Dominio público

Asedio a la democracia

Joaquín Urías

Profesor de Derecho Constitucional, exletrado del Tribunal Constitucional

A la izquierda, Antonio García Ferreras. A la derecha, el excomisario Villarejo

En plena canícula y sufriendo la tercera ola de calor no resulta fácil indignarse con la enésima revelación de los turbios montajes que falsean nuestra vida política. Será por el aplatanamiento que producen los calores o porque llevamos ya demasiados escándalos encima, pero cuesta tirar de más indignación ante las nuevas pruebas de la burda manipulación del sistema por parte de jueces, policías, periodistas...

Quienes nos dedicamos a explicar la democracia a jóvenes que apenas han llegado a la edad de votar sufrimos el deterioro de nuestro sistema constitucional con una tristeza que no deja lugar para la paciente melancolía veraniega. La crisis sistémica está arrasando los mecanismos y las garantías de nuestros derechos y libertades de un modo tan brutal que hemos dejado ya de dar la alarma y empezamos a asumir que simplemente hemos entrado en una nueva fase en la que difícilmente se puede decir que España siga siendo una democracia operativa.

La semana pasada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una demoledora sentencia contra España que ha pasado sin pena ni gloria por nuestros medios. El máximo garante europeo de los derechos condena a nuestro Estado porque la policía española elaboró listados con datos de los jueces catalanes que apoyaban el "derecho a decidir" y se los filtró a un periódico de derechas que los usó para una campaña de desprestigio. Las conservadoras asociaciones de jueces no han mostrado ni un mínimo de indignación porque sus compañeros fueran hostigados así por la policía y la prensa. Hace tiempo que la mayor parte de nuestro poder judicial perdió toda apariencia de imparcialidad y sólo denuncian los supuestos ataques a la independencia judicial que provengan de la izquierda del espectro político. Es evidente que nuestros jueces viven felices al servicio de la derecha política y no se cortan en hacer lo necesario para mantener esa servidumbre. Resulta tan notoria la pérdida de independencia que nos hemos acostumbrado a vivir con ella sin que parezca preocupar ya a nadie.

Estos días hemos conocido también las pruebas de un episodio más de manipulación política. De nuevo se trata de una acción policial orientada, con el apoyo de la prensa, a crear determinado estado de opinión a través de noticias inventadas. El objetivo último es pervertir los resultados electorales. En esta ocasión la policía creó un documento falso para acusar a Podemos de recibir financiación venezolana. Un periodista de derechas lo difundió como una verdad absoluta a través de un canal de televisión que, incluso cuando supo que la noticia era falsa, nunca puso obstáculos a su difusión. Pretendían convencernos de que Podemos es un partido corrupto, para minar su prestigio y restarle votos justo antes de unas elecciones generales.


No es necesario ser simpatizante de Podemos o del independentismo catalán para entender que estos comportamientos corruptos del aparato del Estado socavan las bases sobre las que hemos construido nuestra convivencia.

La democracia consiste esencialmente en la libertad individual y colectiva de decidir nuestro propio destino. Exige, de una parte, que la dirección de la sociedad obedezca a la voluntad colectiva expresada mediante elecciones y mecanismos de participación. De otra parte, que cada individuo disfrute de un espacio invulnerable de libre determinación: el que le aseguran los derechos fundamentales, garantizados judicialmente de manera absoluta, incluso frente al poder de la mayoría. Las dos patas de esta construcción están ahora en crisis en España.

La voluntad general sólo puede crearse en un contexto social en el que circule libremente información veraz. La ciudadanía que vota y participa debe poder conocer con la máxima fidelidad los aciertos y errores de sus gobernantes y de quienes aspiran a serlo. En caso contrario el voto deja de ser libre porque ya no expresa de manera auténtica la voluntad última de quien lo emite. En este punto cobran especial trascendencia los medios de comunicación, como intermediarios entre la realidad y la gente. La tarea periodística está íntimamente ligada a la realización de la democracia. Cuando de modo deliberado la prensa transmite informaciones inveraces con el objeto de manipular la formación de la voluntad popular, todo el edificio de la democracia representativa cae como un castillo de naipes al que le falla la base.

Por otro lado, la garantía de los derechos fundamentales exige la máxima neutralidad de las instituciones comunes que nos sirven de árbitro. Cuando, como está sucediendo, la policía se dedica a perseguir a los jueces por su ideología y a inventar documentos contra determinados partidos políticos es imposible mantener un mínimo de confianza en las instituciones. Esta utilización política de las fuerzas del orden resulta especialmente grave por tratarse de quién tiene nada menos que el monopolio cotidiano del uso de la fuerza.

El funcionamiento partidista de los cuerpos de seguridad supone así una amenaza directa contra millones de ciudadanos que piensan de manera diferente. Sólo podría contrarrestarse con un poder judicial potente e independiente capaz de cumplir su tarea de garante de los derechos y freno del poder. Desgraciadamente hoy, en España, apenas tenemos ese tipo de jueces. Sin necesidad de acudir a grabaciones producidas en las alcantarillas del Estado, basta leer las numerosas condenas de tribunales internacionales para entender que la justicia española defiende antes los excesos de la policía y los intereses del Estado profundo que los derechos humanos.

El diagnóstico de la pésima salud de nuestra democracia se hizo evidente hace tiempo. Cada nuevo escándalo, cada nueva revelación sólo vienen a ratificarlo.

Aún así, el verano y las estaciones del año seguirán llegando con su suave cadencia periódica. El mundo no se para por muchos escándalos que conozcamos, pero sería un error atribuir la misma cualidad a la democracia. La libertad es un logro de las luchas populares plasmado en una frágil construcción social. Nuestro sistema político constitucional es menos perenne que el devenir de la naturaleza y en este momento está en grave peligro. Para millones de personas la democracia española hace ya tiempo que es simplemente española. Y no se puede decir que estén equivocadas.

En las facultades universitarias seguiremos explicando la Constitución, los derechos fundamentales y la democracia. Pero estos conceptos están dejando de aludir ya a una realidad española. Cada vez se hace más evidente que sólo podemos explicarlos como una Arcadia lejana con la que soñamos durante las siestas de esta canícula. Si seguimos sumidos en este cómodo sopor que nos permite tragar todo seguramente la situación vaya a peor. Como las ranas que se van acostumbrando al agua caliente, podemos acabar escaldados. El resultado, sin necesidad de exagerar, puede ser catastrófico. En esas estamos.