En la tarde del 15 de abril, el Ministerio de Educación anunció las medidas que se adoptarán para la finalización del curso académico. Lamentablemente tenemos que decir, una vez más, que este plan no da una respuesta positiva a las necesidades de millones de estudiantes.

En primer lugar, y por increíble que parezca, el Ministerio sigue negándose a reconocer una realidad obvia para todo el mundo y es que el curso ya ha terminado. Siguen empecinados en que acabará en junio y que hasta entonces se utilizarán las herramientas para la educación online (que excluyen a una gran parte de las familias con menos recursos) para evaluar sobre contenidos que no se han podido impartir en condiciones de igualdad. Mirar para otro lado ante esta realidad, que demuestra la existencia de una brecha de clase creciente en el sistema educativo, es simplemente apostar por el continuismo de un modelo que ha puesto la enseñanza pública en situación de emergencia y que ha provocado el mayor fracaso escolar de Europa.

La presión que hemos generado los estudiantes, y la evidencia de una situación insostenible, han obligado al Ministerio a abogar por la promoción de curso en primaria, secundaria y primero de bachillerato. Pero se han negado a suspender las pruebas de selectividad y que la media de bachillerato sirva para acceder a los estudios universitarios, consolidando con esta decisión una universidad pública cada vez más parecida a la privada y cerrada a cal y canto para una mayoría de estudiantes de familias trabajadoras.

En una entrevista realizada pocas horas después del anuncio, la ministra Isabel Celáa dejaba claro que con su decisión renuncia a terminar con la política de recortes que hemos padecido durante años. Su propuesta no plantea ningún plan económico de choque para rescatar la educación pública, y cuando habla de clases de refuerzo o de la posibilidad de contratar profesores interinos, todo son ambigüedades sin concreción alguna.

Es más, sus afirmaciones de que la repetición será una excepción ya han sido utilizadas por los consejeros de educación de Madrid y Murcia, ambos del Partido Popular, y por el Gobierno vasco, PNV, para afirmar que en estos territorios se titulará con todo aprobado en 4º de la ESO y 1º de bachillerato, y en caso de promocionar de curso se detallarán los suspensos de este. ¿Qué hará la ministra ahora? Es obvio que su plan solo sirve para avivar los ataques de la derecha española, y también la nacionalista, contra la enseñanza pública y los estudiantes que no pertenecen a las clases privilegiadas.

Desde el Sindicato de Estudiantes hemos reivindicado la necesidad de que el Ministerio garantizara que todas y todos los estudiantes pasaran de curso sin suspensos, que aquellos que tuvieran una nota superior al 5 mantuvieran su media de las dos primeras evaluaciones, y que no se nos evaluara de los contenidos del tercer trimestre porque la realidad es que no lo estamos cursando. El Ministerio ha hecho oídos sordos a nuestras propuestas planteando que la repetición será algo "excepcional" pero, ¿de qué circunstancias excepcionales nos habla la ministra? Vivimos una situación inédita donde los fallecidos se cuentan por decenas de miles, donde nuestros padres y madres son víctimas de ERTEs y despidos... No hay ninguna justificación, en estas circunstancias, para que ningún estudiante repita curso.

El Gobierno mantiene la celebración de los exámenes de la EBAU. Un completo sinsentido. ¿Por qué los alumnos de segundo de bachillerato no pueden ser evaluados como en el resto de las etapas educativas? ¿Por qué se insiste tanto en hacernos pasar por unas pruebas que son una criba para millones de estudiantes de familias trabajadoras y ocultan la falta de plazas y de inversión en la universidad pública?

La ausencia de empatía social y de solidaridad por parte del Gobierno, planteando que hay que mantener estos exámenes como si nada pasara, es francamente sorprendente. Se nos dice que este plan es para ayudar a los estudiantes, pero ¿cuál es esta ayuda? ¿Exámenes de los que depende nuestro futuro en una situación de catástrofe social?

Si hubiera plazas suficientes en la universidad pública no sería necesaria ninguna prueba, pero el Gobierno se niega a reconocer esto. Si quieren ayudarnos que deroguen los recortes y que garanticen la gratuidad de la educación desde infantil a universidad.

Es inaceptable que se hable de un "escudo social" mientras la enseñanza pública queda excluida de un plan financiero que combata los efectos de los recortes presupuestarios y los despidos de miles de profesores. Cuando un Gobierno que se proclama de izquierda entrega 100.000 millones del presupuesto público al Ibex 35 y la gran banca, y más de 15.000 millones a la enseñanza privada concertada para seguir engordando los beneficios de la patronal, y por contra dedica migajas a las necesidades sociales sin revertir los recortes, no puede sentirse muy orgulloso.

Si no se pone en marcha un plan de inversión masivo en defensa de la educación pública el futuro que nos espera a los estudiantes de familias humildes es claro: a pesar de promocionar el curso, sufriremos las consecuencias de esta crisis en nuestras condiciones materiales para el aprendizaje, el fracaso escolar aumentará exponencialmente en nuestros centros y barrios, y se levantará un muro todavía mayor del que ya existe para expulsarnos definitivamente de la universidad.

Evidentemente a la derecha le da exactamente igual nuestro futuro. Para ellos, y para la patronal, no somos más que materia prima para la explotación en las condiciones más precarias, con los salarios más bajos y siempre prescindibles. Pero nosotros no podemos tolerar esta situación.

Por eso emplazamos a este Gobierno: ¡Basta ya de propaganda y brindis al sol! Queremos hechos. Queremos un cambio radical en la enseñanza pública porque no podemos esperar más. Dejaos de tantas ruedas de prensa y actuad en beneficio de las familias trabajadoras y de la juventud.

El Gobierno PSOE-Unidas Podemos debe rectificar urgentemente, dejar de apelar a los pactos con la derecha reaccionaria y la CEOE, y escuchar a su base social, a la comunidad educativa y la juventud. Debe acometer un incremento drástico del presupuesto para la enseñanza pública hasta el 7% del PIB para el próximo curso. Debe acabar de una vez por todas con los recortes en todos los niveles educativos. Aumentar sustancialmente el presupuesto de las becas y garantizar la gratuidad total de la enseñanza, desde infantil hasta universidad, para todas las familias trabajadoras. Reducir los ratios y contratar a miles de profesores, suprimir la selectividad y poner fin a la financiación pública de la enseñanza privada y a los privilegios que disfruta la Iglesia Católica. Esto es lo que debe hacer un Gobierno de la izquierda.

Desde el Sindicato de Estudiantes exigimos que se garantice nuestro derecho a la educación y eso no se consigue con grandes discursos y planes como los que ha presentado la ministra, sino poniendo todos los recursos públicos necesarios para que los estudiantes, los profesores y todos los trabajadores de la enseñanza podamos aprender y educar en unas condiciones dignas e igualitarias.