La calidad democrática de un sistema de gobierno puede medirse por la manera en la que, en general, trata a las víctimas, ya sean estas de terrorismo, de violencia machista o de cualquier otro tipo. La forma en la que se las atiende, en la que se las tiene en cuenta, se las repara y se les proporciona apoyo dice mucho de la sensibilidad y la empatía que se despliega, principalmente desde las instituciones, que son las responsables de proporcionar estos cuidados.

Si utilizamos esta vara de medir para calibrar la actuación del Estado hacia las víctimas del franquismo, el resultado histórico es de Muy Deficiente.

Entendemos como víctima del franquismo no solo a quien fue asesinado, sino también a quien padeció estigmatización, discriminación, exilio, prisión, tortura, violación o trabajo esclavo, y también a sus familias, que padecieron con ellos o sin ellos, el silencio, el terror y la tristeza. De la dictadura no se podía esperar más de lo que dio: reparación, homenajes y ensalzamiento a las víctimas en zona republicana, y desprecio, rencor y crueldad hacia las que provocaron ellos mismos hasta la misma muerte del dictador.

Pero la llegada de la democracia no cambió casi nada para las víctimas olvidadas, no hubo justicia, ni verdad, ni reparación para ellas, tan solo una vuelta de tuerca más a la humillación, esta vez en forma de ley de amnistía. Las personas ejecutadas a pie de fosa, las condenadas a trabajo esclavo, las torturadas por la brigada político social, todas ellas siguieron ignoradas, mientras Franco y su corte de verdugos conservaban honores públicos, y los psicópatas torturadores recibían medallas y prebendas. Han tenido que pasar 40 años de gobiernos democráticos para que un Gobierno de España se plantee asumir sus responsabilidades con las víctimas ignoradas, gracias a la presión del movimiento memorialista y de la comunidad internacional.

Hay comunidades autónomas, como la de les Illes Balears, que llevan varios años haciendo los deberes, levantando mapas de fosas, impulsando planes de exhumación y retorno de restos a las familias, realizando homenajes a las víctimas del franquismo y fomentando los estudios de Memoria Democrática y Justicia transicional en la universidad pública. Paralelamente, el Gobierno comienza a dedicar presupuesto a proyectos de Memoria Democrática, y el proyecto de Ley Estatal de Memoria puede impulsar avances significativos en varios frentes. Parece que el panorama está cambiando, aunque sea de manera tímida.

Desgraciadamente, todo este esfuerzo puede verse comprometido por la situación política actual, en la que la extrema derecha está ganando espacio en los parlamentos, en los medios de comunicación y en las calles, con un discurso ultraliberal en lo económico y ultraconservador en lo social, y, por supuesto, empapado de neofranquismo revisionista.

La derecha en España, que nunca ha podido (ni querido) superar su origen, se halla ahora fragmentada en varios partidos, lo que no ha significado ninguna diferencia en lo que se refiere a la inexistente empatía hacia las víctimas del franquismo. El Partido Popular y Ciudadanos no han podido escapar de la gravedad del agujero negro que significa el neofranquismo de Vox y su reivindicación desvergonzada de la dictadura.

Los primeros se suman alegremente al desmantelamiento de los símbolos democráticos, como se ha visto en Madrid, con la retirada de las placas con los nombres de las víctimas fusiladas en La Almudena, o la vandalización de las figuras de Largo Caballero e Indalecio Prieto, con Ayuso y Martínez-Almeida mimetizados con el nacionalismo casposo de Monasterio u Ortega-Smith.

Ciudadanos simplemente ha sido fagocitado, ya que la agenda liberal que debería marcar su rumbo no tiene sustrato en el que arraigar, y la aceptación de la disciplina que emana de sus pactos de gobierno con los ultras los ha hecho indistinguibles de sus socios. Un refrán alemán dice que si en una mesa hay un nazi y diez personas que lo respetan, en esa mesa hay once nazis, y lo mismo está pasando en la derecha española.

Los resultados de la próxima cita electoral en la Comunidad de Madrid, dos años antes de las siguientes elecciones generales, probablemente marcaran el rumbo político del resto del Estado, y puede ser un rumbo muy preocupante. Un fortalecimiento del eje PP-Vox, que ya se sitúan en el ámbito del desprecio a los Derechos Humanos en lo que se refiere a la inmigración, la violencia machista o las víctimas del franquismo, nos empujaría en la dirección de Polonia o Hungría, donde sus gobiernos ultranacionalistas muestran marcados tintes xenófobos y retrocesos en las libertades de minorías de ámbito religioso, étnico, sexual o político. En España no sería Socialcomunismo o Libertad, sería Progresismo o "una, grande y libre".

Necesitamos gobiernos que tengan como prioridad la protección de las víctimas, y no de sus verdugos. Gobiernos que incluyan en sus agendas la conquista de derechos y no su desmantelamiento. Que impulsen un Escudo Social cuando hay una crisis, que garanticen los Derechos Humanos, y no que luchen contra ellos. Elijamos la política de la inclusión para arrinconar la política del odio.