El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha estado en constante escrutinio desde que se puso en marcha, tanto por sus defensores como por sus detractores. Se trataba de una medida inédita que ha estado sometida a constantes modificaciones y ajustes, pero también a errores, lo que le ha granjeado cierta mala fama. Con más de dos millones de personas beneficiadas, según datos de la Seguridad Social, no todas lo hacen en la misma medida, aunque sí tienen un denominador común: el infierno burocrático que han pasado.
El pasado mes de noviembre, el Gobierno conseguía superar el varapalo que a mediados de año le asestaba Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al afirmar que tan sólo el 35% de los 800.000 hogares que podrían beneficiarse del IMV realmente lo hacían. Según el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la cifra ya supera los 710.000 hogares, rompiendo la barrera de los dos millones de personas.
Desde que naciera esta ayuda, la complejidad burocrática que traía consigo, tanto para las personas solicitantes como para el funcionariado que lo gestiona, ha estado encima de la mesa. Ni se entiende, ni se justifica. Si usted está obligado a presentar la declaración de la renta (IRPF) y no lo hace, tenga por seguro que la Administración le localizará y le sancionará. ¿Por qué esta causa-efecto no se traslada al IMV?
Se ha avanzado a este respecto, pero no lo suficiente, algo que no se sostiene de ninguna manera dados los avances tecnológicos en materia de procesos automatizados. En plena era de la Inteligencia Artificial (IA), quizás ésta se aprovecha en las parcelas menos útiles para el bien común. Sea como fuere, la asignación de oficio del IMV debería ser la norma, es decir, que todos aquellos hogares que lo precisan lo recibieran sin necesidad de solicitarlo.
En algunos casos, esta práctica ya se está dando, pero con perversos efectos cuando hay reajustes: si en ese intento de mejora constante se cambian los baremos de asignación, pudiera darse el caso de que ya no se cumplan las condiciones de percibir la ayuda. En esos casos, no debería reclamarse retroactivamente lo concedido de oficio, sino sencillamente cortar la prestación. Hechos así son los que empañan los beneficios de una ayuda que, como tal –y esto no debería sorprender tanto- ha de ser declarada.
Una Administración moderna ha de ser más proactiva, especialmente con los colectivos más vulnerables. En este sentido y en la misma órbita del IMV, las personas sin hogar son otras de las grandes olvidadas. Apenas un 5% de estas personas perciben la ayuda, de hecho, ni siquiera lo solicitan porque incapacidad para hacerlo o por desconocimiento. ¿Podría ampliarse este porcentaje de beneficiados? Por supuesto, tan solo es una cuestión de recursos porque, apoyándose en las entidades del Tercer Sector que trabajan a pie de calle, sería posible llegar a este colectivo, pero se precisan más medios.
No estoy seguro de que la transferencia de la gestión del IMV a las Comunidades Autónomas sea una buena idea. Considerando los malos resultados de una gestión mucho más sencilla, como la del Bono de Alquiler Joven –en regiones como Andalucía han no se ha cobrado el de 2022-, hacer experimentos con gaseosa cuando se refiere al IMV es temerario. Si la proactividad que toda la ciudadanía demanda a la Administración no se ha producido con el INSS, ¿podemos esperarla de las Comunidades Autónomas (CCAA)? Soltar los trastos de una gestión que no está afinada, de un proceso en construcción y hacerlo, además, a una Administración con menos medios, barrunta efectos indeseados. No puede obviarse, además, que a algunas CCAA les faltó tiempo para suprimir sus rentas básicas con la puesta en marcha del IMV, a pesar de ser ayudas compatibles.
El IMV fue una de las apuestas más valientes y necesarias del gobierno progresista en la anterior legislatura. Una medida que el PP no sólo rechazó, sino de la que se burló tachándola de "paguita"; ahora, en cambio, Castilla y León, la Comunidad Valenciana o Galicia son sólo algunas de las Comunidades gobernadas por la derecha que reclama gestionar directamente esta prestación. Otro síntoma más que respalda el diagnóstico: hoy por hoy, el IMV no debe ser gestionado desde las Comunidades Autónomas.