Lejos parecen los tiempos en los que un presidente autonómico madrileño se dedicaba simplemente a gobernar su comunidad, bien sin aspiraciones monclovitas, bien sin dedicarse a esos chanchullos que te conducen a salir esposado de la urbanización residencial acompañado de la Guardia Civil. Isabel Díaz Ayuso, que de momento pertenece al primer grupo, no ha nombrado vicepresidente en su nuevo gabinete, algo que le haría falta asumiendo que su labor, en los dos próximos años, va a consistir en preparar su asalto a la política nacional. En su toma de posesión, este pasado sábado, la presidenta madrileña sentenció que "Madrid, España y monarquía son inseparables" pretendiendo cerrar así la polémica respecto a sus palabras tras la manifestación de Colón donde acusó al Gobierno central de hacer cómplice al Rey de los indultos.

A pesar de que Pablo Casado, ese señor que sonríe con los ojos tristes, tuvo que salir escopetado a corregirla al día siguiente, "no hay más cómplices que ellos [el Gobierno]", asegurando que Felipe VI cumplía su papel "de forma impecable", Ayuso no sólo no frenó en sus intenciones, sino que se ratificó realizando unas nuevas declaraciones el martes donde aseguró que Sánchez había tendido "una trampa" al Rey: "Me sigue pareciendo el mismo sonrojo, bochorno y humillación que el Rey de España tenga que firmarlo, luego no he rectificado absolutamente nada, he utilizado otras palabras [..] Casado piensa lo mismo que yo. Pensamos exactamente lo mismo. Y pensamos que es una humillación y una vergüenza que el Gobierno y los independentistas se ríen de todos los españoles".

Ayuso, ella misma, su equipo, la rama trumpista en la derecha española que representa, nunca hablan en balde. Para una presidenta con poca soltura leyendo, menos aún en la declaración sin papeles, es esencial que todo esté medido, mucho más aún en unas declaraciones que leídas profundamente son un terremoto respecto a la posición de la derecha respecto a la Corona. Que hayan constituido una polémica menor tiene que ver, más que con su profundidad, con el cortafuegos que rápidamente se ha creado en torno a ellas. En todo caso, la insistencia de la propia Ayuso en no desdecirse lo que nos indica es que detrás de las palabras más que un patinazo lo que había era una intención. ¿Pero cuál?

La primera y más obvia era atacar al Gobierno acusándolo de querer dañar a Felipe VI, situándose Ayuso de esta manera como el baluarte más radical contra el independentismo. La segunda intención de estas declaraciones, especialmente tras su ratificación, era dañar a Casado: Ayuso no sólo no rectificó sus palabras, sino que corrigió las del líder de los populares, deslizando que mientras que ella se atrevía a hablar claro, Casado no. Pero hay una tercera lectura, opacada, paralela y compatible con las otras dos: Ayuso quería poner al Rey en una posición incómoda.

Si la función constitucional del Monarca es firmar las decisiones del Gobierno, la polémica inducida por Ayuso carecía de toda base jurídica y de posibilidad. Tanto es así que Juan Carlos I, en el año 2005, ya declaró que "yo soy el Rey de España, no de Bélgica", cuando se insinuó que podría abdicar temporalmente para no tener que firmar la ley del matrimonio igualitario, tal y como hizo el rey belga en 1990 con la ley del aborto. La insistencia de Ayuso pudo deberse a un intento desacomplejado por sacar rédito del conflicto con los indultos o, paralelamente, a algo similar a lo sucedido en 2005: dejar al Rey marcado delante de una derecha social cada vez más echada al monte. La línea entre caer en una trampa y ser un traidor es muy fina, sobre todo para ese electorado que ha sido educado en la conspiración y el fanatismo. Si el río suena, agua lleva.

¿Se nos ha vuelto Ayuso republicana de repente?¿Qué pretende el sector trumpista de la derecha española al dejar al Rey en una posición problemática?

Juan Carlos I no siempre fue un rey campechano.

 Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa Real durante el proceso constituyente de 1978, cuenta cómo mantuvo diversas reuniones con el presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil, para trasladarle de "manera oficiosa las sugerencias que pudieran considerarse oportunas en cuanto a las facultades del Monarca que habrían de incluirse" en la Constitución. Entre ellas, la Casa Real quería incluir la posibilidad de que el Rey pudiera "desistir abiertamente de una disposición legal sometida a su sanción", es decir, que el Rey pudiera devolver al Parlamento leyes que no fueran de su agrado. Además se quería atribuir a la Corona la posibilidad de convocar referéndums "sobre temas trascendentales para la Nación, que se plantearan de forma imprevisible, por encima de los programas, las promesas y los acuerdos de los partidos políticos".

Estas dos prerrogativas, que hubieran dado al Rey capacidad ejecutiva, mediante los referéndums, y legislativa, mediante el veto de leyes, no fueron aprobadas, según Campos porque "ni las circunstancias eran propicias ni el interés decisivo". En un momento, 1978, donde aún se pensaba que el Partido Comunista podría ser la primera fuerza de la oposición y donde el PSOE era aún una incógnita, la intención de la Casa Real era la de una democracia tutelada. Se pretendía que el Rey tuviera la facultad de inmiscuirse legalmente en la vida política del país y así salvaguardarlo de una deriva izquierdista considerada intolerable. Los claveles lucían aún demasiado frescos en el jardín del vecino.

Las circunstancias poco propicias que relata Fernández Campo se llaman "movimiento obrero". En los complicados equilibrios de la Transición siempre se olvida que una de las fuerzas decisivas que consiguió los mayores avances sociales fueron los trabajadores organizados en sus partidos y sindicatos. Pero no sólo. Muchos avances políticos también fueron fruto de esa presión, a los que la derecha no se podía negar ya que había perdido el dominio tanto de la calle como del conflicto capital/trabajo, quedándoles sólo la intervención armada del Ejército, una que les hubiera alejado otro par de décadas de la integración en Europa, condición última por la que gran parte del empresariado español era partidario de las reformas.

Gracias a esta presión se consiguió el actual Título II de la Constitución, donde en su artículo 62 se regulan las funciones reales, entre otras, sancionar las leyes, convocar y disolver las Cortes y nombrar al presidente según los términos previstos y el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Atribuciones no poco pequeñas pero alejadas de la intervención en la política del país que le corresponde soberanamente al Ejecutivo y al Parlamento. Además de la presión de la izquierda, el propio Gobierno de Suárez intuyó que estas aspiraciones serían un suicidio para la Corona.

De hecho, tras finalizar los tempestuosos años de la Transición y asentarse su relato, Juan Carlos I tomó el papel no sólo de gran estadista y de héroe frente a los golpistas del 23F, sino también, de forma no menos importante, de un tipo simpático que no se metía en jaleos, que cuidaba del bienestar de todos, que daba una imagen moderna del país en sus viajes internacionales. De un hombre que, a pesar de ser Rey, era sencillo y popular. No hay mejor seguro de vida para un estadista que aparentar que él tan sólo pasaba por allí.

El republicanismo y la memoria histórica fueron progresivamente decreciendo, ensombrecidos en una sociedad que pasó de los cantautores a la Movida y del movimiento obrero al pelotazo. Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda de Felipe González, sintetizó en 1988 cuál era tanto el ambiente como la consigna: "España es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo de Europa y quizá del mundo". Diez años después de la promulgación constitucional nadie tenía tiempo ni ganas de cuestionar al Rey, al igual que  el Rey carecía del más mínimo interés por inmiscuirse en la vida política del país.

Sin embargo, un muy minoritario sector de la población, en aquel entonces silencioso y durmiente, pero con sus privilegios a salvo, seguía considerando al Rey un traidor. Sus cachorros aún siguieron cantando un tiempo aquello de "Juan Carlos, Sofía, la horca está vacía". Se trataba de la ultraderecha, que mientras ganaba dinero a espuertas esperaba su oportunidad.

