa más al borde del abismo, con una presidencia europea de Pedro Sánchez que puede terminar por hundirlo en la infamia que destila la dictadura marroquí. Cuanto mayores sean sus canalladas, más fortalecido estará el Frente Polisario y los numerosos apoyos con los que cuenta -incluidos diversos países de la UE- para no doblegarse a lo que ya forma parte de la Historia como una vergüenza de la democracia española.