ANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
En la reciente Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe resonó la preocupación por el aumento del trato discriminatorio hacia los inmigrantes. En la crisis actual, ese trato injusto se concreta en leyes y en dos heridas sociales que van en aumento: el desempleo y la irregularidad. Sin duda, la reclamación en la cumbre apuntaba hacia la regularización pendiente en Estados Unidos y contra la ley de Arizona. En las situaciones adversas también se compite, y la UE tiene que hacerlo con EEUU en el terreno migratorio. Los frentes abiertos son el de la integración de los que están y el de la composición de los que vendrán.
La opinión pública española es bastante favorable hacia los latinoamericanos y existe la percepción de que su integración es más rápida y fácil. Lo cual no siempre es verdad, pero sí lo es que las olas de distintos países se han sucedido unas a otras acoplándose bien a las demandas del mercado de trabajo. Y también es cierto que se trata de una población social, cultural y laboralmente muy heterogénea.
De modo esquemático, hay diferencias educativas, en su estatus legal y por sexo. Las clases medias con estudios superiores están situadas en la parte alta de la pirámide de ocupaciones. Además, más de medio millón de latinoamericanos ya se ha naturalizado o casado con europeos y disfruta del estatuto de ciudadanos comunitarios. Y luego está la gran mayoría que trabaja en la limpieza de hogares, el cuidado de ancianos y la restauración. El rasgo más destacado de esta inmigración femenina es que no está sola, sino que tiene con ella a 300.000 hijos en las escuelas.
Así que la primera tarea es la de integrar a esta mayoría de tal modo que se borre la marca de "segundas generaciones". Y la segunda es la de atraer a los universitarios y trabajadores cualificados que iban a EEUU.
Comentarios
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