El "centro reformista" se fija en Azaña.

José María Aznar llegó a la Moncloa en 1996, justo en los años en los que Médico de Familia, aquella teleserie sobre el ascenso a la centralidad nacional de la clase media, triunfaba en todos los hogares. Aquellas elecciones sucedieron tras una horrible última legislatura felipista marcada por la crisis de 1993 y múltiples casos de corrupción. La derrota de González, a pesar de todo, fue por apenas 290000 votos, una donde incluso una coalición con Izquierda Unida les hubiera mantenido en Moncloa, algo inconcebible en el momento, por Anguita, pero sobre todo por un González que estaba harto de aquel palacio al noroeste de la capital.

Aznar ganó con una imagen de chico de provincias, sensato y poco dado al alboroto, que venía a "gestionar" el país sin meterse en demasiados problemas. Para esto ya tenía a Álvarez Cascos, el "doberman" y a alguien llamado Miguel Ángel Rodríguez, que se tomó aquella confrontación con los socialistas de forma muy parecida a como Lee Atwater trabajó para Reagan: aprovechando el impulso de una narrativa de clase media aspiracional que empezaba a ser pujante en España, entre otras cosas gracias a gente como Solchaga. Los tiempos en que MAR aprendería de Steve Bannon aún quedaban lejos, pero ya se intuía en él un apego por el espectáculo de la inmoralidad argumental notable. Todo estaba aún por empezar para una derecha que, por primera vez, tocaba poder central en democracia.

La derecha, para llegar a la Moncloa tuvo que deshacerse de su ADN franquista para que el país les tuviera en cuenta. Con la ocasión de las generales de 1993, Aznar giró el timón hacia una latitud que dejó a muchos sorprendidos, reivindicando su "vocación profundamente azañista", en referencia al presidente de la II República. En aquel acto en Barcelona donde Aznar se puso tricolor, el entonces candidato popular estaba flanqueado por Alejo Vidal-Quadras, presidente del PP catalán, que en aquel momento se hacía llamar Aleix porque le faltaban dos décadas para fundar Vox.

¿Era sincero el interés de Aznar hacia Azaña o era tan sólo una forma de maquillar sus raíces franquistas ante la opinión pública? En 1994, un extraño trío se da cita en un acto literario: José Barrionuevo, el propio Aznar y Federico Jiménez Losantos, para presentar el libro de este último titulado La última salida de Manuel Azaña. El escritor Andrés Trapiello contaba en el periódico El Mundo que "cuando Aznar llegó a la Moncloa empezó a organizar unas cenas con escritores. A mí me invitó y fui alguna vez. Una de esas noches, Aznar nos dijo a los invitados que lo acompañáramos a una dependencia del Palacio, que nos quería enseñar algo. Resultó que el tesoro que nos esperaba era una bandera. 'Es la bandera que envolvió el féretro de Azaña cuando lo enterraron'. Y hay una cosa que no puedo olvidar: el respeto, la devoción con la que aquel hombre doblaba y desdoblaba aquella bandera sólo podía ser sincero".

Más allá de las impresiones de Trapiello, el también escritor Luis Antonio de Villena relató en el mismo periódico que Aznar le explicó "su proyecto de crear una derecha moderna, civilizada y culta y me confesó que estaba buscando referencias de intelectuales de izquierdas pero no marxistas que pudieran ser reivindicados desde esa nueva derecha, porque era consciente de que la tradición intelectual de las derechas españolas era muy pobre. Yo le hablé de Juan Ramón, de Salinas, de Guillén... y él, muy amablemente, escuchaba y tomaba nota".

En 1997, Aznar presenta otro libro con la figura del ex-presidente de la II República, Los cuadernos robados, destacando "algunos consejos tácticos de gran utilidad: evitar el personalismo, no perder la serenidad, permitir el juego de las instituciones, no pensar con frases hechas, sacar buen fruto de los disparates que cometan los demás y no dejarse sesgar por los veleidosos titulares de los periódicos".

