Opinion · Dominio público

Vuelo ilegal Yak-42: ¿Cuántos muertos hacen falta para hacer justicia?

Jenner López Escudero

Cabo temporal y presidente de la Asociación 45 Sin Despidos

Cuando se cumplen 16 años del siniestro del Yak-42, el fatídico accidente que terminó con la vida de 62 hermanos de armas, me gustaría adentrarme un poco más en todo lo acontecido aquel 26 de mayo de 2003.

Este que suscribe se encontraba de misión en Bosnia Herzegovina, como miembro de la V Compañía de la Bandera Roger de Flor 1ª de la Brigada Paracaidista Almogávares VI con la agrupación SPGTXX. Fue duro para nosotros enterarnos de semejante tragedia mientras nos encontrábamos de misión internacional. Más duro fue, si cabe, explicar a nuestras familias que nosotros también volveríamos a casa en avión; 1.802 kilómetros en línea recta nos separaban de nuestras casas.

En esta familia que es la milicia, de una manera u otra, todos terminamos conociéndonos y yo conocía a uno de los fallecidos.

Recordemos: 62 militares españoles que provenían de Kabul se disponían a emprender su vuelta a España al finalizar una misión internacional de cuatro meses en Afganistán y Kazajistán, cuatro meses lejos de sus familias. Ellos habían posicionado, una vez más, nuestra enseña nacional al más alto nivel. Pero el viaje termino antes de lo previsto: el Yakolev 42 de fabricación rusa y subcontratado, que dejaba bastante que desear su estado como así rebelaron más tarde fotografías. se estrelló en Trebisonda (Turquía).

La velocidad con la que actuó el Ministerio de Defensa supuso que el protocolo a seguir hiciese aguas por todos sitios, y se dejaron demasiados flecos sueltos que hicieron sospechar a los familiares de nuestros hermanos que algo ocurría. Desde la activación del equipo formado por la Guardia Civil para las tareas de reconocimiento de cadáveres, y su posterior desactivación en cuestión de horas, pasando por la falta de rigurosidad en la identificación de los cuerpo,s y sumando a todo que la mayoría de las preguntas de las familias no eran contestadas, estaba claro que el escándalo no tardaría en explotar de una manera u otra.

El Ministerio de Defensa no dispone de médicos forenses propios, ni en aquellas fechas ni a día de hoy, así que allí acudió un equipo capitaneado por el general de sanidad y cardiólogo Vicente Navarro, más tarde principal acusado en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional. Él mismo llego a afirmar en el juicio, y cito textualmente: “Las familias pueden estar tranquilas que estamos usando toda la tecnología y estamos usando todos los medios para una perfecta identificación de los seres queridos”.

Nada más lejos de la realidad. Una treintena de estos cuerpos no fueron identificados correctamente pero sí repatriados rápidamente, tan rápido que los funerales de Estado se fijaron apenas dos días después del siniestro, el 28 de Mayo a las 18:00 horas en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

No soy forense, ni médico, ni siquiera sanitario, pero estoy seguro de que esta acción concreta yo mismo sería capaz de hacerla bien (incluso me atrevería a decir que mi hijo de 6 años lo haría): como cabo temporal especialista en electrónica de armamento y material, sé diferenciar una bota del número 43 y otra del 45. Sin embargo, ambas fueron entregadas en una misma bolsa junto a su féretro, cosa que a nuestro general de sanidad —cardiólogo y no forense— podríamos decir que no le preocupo bastante. O que ese tema no lo “había estudiado”.

Es más, cualquier persona con un poco de sentido común sabe que mediante análisis de ADN se pueden reconocer restos humanos, y no necesariamente mediante las placas metálicas de identificación o de las galletas del uniforme donde llevamos nuestros nombres bordados, como así explicaban que se hizo a unas familias que ya de por si desconfiaban bastante del protocolo utilizado por el Ministerio de Defensa.

Uno de los problemas que se encontró el Ministerio de Defensa fue pensar que estaba tratando con los silenciados soldados a los que está acostumbrado a callar mediante el discurso del miedo o de la represalia en sus quehaceres diarios. Quizá supuso que todavía somos aquellos soldados de reemplazo a los que utilizar a su antojo. Pero no fue así: se encontró con unas familias que no tenían por qué callar, hasta el punto de que Televisión Española bajó el volumen de los micrófonos en el funeral de Estado para que no se escucharan los gritos de los familiares increpando a un Ministerio de Defensa que comenzaba a ser desenmascarado.

