PEDRO ZEROLO

En las últimas décadas, el reconocimiento de la diversidad se ha convertido en un concepto capital de la teoría política. Si hubo un momento en que las políticas centradas en la justicia social giraban sólo en torno a la redistribución de la riqueza, lo que supuso un avance histórico sin precedentes, hoy el reconocimiento de la igualdad y la no discriminación es un pilar fundamental del Estado social y democrático de derecho. La razón es clara: nuestra sociedad es un todo diverso –de ahí su riqueza– y el modelo social y económico debe contemplar la cohesión y la paz social como objetivo fundamental. De no ser así, acabaremos definitivamente atrapados en un escenario disfuncional en el que, con el aplauso de los de siempre, los conflictos serán continuos y el desprestigio de la política también, lo que derivará en un aumento del populismo y de la injusticia social.

La acción política debe entender y explicar, pues, que la justicia social es bidimensional. Por una parte, tiene que atender a las reivindicaciones de bienestar social, material y de atención pública de la ciudadanía y, al mismo tiempo, hacerlo también con las reclamaciones de reconocimiento efectivo de la igualdad y amparo de la diferencia de cada cual. En realidad, es algo tan evidente como atender el interés general y asegurarnos de que ninguna persona, por razón de su propia diferencia legítima, encuentre interferencias en su deseo de realización personal y participación en condiciones de igualdad. De no ser así, de no conseguir que la diversidad sea considerada como un valor ciudadano, la consecuencia será el incremento de la segregación y el ascenso de la desigualdad de trato, consideración y oportunidades.

Pues bien, para la buena gestión del interés general y de la diversidad, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero trabaja en un anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Una iniciativa que, una vez se convierta en proyecto con la debida participación social, pretende ampliar la legislación actual –cuyo basamento es el artículo 14 de la Constitución–, e incorporar los ámbitos de protección recogidos en el artículo 21 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Con esta apuesta legislativa no sólo se reforzará uno de los ámbitos más susceptibles a la discriminación como es el laboral, donde se ha avanzado en los últimos años, sino que se extenderá a otros espacios donde las discriminaciones se presentan con formas más sutiles, como es el acceso a la sanidad, la educación, el transporte, la vivienda...
Otro ámbito importante en la protección contra la discriminación es que las víctimas puedan tener a su disposición todos los medios posibles para poder canalizar sus demandas. La experiencia ha demostrado que las personas que se sienten víctimas de una discriminación rara vez presentan una denuncia, bien porque el proceso se alarga, es caro o porque desconocen a dónde acudir y qué trámites realizar.

Diversos países europeos cuentan con organismos independientes que no sólo ofrecen asistencia práctica a las víctimas, sino que también emiten informes, con la correspondiente recogida y estudio de datos, que contribuyen a que se visualice y se conozca el alcance y los efectos de las discriminaciones, ayudando a sensibilizar a la sociedad ante este fenómeno creciente. Un buen ejemplo de todo lo anterior es la
Alta Autoridad francesa, un organismo que tiene la capacidad de realizar una completa investigación tras la denuncia de la víctima, tiene potestad para sancionar y, si finalmente ve delito, remite la denuncia a la fiscalía. Es necesario, por tanto, que la futura legislación contemple la creación de un organismo autónomo e independiente similar a los que existen en otros países de nuestro entorno.
Discriminar no debe salir gratis, por lo que sería importante también reforzar el papel de la fiscalía en la persecución de los actos discriminatorios que constituyan delito mediante una fiscalía especializada, que contribuya a establecer una mayor coordinación y eficacia frente a la discriminación, posibilite una estadística anual en este tipo de delitos y coadyuve a incrementar el reproche social frente a los mismos. Así, la futura legislación puede convertirse no sólo en un importante instrumento jurídico que revise y amplíe la política contra las discriminaciones, sino que también puede ser una eficaz herramienta institucional y social para avanzar en la igualdad real y efectiva. La situación en España no es alarmante, pero existen datos que nos deben hacer actuar y así lo reclaman desde hace años distintas organizaciones sociales. El último Eurobarómetro recoge que el 15% de los españoles había sufrido una discriminación en el último año y un 31% había sido testigo de ella. En España, el barómetro del CIS de diciembre de 2008 señalaba que para la mitad de los encuestados se hace poco o ningún esfuerzo para luchar contra toda forma de discriminación.

En definitiva, la igualdad de trato es un elemento que es necesario incorporar plenamente como valor social y democrático porque nos afecta a todas y a todos, ya que todos somos susceptibles de sufrir algún tipo de discriminación directa o indirecta en algún momento de nuestra vida. Así pues, la futura Ley no es una iniciativa para unos pocos o para minorías, sino para la gran mayoría de la ciudadanía. Una legislación que, además de mejorar la convivencia y la integración, estoy seguro que será capaz de reforzar la cohesión social, convirtiéndose así en un poderoso instrumento de gestión de la diversidad y, por ende, de justicia social.
Pedro Zerolo es secretario de Movimientos Sociales del PSOE
Ilustración de Javier Olivares