Aznar I de España y III de las Azores, de la vanidad a la amargura.

Doce de marzo de 2000, José María Aznar sale al balcón de Génova a celebrar la que por fin es una victoria inapelable en unas elecciones generales. Su mayoría absoluta es recibida por sus simpatizantes con gritos de "torero, torero" y cánticos de "que viva España". Aznar, flanqueado por Arenas, Botella, Rajoy y Rato, trata de calmar a la multitud hablando de "diálogo, acuerdos, búsqueda de los más amplios puntos de encuentro para hacer que este país abierto, plural y de progreso sea la realidad española de los próximos años". Será una de las últimas ocasiones en que salga a relucir el candidato moderado de los noventa.

Con la llegada del nuevo siglo, Aznar se encuentra con una realidad que no comprende. A pesar de su mayoría absoluta, la calle, a cada una de sus medidas, contesta de manera contundente. Primero la nueva ley universitaria, después la huelga general de 2002, seguido por un oscuro 2003 donde, a parte del Prestige, Aznar se embarca en su aventura imperial en Irak a cambio de poner las piernas sobre una mesa junto a Bush. Cuanto mayor es la respuesta en la calle más se crece el presidente, que empieza a mostrar ya unos signos claros de endiosamiento cuando juega durante meses con la prensa al ratón y el gato en lo que será la designación de su sucesor.

Es aquí cuando las mentes de la derecha se dan cuenta de que, por mucha victoria electoral que consigan, si el sentido común del país sigue siendo progresista, no habrá manera de introducir los cambios que se desean en la siguiente legislatura: FAES meets Gramsci. Comienza entonces una apuesta nacionalista primero contra del Plan Ibarretxe, luego como respuesta al "patriotismo constitucional" impulsado por el nuevo candidato del PSOE, José Luís Rodríguez Zapatero. Muchos miran con suspicacia este nuevo fervor de la derecha por el rojigualdismo: puede estar por venir algo peor en un país donde lo ultra parecía definitivamente sentenciado.

¿Y el Rey? Mientras que con Felipe González ha mantenido unas excelentes relaciones, en lo político y lo personal, con Aznar es público y notorio que la relación es manifiestamente mejorable. En ambas legislaturas se producen varios desencuentros entre Moncloa y Zarzuela, en especial en lo referente a política internacional, donde Juan Carlos I se había constituido desde el inicio de su reinado como un baluarte para los asuntos del país -ya en nuestros días sabríamos que también para sus negocios personales-. En especial las relaciones con Francia y Estados Unidos son motivo de disputa, donde las visitas de sus presidentes, de donde es excluido el Rey por orden de Aznar, levantan ampollas. Quintos de Mora, la finca de Patrimonio Nacional en Toledo, se convierte tras la visita de Bush en el símbolo de una oficiosa jefatura de Estado aznarista.

La boda de Ana Aznar, la hija del presidente, celebrada en septiembre de 2002, se recuerda hoy por la asistencia de la cúpula de la Gürtel, pero en su momento despertó también las suspicacias de la Casa Real. En primer lugar porque el lugar de celebración, el monasterio del Escorial, es donde se encuentra la Cripta Real, donde reposan los restos de decenas de Austrias y Borbones. La boda, a la que asistieron Juan Carlos y Sofía, se trataba de un acto privado, pero tomó una extraña relevancia pública que hacía muy difícil no compararla con las de las Infantas. Más de 1100 invitados y una retransmisión líder de audiencia en Telecinco. No fueron pocos los que sacaron la conclusión de que los Aznar querían, con aquella demostración de fuerza, postularse como la primera familia del país.