El 15 de octubre de ese año, gracias al Villareal Club de Fútbol que jugaba un partido contra el Trabzonspor —equipo local de la ciudad turca—, las familias viajaron a Trebisonda. Pero el bonito homenaje allí realizado a los soldados caídos, promovido por las autoridades turcas y por el consejo de administración del club, no fue capaz de tapar un lamentable descubrimiento. Algunas de aquellas chapas identificativas que el Ministerio de Defensa decía haber utilizado para reconocer a nuestros compañeros estaban en posesión de un imán turco que él mismo había encontrado en el lugar del siniestro.

Francisco Javier Jiménez Ugarte, número tres del entonces ministro de Defensa Federico Trillo, llegó incluso a escribir una carta al imán en la que se le recriminaba haber enseñado estas pruebas a las familias, en lugar de haberlas entregado al Gobierno de España. Mientras Francisco Cardona, padre de una de las victimas, veía con sus propios ojos los distintivos militares que portamos en misiones internacionales, todas estas pruebas parecían no ser suficientes para llevar a juicio el caso, al menos para la jueza Palacios, quien en octubre del mismo año las rechazaría como prueba.

Pasaron 200 días desde el accidente, y los familiares de las victimas decidieron manifestarse al ver claramente que nadie quería hacer frente a la verdad. Una vez más, la opacidad del Ministerio de Defensa demostraba una total falta de humildad al no declararse en parte culpable y evitar hacer pagar de algún modo a los responsables de la tragedia.

¿Por qué razón el Ministerio de Defensa intentaba negar que existieran pruebas que, a día de hoy, todavía se conservan en la ciudad turca? ¿Por qué la cúpula del Ministerio de Defensa no permitió terminar los trabajos?

Esas preguntas que ahora nos hacemos algunos ya se las hacía Bullent Sam, máximo responsable turco de las autopsias sobre el terreno; el forense tampoco fue citado a declarar a pesar de figurar su firma en el acta forense.

Gracias al tesón de familiares como Carlos Ripollés, portavoz de la Asociación de Víctimas del YAK42, poniendo contra las cuerdas tanto a la Cúpula Militar como a jueces de la Audiencia Nacional, y gracias a que la prensa publicara el 15 de Abril de 2009 el acta de los forenses turcos donde se ratificaba que los cadáveres de 30 de nuestros compañeros viajaron a España sin identificar, acta firmada por el fallecido general Navarro, y por el teniente general D. José Antonio Beltrán, al final estas pruebas fueron incorporadas a la causa judicial.

El Ministerio de Defensa, recordemos, había negado la existencia de esas pruebas en mayo de 2003. Pruebas tan claras como anillos con el nombre de la esposa de uno de los fallecidos, que el equipo médico español no fue capaz de revisar para corroborar a quien estaban identificando. Visto lo visto, está claro que no era la prioridad.

La ‘mala praxis’ del por aquel entonces Gobierno del Partido Popular llegó hasta el punto de que que enviaron a Turquía a Jiménez Ugarte, citado anteriormente, para intentar anular la entrega del acta, cosa que no consiguió, pero en reconocimiento a su intento este fue recompensado con la friolera de 120.000 euros de sueldo por un puesto en una embajada. De esta forma, no sólo el ex ministro Trillo fue “premiado” con un puesto en otra embajada, seis años después de la tragedia. Así nuestros gobernantes se premian entre ellos.

Creo que es relevante recordar, también, que en ningún momento durante la celebración del juicio  se llamó a declarar a Federico Trillo, lo que a nadie sorprendió.

Amparo Gil, madre de una de las víctimas, junto a todos los demás familiares, tenía claro que no podía dejar que esto pasara como un barco de papel en un río frente a la impunidad de los responsables de la pésima gestión de la desgracia. Ellos murieron como héroes y los han tratado como perros, se escuchaba en la Audiencia Nacional.

Así pues, sin haber terminado las labores de reconocimiento de cadáveres —ahora podemos decir claramente sin ni siquiera haberlas comenzado—, se organizó el funeral de Estado la tarde del 27 de Mayo de 2003. Así lo declaró Luis Alejandre, quien fuera general jefe del Ejército de Tierra del Ministro Trillo, en la Audiencia Nacional. Sí, lectores, la misma tarde que Trillo volvía a España y sólo dos días después de la tragedia.

La decisión final acerca de la fecha del funeral de Estado, que fuese para todas las víctimas y en la Base Aérea de Torrejón, según Alejandre, fue tomada por la Casa Real. Dijo que él sólo podía opinar al respecto pero que esa decisión no era de su competencia. Me gustaría saber a mí qué competencia era la suya para que, 16 años después, sigamos igual.

¿Fueron dos días suficientes para el reconocimiento forense de 62 cuerpos? Mustafá Gündüf, forense turco encargado de esta misión tenía claro que no, y así fue realmente: apenas 24 horas después del accidente, 30 de estos cuerpos volaban a territorio nacional sin estar identificados.

