El pasado fin de semana llegaron a Canarias otras 2.000 personas migrantes. La situación lleva días siendo insostenible, pues el ritmo de embarcaciones precarias que arriban a las costas, fundamentalmente de El Hierro, no se recordaba desde 2006. El Gobierno canario afirma tener a más de 4.000 menores extranjeros no acompañados que comienzan a desbordar sus servicios, lo que inevitablemente deriva en una peor atención que se les presta. Mientras, en la Península, los Gobiernos autonómicos miran para otro lado.
Los menores extranjeros tienen una protección especial por ser más vulnerables. Precisamente por ello, y considerando la situación desesperada de la que huyen arriesgando sus vidas, hay migrantes que dicen ser menores pese a no ser cierto. Nada en absoluto que se les pueda reprochar, teniendo en cuenta su ansia por recuperar el rumbo de sus vidas. Sin embargo, estos casos son los menos y esos más de cuatro millares de menores esperan reubicación.
Hace unas semanas las Comunidades Autónomas aceptaron hacerse cargo de 396 menores antes de final de año, una cifra absolutamente ridícula, pues sólo en los últimos días han llegado 400. La respuesta por parte del Gobierno de España, además de dotar esos traslados con 20 millones de euros, ha sido anunciar un partida de 50 millones de euros para ayudar al gobierno canario. Un parche publicitado por el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, que no resuelve una situación desbordada que no cesa, con terribles imágenes de migrantes retenidos en el aparcamiento de la comisaria al no disponer de instalaciones suficientes.
Es preciso hacer una especial mención de los bulos que algunos medios de comunicación expanden al informar de un efecto llamada por el anuncio de estas ayudas, algo totalmente mentira. El flujo no ha cesado, como tampoco lo hizo ante las imágenes de graves insuficiencias de recursos de acogida en una isla de El Hierro comparada con Lampedusa. La irresponsabilidad de publicar noticias falsas de este tipo es deleznable y contribuye a alimentar el odio que ya de por sí destilan formaciones como Vox; todo lo contrario que puede encontrarse en dirigentes como el alcalde de Mérida.
El presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), tiene motivos sobrados para criticar las medidas adoptadas por el Gobierno central, pero haría bien en mirar al socio que le llevó a la presidencia del archipiélago, el PP, que es la fuerza política que gobierna en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, esas que miran para otro lado. La cifra de acogimiento de menores migrantes a la que se han comprometido es ínfima y profundamente insolidaria, con los menores en primer lugar, pues son las víctimas, y con Canarias.
En un momento en el que el PP reclama más que nunca la unidad de España para combatir cualquier posibilidad de reformular el modelo de Estado, vemos cómo da la espalda a toda una Comunidad Autónoma, incapaz de asumir el flujo migratorio ante el cual la Unión Europea tampoco da una respuesta adecuada. Los más de 4.000 menores deberían disfrutar de la protección especial que marca la ley, con opciones de integrarse, desarrollarse y formar parte de una sociedad de la que quieren formar parte. En definitiva, que tengan la oportunidad de tener un proyecto de vida.
Sin embargo, la realidad es bien distinta, incluso, para quienes sí consiguen recalar en centros de menores en la Península, pero que a las 00:01 horas de cumplir los 18 años son expulsados de dichos centros, abandonados a su suerte, dejándolos sin techo, sin ayudas. La protección se esfuma de golpe, volviendo a ser carne fácil para mafias, para la explotación laboral, sexual...
Al mismo tiempo, otra de las medidas adoptadas por el Gobierno se plasma en el fortalecimiento de los controles migratorios en Senegal y Mauritania; asegura el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska que se reforzarán para ello los controles aéreos. A esto se suman los dispositivos de agentes de las Guardia Civil desplegados cuyas patrulleras tratan de interceptar cualquier embarcación con rumbo a Canarias. Según los datos de Interior, estos dispositivos han devuelto a 12.500 personas que trataban de huir de la calamitosa situación que viven en Senegal y Mauritania.
Esa no es la ayuda en origen que demandan los países a cuya realidad caótica ha contribuido Europa decisivamente. Especialmente desde Senegal, la cifra de personas migrantes que han llegado en lo que va de año supera las 23.500. Esa cifra no es casual: a la convulsa situación política, con la oposición encarcelada y una deficiente gestión del sistema público, se suma cómo empresas europeas y chinas esquilman los recursos naturales del país, especialmente la pesca y agricultura, arrebatando el medio de subsistencia de la población. De nuevo y pese a que Senegal logró su independencia en 1960, el yugo colonial europeo, concretamente el francés, condena al país. Y Europa escurre el bulto.