Todo, sin embargo, se tuerce con la victoria de Zapatero en 2004, tras la procaz y desastrosa gestión informativa del Gobierno popular en los atentados del 11M. Este es el punto de quiebra donde Aznar pasa de la vanidad a la amargura, donde la derecha en España apuesta por las teorías de la conspiración para explicar su derrota. Es el momento donde se deja libre a una ultraderecha marginal hasta aquel entonces, que volverá a reencontrarse en la calle espoleada por el TDT Party y los radio-predicadores. Una década donde Mariano Rajoy es acosado por Esperanza Aguirre y Federico Jiménez Losantos, que la emprende incluso contra el Rey, a quien considera proclive a los socialistas, pidiendo la abdicación en su hijo Felipe.

En octubre de 2007 se produce la conocida comida donde Juan Carlos expresa su preocupación por el ambiente de crispación en el que se va a celebrar la Fiesta Nacional. Esperanza Aguirre, sentada en aquella mesa, recoge el guante. Lejos de amilanarse, la condesa consorte de Bornos apoya a su amigo locutor: "No sé si os va a gustar lo que voy a plantear, pero creo que se debe dar un trato humano a Jiménez Losantos". El Rey se indigna con la presidenta madrileña, "es a mí a quien tiene que dar un trato humano. ¿Pero esto qué es? Es intolerable. Le he dicho a Rouco Varela que recen menos por mí y la monarquía y se ocupen más de la Conferencia Episcopal que controla a la Cope".

La escisión que cristalizará en Vox a finales de 2013 hunde sus raíces en todos estos acontecimientos, que abren una nueva vía para que las ideas ultras puedan ser aceptadas de nuevo entre los líderes y el electorado del PP: para algunos serán novedad, para otros decir lo que llevaban tanto tiempo callando. A finales de julio de 2018, en el XIX congreso del Partido Popular se da el último episodio que abre definitivamente a los ultras las puertas de la política española.

Mariano Rajoy da la espantada tras su humillante moción de censura, dejando en el aire una victoria de Soraya Saenz de Santamaría que todo el mundo daba por hecha. La inquina personal de Cospedal hacia la que fue la mujer más poderosa de España le lleva a presentarse, lo que abre una puerta para Pablo Casado, a la sombra de Aznar y de Aguirre, para ganar la presidencia del Partido Popular. Con él, pese a sus bandazos posteriores, se esfuma no sólo la posibilidad de que el PP renuncie a pactar con Vox, sino que se abren oportunidades para que gente como Isabel Díaz Ayuso se convierta en la diva del trumpismo a la española.

Ayuso, presidenta de la I República Nacional Española.

No se alarmen, la posibilidad de que esto suceda es muy remota, casi tanto como que dos aviones sean estrellados contra las Torres Gemelas, inaugurando el siglo XXI, o que una enfermedad de origen desconocido con epicentro en Wuhan, China, ponga el mundo patas arriba. En política hay siempre que establecer unas prioridades a la hora de enfrentarse a unas amenazas, lo cual no significa que haya que entender las opciones menos probables como imposibles.

La intención de este artículo es, en primer lugar, señalar que el mal gesto de Ayuso con Felipe VI no es una excepción, sino más bien un capítulo más en una larga cadena de desencuentros de la monarquía con esa familia política acaudillada por Aznar. En los últimos años, con la abdicación real, el intento independentista y la notoriedad que tanto los de Casado como los de Abascal han dado al Rey, se diría que las relaciones han sido siempre excelentes, cuando ni mucho menos ha sido así. Si la antigua ultraderecha odiaba a Juan Carlos I por traidor, la nueva ha visto en Felipe VI un parapeto moral para su proyecto, colocando al monarca en una incómoda posición de la que la Zarzuela tampoco ha hecho demasiados esfuerzos por distanciarse.

El Rey, no obstante, es una figura en un serio peligro estratégico. No cuenta con las simpatías de la izquierda, es acaparado por la derecha y los ultras y tiene tan sólo en el PSOE su único valedor. Con la marcha de Juan Carlos a Abu Dabi, fueron precisamente los socialistas los que buscaron no tanto una salida para el emérito, sino sobre todo una oportunidad para el actual regente, que tras los múltiples casos de corrupción y el escándalo de las cuentas en Suiza, se enfrentaba a un momento complicado. Lejos de entender la jugada, el PP, Vox y sus resortes mediáticos, lanzaron la idea de que se trataba de una maniobra de carácter republicanista de Pedro Sánchez. Puede que a veces la derecha sea poco hábil, otras es que sencillamente le da igual quién salga perjudicado si ellos pueden obtener beneficios, llámese España, llámese Felipe VI.