A pesar de que el medico turco pensara que esta labor finalizaría en España. No ocurrió así. La realidad difiere una vez más de lo que debería de haber ocurrido. Si el fiscal turco Tufan Yoban hubiera sabido que no se terminaron de identificar los restos (a pesar de estar escrito en un documento que el Gobierno Español se haría cargo de que los reconocimientos que no había dado tiempo a realizarse), él se hubiera negado a la repatriación “exprés” practicada por nuestro Ministerio.

Se enterraron a las víctimas de noche, se mantuvieron cementerios abiertos hasta altas horas de la madrugada, en lugar de realizarse todas las autopsias en territorio nacional, como se dijo que se haría.

En juicio, ni siquiera entre generales se pusieron de acuerdo, ya que el general Navarro aseguró no haber hablado de identificación de cadáveres, mientras que el por aquel entonces general del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán, declaraba que su compañero había propuesto no entregar aun los cadáveres no identificados.

¿Por qué se juzga sólo los a los que recibieron las órdenes y no a los que las dieron? Es una de las cuestiones que muchos nos hacemos. De hecho, el abogado de las víctimas Leopoldo Torres pidió expresamente que Federico Trillo o José María Aznar declararan como responsables de la cadena de errores, petición que fue desestimada. No se nos olvide que este último recibe una pensión vitalicia como expresidente del Gobierno.

Pruebas ocultadas, ministros reprobados, políticos que sin haber dimitido siquiera fueron recompensados con puestos más que bien remunerados en embajadas, militares condecorados, cementerios abiertos de noche, familiares que velaron cuerpos que no eran ni sus hijos ni sus maridos ni sus amigos. Han pasado 16 años años y quiero dejar claro que hoy, mediante este modesto trabajo de investigación, mi única intención es rendir homenaje a mis 62 hermanos de armas. Un homenaje que su propio país todavía no ha sido capaz de hacer como se merecen realmente.

Tomaré prestada una frase a Rosa Royo, madre de una de las víctimas, que decía que “por ellos hay que luchar”. Recuerdo también la expresión “Todos íbamos en el Yak”, frase que decíamos por aquel entonces todos nosotros.

Sólo me queda nombrar a todos y cada uno de los 62, a día de hoy presentes en mi memoria y en la de todos los soldados españoles, y que honraremos de nuevo en este 16 aniversario. Y con el llamamiento a Defensa para que que algo así jamás vuelva a suceder.

José Ramón Solar Ferro. José Antonio Fernández Martínez. Fco. Javier García Gimeno. Antonio Novo Ferreiro. Felipe Antonio Perla Muedra. José Manuel Ripollés Barros. Manuel Gómez Ginerés. Ignacio González Castilla. Santiago Gracia Royo. Juan Ignacio López de Borbón. José María Muñoz Damián. Jesús Mariano Piñán del Blanco. David Arribas Cristóbal. Antonio Cebrecos Ruiz. David Gil Fresnillo. Mario González Vicente. Sergio Maldonado Franco. David Paños Saa. Joaquín Enrique Álvarez Vega. Godofredo López Cristóbal. César Barciela González. Juan José Bonel Suárez. Francisco Javier Cobas Ligero. Miguel Ángel Díaz Caballero. Emilio Gonzalo López. Juan Carlos Jiménez Sánchez. Francisco Moro Aller José Ignacio Pacho González. José Manuel Pazos Vidal. Eduardo Rodríguez Alonso. Pedro Rodríguez Álvarez. Blas Aguilar Ortega. Miguel Ángel Algaba García. Francisco de Alarcón García. Francisco Javier Hernández Sánchez. Sergio López Saz. Iñigo Maldonado Franco. Rafael Martínez Mico. José Luis Moreno Murcia. Alberto Antonio Mustienes Luesma. Ismael Hipólito Lor Vicente. José Manuel Sencianes López. Juan Antonio Tornero Ródenas. Francisco Cardona Gil. David González Paredes. Eduardo Hernández Mañez. Juan Ramón Maneiro Cruz. Juan Jesús Nieto Mesa. José Gabino Nvé Hernández. Miguel Sánchez Alcázar. Vicente Agulló Canda. Juan Carlos Bohabonay Domínguez. Fernando España Aparisi. Iván Jesús Rivas Rodríguez. Feliciano Vegas Javier. José Ignacio Viciosa García. José Israel Ferrer Navarro. Javier Gómez de la Mano. Miguel Ángel Calvo Puentes. David García Díaz. Carlos Onz García. Edgar Vilardell Iniesta.

In Memorian