Nuestra visión desde Europa muchas veces solo nos permite ver el mundo de una forma distorsionada y limitada. Y en la crisis bilateral entre España y Argelia pasa otra vez. Hay una premisa que no se está teniendo en cuenta y que, sin embargo, está en el origen de todo el conflicto. Hagamos memoria.

El pasado agosto, Argelia rompía sus relaciones diplomáticas con Marruecos. Para esta decisión, el acercamiento de Rabat a Israel fue decisivo (Argelia es un Estado solidario con el pueblo palestino), pero también la creciente tensión en el Sáhara Occidental (Marruecos rompió el alto el fuego en noviembre del 2020 y desde entonces los ejércitos marroquí y del Frente Polisario desarrollan una guerra de poca intensidad). La población refugiada saharaui se encuentra instalada en la provincia argelina de Tinduf, donde recibe ayuda del Gobierno de Argel, la buena relación entre ambos pueblos es clara.

Desde que en el verano del año pasado se rompieran las relaciones diplomáticas entre ambos países del norte de África, la frontera se hizo menos permeable todavía y Argelia cortó el gas que enviaba a España por Marruecos. Solo mantuvo un gaseoducto que cruzaba el Mediterráneo y llegaba a Almería sin perforar el suelo marroquí.

La rivalidad entre argelinos y marroquíes viene de lejos. Las dos principales potencias del Magreb aspiran a ser la hegemónica. Hasta el momento, cuantitativamente, Argelia ha llevado la delantera (militar, económica, extensión territorial, poblacional...), por ello no ven con buenos ojos que potencias occidentales agasajen al régimen de Mohamed VI.

Argelia, país que consiguió la independencia de Francia en 1962 tras una virulenta guerra de casi una década con la metrópoli, aspira a tratar a Occidente de tú a tú y considera a la monarquía marroquí dócil con las potencias occidentales. De aquella independencia surgió un régimen político con predominio de lo militar y laico, que mantuvo una guerra civil en la década de los 90 contra los islamistas que iban a ganar las elecciones en 1991, las cuales fueron canceladas. Frente a esto, el régimen marroquí está basado en una monarquía con un fuerte componente religioso.

Desde hace años, ambos países sufren crisis internas económicas, la pandemia se hizo notar también en el norte de África, y el descontento social aumenta. Cuando esto surge, no es nuevo que los regímenes exacerben el nacionalismo y, para ello, que mejor que un enemigo externo. Ambos países han estado elevando el tono en las declaraciones sobre el otro durante los últimos años.

Argelia y Marruecos comparten una basta frontera de 1.700 kilómetros. Si se añade la del Sáhara Occidental ocupado militarmente por Marruecos, nos encontramos con miles de kilómetros donde las escaramuzas violentas son frecuentes. En cualquier momento puede explosionar la región. En el último año, han fallecido varios comerciantes argelinos por ataques de drones marroquíes cuando viajaban por el Sáhara Occidental hacia Mauritania. La tensión sigue subiendo entre ambos países.

Con este contexto, se puede entender mejor el rechazo de Argelia al giro de Pedro Sánchez, abandonando la neutralidad auspiciada por la ONU para poder desarrollar un proceso de descolonización que facilite la autodeterminación del pueblo saharaui y virando a reconocer la autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental, que no es más que apostar por la anexión del territorio para Marruecos, algo que está lejos de cualquier resolución del Derecho Internacional.

Para Argelia, la cuestión del Sáhara Occidental es una cuestión de seguridad nacional, es una cuestión prioritaria pues su seguridad depende, según su visión, de que Marruecos no se anexione un territorio del Magreb tan extenso con el Sáhara. La monarquía alauí tiene un horizonte expansionista, ansía culminar el proyecto de unificar bajo su mando el Gran Magreb o Gran Marruecos: desde Canarias hasta buena parte de Argelia, también el Sáhara Occidental y, por supuesto, Ceuta y Melilla.

El quid de la cuestión es que Argelia no puede aceptar el cambio de postura del Gobierno de España sobre el Sáhara porque consideran que afecta a su propia seguridad e integridad. Partiendo de aquí, quizás sea más sencillo explicar el conflicto y buscar soluciones.