Fernando Saiz

Sorpresa y desconcierto. El Gobierno se salió ayer del guión del Diálogo Social y dentro de sus medidas para fomentar el empleo planteó la posibilidad de bonificar determinados tipos de despidos, de tal forma que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que se nutre de las contribuciones de las empresas, costee el 40% de las indemnizaciones.

La propuesta es polémica y tiene efectos de calibración compleja (todos los empresarios pagarían con sus cuotas al Fogasa parte del despido de las compañías en dificultades), pero encierra una lógica difícil de admitir: que abaratar el despido (lo que plantea el Gobierno, con todos los matices que se quiera) es un medida que sirve para crear empleo. Ese es exactamente el discurso que ha venido defendiendo la CEOE en su infatigable petición de que se aminoren los costes de extinción del contrato de trabajo, y si el Gobierno lo acepta estará haciendo el juego a los empresarios. No (por cierto) a todos los empresarios, porque hay que recordar lo que Simón Pedro Barceló, presidente del Instituto de Empresa Familiar, dijo el 16 de marzo: "Abaratar el despido no hubiera salvado ni uno sólo de los empleos perdidos en los dos últimos años".

Veremos en qué queda la propuesta. Pero de momento lo que crea es una distracción perniciosa en la mesa de negociación que a buen seguro dilatará el proceso, lo cual no se compadece con la urgencia de alcanzar un acuerdo sobre el mercado laboral. En un principio, el Ministerio de Trabajo se fijó abril como plazo máximo para rematar el pacto; ahora, la referencia mayoritariamente aceptada es ya mayo. Pero si el Gobierno sigue sacando debates de la chistera, no iremos hasta el verano. Y mientras tanto, Díaz Ferrán sin dimitir.