Este episodio define muy bien la esquizofrenia a la que se ve sometida la institución monárquica, donde sus valedores más histéricos son precisamente los que la sitúan siempre en la posición más incómoda. Para que Felipe VI sobreviva políticamente necesita encontrar un punto similar al que encontró su padre en las décadas de los años ochenta y noventa. Estabilidad y negocio, sonrisas y tratos comerciales, representación internacional y un aburrido mensaje en Nochebuena. Un Rey debe vivir pocos momentos históricos si no quiere convertirse él mismo en historia. Felipe VI ya tuvo su 23F con el independentismo catalán, uno del que no salió tan bien parado como su antecesor.

Pero, si la derecha es tan presuntamente monárquica, ¿por qué no apuesta por la estabilización del país tras la década convulsa y espera su turno pacientemente?¿Por qué Ayuso lanza sus dardos contra Felipe VI? Todo se remonta, como hemos visto, a la amargura de Aznar, año 2004. Desde ese momento, la derecha institucional quedó al mando de un Rajoy que dió tantos bandazos como el propio Casado, que llegó a presidente en su tercer intento, ya con una crisis galopante, pero que procuró no saltar determinadas líneas rojas de Estado. Sin embargo, la rama aznarista siguió un camino diferente, el de preparar una restauración reaccionaria en España.

Todo el acoso al Gobierno de Zapatero valió al aznarismo para iniciar la narrativa de que España se había apartado de lo que ellos consideraban la justa línea constitucional, una que por tanto había que restituir. Aunque hoy ya no se recuerda, las dos legislaturas de 2004 a 2011 estuvieron marcadas por una notable crispación. A Zapatero se le comparaba con Largo Caballero, líder revolucionario del PSOE en los años 30. Se le acusó de traidor por alcanzar el fin de ETA, promulgar un nuevo estatuto para Cataluña e incluso abrirse a una multilateralidad europea. Se consiguió trasladar la idea a una parte de la población de que algo oscuro e ilegítimo ocurría en el Gobierno de este país.

Determinados mecanismos ideológicos, como el regreso del nacionalismo español excluyente o la prerrogativa de no respetar los resultados electorales, eran impensables antes de 2004, necesitando década y media para instalarse en el imaginario colectivo. Una vez alcanzado este punto es muy difícil un regreso a la normalidad, sobre todo con un líder débil y errático como Casado. No se trata ya de que Aznar haya pasado de reivindicar a Azaña a hacerlo con Lerroux, sino de que la derecha social del propio país ha cambiado. Maleducada durante años por autores revisionistas, medios radicales y unos medios conservadores que no han tenido reparos en unirse a esta espiral reaccionaria: cuanto mayor es su derechismo, mayores son sus audiencias. ¿Qué posibilidades tendría hoy una figura como Soraya Sáenz de Santamaría de encabezar la derecha española cuando sus jóvenes se identifican más con la bandera de Gadsden que con la enseña europea?

Alcanzando nuestro presente cabe lanzar la cuestión de fondo que ha impulsado toda esta historia: ¿por qué la derecha va a detenerse aquí?

Parece absurdo, atendiendo a los antecedentes históricos, pensar que cuando una corriente ideológica se radicaliza, va a moderarse por sí misma. La derecha que representa Ayuso y Vox, más allá, una que se nos ha revelado en este último año bien presente en la judicatura, el ejército, la policía y los medios de comunicación, no se va a conformar sólo con "expulsar" a Sánchez de la Moncloa. Llegado el caso de una victoria electoral, se verán con la fuerza de iniciar algún tipo de proceso constituyente para lograr una involución democrática en España. Uno que deberá contar con la aquiescencia del propio monarca, que se verá en la tesitura de "si no estás con nosotros, estás contra nosotros". Un Rey  tentado a encarnar esas prerrogativas legislativas y ejecutivas que vimos como mereodearon nuestra Constitución en 1978 antes de que se redactase.

