De las palabras a los hechos

Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas

«España es una gran nación», acostumbraba a repetir Rajoy cuando era candidato al puesto que hoy ocupa. Pero una gran nación no se deja dictar el contenido de su política económica, ni sus gobernantes andan de cancillería en cancillería mendigando respaldo exterior. Una gran nación no está en todo momento a punto de ser intervenida por una u otra forma de coalición ajena, ni permite que otros juzguen sobre lo suficiente o insuficiente de sus medidas de gobierno, enviando censores a auditar sus cuentas.

A Rajoy le sucede lo que dice Rubalcaba, que no ha dicho una sola verdad en sus primeros cien días de gobierno. Parece un eco de la famosa expresión de que «los españoles merecen un gobierno que no les mienta». Ciertamente, hay incumplimientos clamorosos: Rajoy y el PP en general afirmaron solemnemente durante la campaña que no subirían los impuestos, no abaratarían el despido y no concederían amnistía fiscal alguna a los defraudadores. Exactamente lo contrario de lo que han hecho en los tres casos. Por eso han fracasado en su intento de triunfar en Andalucía por mayoría absoluta, se han ganado una huelga general y tienen su frente mediático muy alterado y dividido entre defensores y críticos del gobierno.

Las contradicciones más flagrantes no impiden ver asimismo las menos aparatosas. Toda la acción de gobierno está llena de inconsecuencias, ambigüedades y falsedades. Por ejemplo: la subida de un uno por ciento de las pensiones, negada luego con el aumento del IRPF, se traduce en un descenso real de esas prestaciones. Y lo mismo sucede con los haberes de los funcionarios cuya congelación de hecho equivale a una reducción si aumentan, como hacen, las demás cargas.

Y en donde las cosas están claras es porque se ha decidido abiertamente por la negación, la regresión y el autoritarismo. El ministro de Justicia quiere impedir el ejercicio del derecho al aborto; la ministra de Sanidad restringir las opciones contraceptivas; el del Interior asimilar la violencia callejera al delito de terrorismo; el de Educación y Cultura reservar la educación a los pudientes y fomentar las corridas de toros para los demás; el de Medio Ambiente permitir que se edifique en las playas; el de industria llenar el país de centrales nucleares.

Siendo esta la tónica de su gobierno, se explica que Rajoy siga evitando las comparecencias públicas siempre que puede. Llegó a las elecciones del 20-N sin permitir preguntas en las ruedas de prensa y así continúa, silente y semioculto. No es de recibo que el presidente del gobierno escamotee su persona en el momento de presentar públicamente unos presupuestos que el ministro de Hacienda califica como los más duros de la democracia. Si el instante de anunciar a esta «gran nación» una época de penalidades y sacrificios no merece la presencia de quien ostenta la máxima autoridad y la mayor responsabilidad, es imposible saber cuándo lo hará. Si no es capaz de comparecer ante la opinión pública, a defender y explicar sus propuestas, no se ve cómo estas generarán la confianza que, según él, se restablecería en cuanto tomase el mando.