El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha aprovechado la inauguración del IV Congreso Nacional de Vivienda en Málaga para anunciar que la nueva Ley andaluza de Vivienda será aprobada en el primer semestre de 2025.  La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) aplaude esta ley, asegurando que ataca la raíz de la falta de vivienda. Cada vez que Moreno Bonilla dice resolver un problema público, el sector privado se frota las manos.

El compromiso de la Junta de Andalucía contra la especulación y la situación de emergencia habitacional que sufre España brilla por su ausencia. Así se desprende de su nula voluntad de aplicar una Ley nacional de Vivienda que trata de atajar esta problemática o la incapacidad de la Junta para gestionar el Bono de Alquiler Joven, hasta el punto de que desde el Gobierno de España ya se le ha advertido que se le retirará esa competencia si no se pone las pilas.

El pasado mes de mayo, el Tribunal Constitucional (TC) tumbó el recurso presentado por Moreno Bonilla contra la Ley Estatal de Vivienda. Entonces, el TC avaló la mayor parte de la ley pero ni siquiera esto bastó para que la Junta la aplicara. En su lugar, dos meses después anunció que el Consejo de Gobierno de la Junta iniciaba la tramitación del anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía. Por esta razón, cuando hace unos días el presidente de la Junta reclamó en el Congreso Nacional de Vivienda una "alianza de país y que estemos todos a una" sonó a tomadura de pelo. Exactamente igual que el hecho de que el único media partner de este Congreso sea el portal inmobiliario Idealista, sancionado en 2021 por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) con una multa de 730.000 euros por crear un sistema para fijar y repartirse comisiones con otras empresas del gremio.

No hace ni dos meses que la propia consejera de Fomento, Rocío Díaz, afirmó que la Ley andaluza de Vivienda no entraría en vigor hasta 2026; ahora los populares pisan el acelerador y lo adelantan a 2025, alumbrando dudas de si tal avance es real o una estrategia de marketing político. Sea como fuere, en el mejor de los casos habrán de pasar casi seis años al frente de la Junta de Andalucía para que Moreno Bonilla articule políticas que resuelvan el principal problema al que se enfrentan los andaluces: la falta de vivienda. Tal dilación en el tiempo ilustra perfectamente cuál es la preocupación real del presidente andaluz. Hasta la fecha, los especuladores se han llenado los bolsillos mientras se vaciaban los de la clase trabajadora.

El espíritu de la futura Ley andaluza de Vivienda es, básicamente, construir más para impulsar las Viviendas de Protección Oficial (VPO) y fomentar la colaboración público-privada. Cada vez que Moreno Bonilla entona este tándem se traduce en que el dinero público va a parar al bolsillo privado. Lo hemos visto en la Sanidad con los más de 300 millones de euros entregados a dedo pese a los reparos de los interventores del Servicio Andaluz de Salud y de la Cámara de Cuentas o a la devolución de 112 millones de euros al Estado para no crear 12.000 plazas públicas y gratuitas de Educación Infantil porque, según Moreno Bonilla, perjudicaría a las escuelas privadas.

Es obvio que hay que impulsar la construcción de VPO, pero por mucho que se simplifiquen las trabas burocráticas y se disponga de suelo para ello sólo es una parte de la solución al problema y llevará demasiado tiempo considerando la situación de urgencia en la que estamos. Es preciso intervenir en el mercado del alquiler y la compra-venta, algo que elude Moreno Bonilla. De hecho, hasta ha renunciado a regular los pisos turísticos, dejando esa pelota en el tejado de los ayuntamientos vía decreto autonómico.

Así las cosas, ¿cómo no va a estar aplaudiendo con esta futura ley la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE)? Sus miembros están casi tan encantados como lo estuvieron con la liberalización del suelo de Aznar. Sin embargo, la ley que prepara el Gobierno andaluz continúa expulsando de sus ciudades a los habitantes. En los centros urbanos no queda prácticamente suelo sin urbanizar, por lo que las nuevas VPO se levantarán en la periferia. Sin intervenir en la especulación, los centros urbanos continuarán en manos de quienes se lucran con un derecho constitucional, promoviendo la turistificación insostenible.

Negarse a intervenir en el mercado cuando el precio medio de alquiler supera el sueldo más habitual en España –en Andalucía son aún más bajos- es no buscar el bien común. Promover una ley con ese espíritu y presumir, además, de salvar a quienes no tienen techo pese a tener trabajo, es otro ejercicio de puro cinismo.