El objetivo último será encontrar algún tipo de autoritarismo de barniz democrático, sancionado legalmente, que impida a la izquierda volver a llegar al Gobierno, que restrinja los derechos de asociación y de manifestación, que ahogue los derechos laborales y a los sindicatos y que, a lo sumo, tolere a un PSOE disminuido y comandado por sus sectores conservadores, de manera análoga a lo sucedido con la dictadura de Primo de Rivera a partir de 1923. La narrativa, por supuesto, no será esta, sino la necesidad de volver a recuperar la vitalidad de España, mancillada por años de "caos, despilfarro y corrupción". Cuando Abascal, en sede parlamentaria, amenaza con llevar a la cárcel a Sánchez e Iglesias no está sólo sacando su lado más pendenciero, sino trazando una profecía autocumplida: el primer paso para que algo suceda es sembrarlo como posibilidad en la opinión pública.

Mecanismo similar al de las declaraciones de Ayuso sobre Felipe VI, dejándole como víctima de una trampa, pero de una manera retorcida, también como traidor. Estas palabras son una hipoteca narrativa que esta derecha firma sobre el Rey: cuidado, parecen decirle, en un futuro cercano tendrás que elegir y la firma de estos indultos puede pesar sobre tu legitimidad. Esto es, plantar la semilla aún careciendo de la propiedad del terreno, del agua e incluso del sol, pero plantarla a pesar de todo, por si las condiciones son favorables asegurarte la sombra favorable de ese árbol. Quizá, llegado el momento, necesites al Rey de tu parte. Quizá necesites a un monarca diferente o, incluso, la idea de una república reaccionaria. La mejor manera de tener a alguien a tu lado no es cubrirle de elogios, la forma más efectiva siempre es conjugar el elogio público con la amenaza velada.

Lo cierto es que Ayuso no puede dar el salto a la política nacional antes de 2024, es decir, después de una hipotética derrota de Casado. No será la única que quiera ocupar la presidencia de los Populares, sí una de las mejor situadas para hacerlo: en cada paso que dé estos dos próximos años no estará en su mente Madrid. Será en este momento de reconfiguración de la derecha donde se dirima esta oscura posibilidad de horizonte. También con el resultado de Vox: un sorpasso al PP debería activar todas nuestras alarmas.

Prever los pormenores de la legislatura 2024-2028 se antoja complicado, más tras la pandemia. Lo que sí parece probable es que en un contexto de recuperación económica todo debería tender hacia una lógica estabilización. Sin embargo, si a ese contexto le añadimos el factor del dominio derechista por parte de Ayuso y Vox, el concepto de lógica y estabilidad se pierde entre el fanatismo ideológico. Si estas condiciones se llegan a dar, Ayuso y Vox no van a conformarse tan sólo con una victoria electoral convencional. Entre otras cosas porque para que esa victoria se produzca será necesario tensar al país hasta límites insospechados. Poner a España a las puertas de un nuevo "comunismo o libertad" en modo nacional, donde la única salida aparente sea una profunda reforma constitucional con el objetivo de la involución democrática del país.

La regla del décimo hombre expresa que ante un análisis, aunque nueve personas estén de acuerdo, una debe disentir para de esta manera contemplar incluso aquellos escenarios más improbables. Si tras la victoria de Zapatero en el año 2004, quizá si son algo más jóvenes, tan sólo hace una década, les hubieran descrito el estado actual de nuestra derecha, les hubieran contado quiénes son Ayuso y Vox, no les quepa duda de que hubieran puesto un enorme gesto de incredulidad. Lo más probable es que lo descrito en este artículo nunca llegue a suceder. Lo poco probable no significa lo imposible