La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se quiere ahorrar los cuartos. La realidad que se oculta tras el anuncio de la creación del primer Cuerpo del Voluntariado Joven es su intención de no tener que remunerar a las personas necesarias para trabajar en comedores sociales o asistir y acompañar a las personas mayores o con discapacidad. Ya existe un Tercer Sector de acción social para ese cometido, pero ahora la neoliberal quiere reconvertir trabajadores en voluntarios.
Todas las funciones para las que Ayuso pretende crear este Cuerpo del Voluntariado Joven son, en realidad, obligaciones de su gobierno. Pretender hacerlo con personas sin remuneración ni contrato es, como poco, una irregularidad y, siendo más precisos, una ilegalidad, tal y como denuncian las organizaciones que ya vienen realizando labores de esta naturaleza.
Estas ansias por hacer dejación de funciones y explotar a las personas es una constante en el PP. Hace una década lo intentó la entonces alcaldesa en Madrid, Ana Botella, cuando también intentó adoptar la figura del voluntario para llevar las bibliotecas municipales. Fue parada en seco. Más recientemente, Juan Manuel Moreno Bonilla ha intentado que sean las propias personas jubiladas las que gestionen los centros de participación activa (CPA), esto es, los hogares de pensionistas.
Ya sea por una recesión, ya sea porque eliminar los impuestos a las grandes fortunas procura una sangría en las arcas públicas que no se compensa de otro modo, los neoliberales del PP son incapaces de cumplir con su deber de gestores y pasan la patata caliente a la sociedad civil. Se trata de una perversión del tercer sector que, ya de por sí, está pervertido.
Las organizaciones de acción social vienen cubriendo sistemáticamente la dejación de funciones de las diferentes Administraciones. Lo que un día nació como complemento o refuerzo de lo público se ha convertido en el único garante del bienestar de algunos colectivos. La situación se ha vuelto tan extrema que, especialmente las Administraciones más cercanas, como son la local y autonómica, ya cuentan con ello cuando elaboran sus presupuestos. En comunidades autónomas como Madrid, esta realidad se hace aún más evidente, toda vez que la región gobernada por Ayuso se encuentra a la cola de la inversión en servicios sociales, sin alcanzar siquiera los 350 euros por habitante –solo por detrás de Murcia, también gobernada por el PP-. En el otro extremo, Euskadi, que supera los 1.000 euros per cápita.
Detrás de muchas de las tareas que realiza el Tercer Sector se encuentran las cuotas de socios, pero también la inyección económica de fundaciones y obras sociales de las entidades bancarias, entre otras. La perversión es tal, que cuando uno se acerca mínimamente a estos niveles de gestión, asiste perplejo a cómo los responsables políticos no sólo no cumplen con su cometido, sino que, ignorando realmente el alcance de las entidades sociales, reclaman sin recato más dinero a sus financiadores. Sin la labor de este Tercer Sector, habría familias enteras sin atención alguna por parte de los Servicios Sociales. Esa es la triste realidad.
Ayuso pretende ahora rizar el rizo y lo poco que hacía, dejar de hacerlo. La desfachatez es absoluta, tanto por el modo en que se sacude responsabilidades al más puro estilo residencias de mayores, como por el colectivo al que pretende hacer trabajar gratis: los jóvenes, los mismos de los que no hace mucho tiempo decía que "han perdido la cultura del esfuerzo" y "lo tienen todo". Esa misma juventud a la que, junto a su colega Moreno Bonilla, continúa sin pagar el Bono de Alquiler Joven de 2022 o a los que impide que se formen con un déficit de plazas en la Formación Profesional de más de 30.000 alumnos y alumnas.
Ahorrar dinero mediante el reclutamiento de voluntarios es ruin, mezquino y en determinadas áreas pone en riesgo la calidad de los servicios prestados, algo por otro lado que Ayuso ha dejado cristalino que no le incumbe. Según la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, las personas entre 14 y 30 años podrán "contagiar alegría" a las personas mayores. El problema es que la alegría no es compartida, no es la misma la que tienen quienes resuelven su deficiente gestión explotando a la juventud que ésta que es explotada por nada. Puestos a retorcer la figura del voluntariado, quizás no sería mala idea que reemplazaran a Ayuso; gestionar peor es complicado.