Dominio público

Agua: bien público

Luis Babiano

Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)

Pixabay.
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En la primera semana de la crisis pandémica algunos informativos nos mostraron imágenes de los estantes desprovistos en algunos supermercados, vaciados por consumidores aterrorizados por la idea de terminar en cuarentena en cualquier momento con un refrigerador vacío. Los españoles, hemos llenado nuestras casas de papel higiénico, legumbres, arroz, pasta y, también, agua mineral. Según la mayoría de los diarios el agua embotellada fue el segundo producto más comprado en los supermercados.

En Italia, semanas antes, pasaron por una situación parecida que obligó   al Instituto Superior de Salud a intervenir. En una nota publicada hace unos días, enfatizó que no es necesario almacenar botellas voluminosas, porque el nuevo coronavirus no puede de ninguna manera transmitirse a través del agua del grifo.

Desde los operadores públicos del agua afirmamos que el agua del grifo es, como recoge la campaña #SanaySegura, muy recomendable y que no hay justificación sanitaria para elegir aguas embotelladas. Nuestras prácticas actuales de purificación son 100% efectivas para eliminar cualquier tipo de virus o bacteria perjudicial para la salud humana. En la actualidad no hay evidencia de transmisión, ni del actual coronavirus, ni de ningún otro virus, ni siquiera al personal profesional expuesto a las aguas residuales de manera cotidiana.

Se están tomando medidas preventivas en numerosos sectores para evitar contagios y nosotros, operadores públicos de agua, seguimos garantizando a 100% un suministro de agua potable de calidad. La mayoría de los operadores públicos han limitado la presencia física en sus oficinas y están impulsando al máximo el teletrabajo en sus plantillas de trabajadores. No obstante, las infraestructuras clave en el ciclo integral del agua (plantas de potabilización y de depuración) mantendrán, o incluso reforzarán, los turnos presenciales de trabajadores para garantizar el servicio de suministro en todos los hogares.

La emergencia sanitaria del coronavirus está afectando a prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. Esta crisis pone en evidencia más que nunca la importancia de los valores colectivos de nuestras empresas públicas de agua: la solidaridad, la cohesión y la cooperación. La crisis ha provocado un hundimiento económico sin precedentes, lo que exige de nosotros respuestas inéditas. Por eso la mayoría de las empresas públicas decidimos, mucho antes que el gobierno, suspender, con carácter inmediato, cualquier procedimiento de corte del suministro a sus usuarios. Además, los operadores públicos de ciudades como Valladolid (Aquavall), Sevilla y su área metropolitana (EMASESA), Palma (EMAYA), Tarrasa? (Terrassa-Barcelona) o de pequeñas ciudades como Jávea (Xàbia-Alicante) han asignado fondos para paliar las dificultades económicas de familias, autónomos y pymes. Fondos que serán una contribución significativa de los operadores en la recuperación económica y social de sus municipios.

Dudamos de que pueda haber un antes y un después de esta crisis mundial si no se hace un análisis crítico de las políticas individualistas que han despiezado una de las principales estructuras de "integración" de los individuos en nuestros estados: los servicios públicos. El covid-19 puede ser el último aviso antes del colapso como especie, y la apuesta por el agua como un derecho, y no como una mercancía, es una de sus vacunas. Para ello los gobiernos deberían, hasta el Financial Times lo sostiene, adoptar reformas radicales, revirtiendo la dirección política que ha prevalecido en las últimas cuatro décadas. Siguiendo la expresión del economista James K. Galbraith, los gobiernos europeos tendrían que frenar a las clases depredadoras, defender abiertamente los valores de lo público y aceptar un papel más activo en la economía.  En este sentido desde Aeopas creemos que es urgente que el gobierno impulse una Ley de Bases para la Regulación del Ciclo Integral Urbano del Agua que prohíba la especulación, refuerce la gestión pública eficaz y contribuya a la transformación socioeconómica de nuestros municipios en el sentido del Green Deal.