Ha vuelto a los medios la controversia suscitada por la decisión del Gobierno de España de acudir a la Justicia para revocar la del Gobierno de la Región de Murcia (GRM) de poner el nombre del inventor del autogiro al aeropuerto de su titularidad. Es una decisión sabia, a pesar de que algún connotado medio digital ha querido poner en ridículo, por elevación, al presidente Sánchez. Encierra tres facetas. Una histórica; la segunda, jurídica;  la tercera, política.

Mi nombre ha salido a los medios en conexión con la primera. Fui autor de un somero informe en el que expuse -rotundamente, por cierto- que Juan de la Cierva había hecho causa común con los sublevados del 18 de Julio antes de él. Dos historiadores, a petición del GRM, lo impugnaron en sendos informes. En mi modesta opinión con argumentos que no se sostienen documentalmente. Los tres son públicos.

Uno de ellos, profesor titular de la URJC, ha hecho la distinción entre las actividades de Juan de la Cierva antes del 18 de Julio y las de después. Ha añadido que las primeras no están documentadas. Discrepo de tal interpretación. Las segundas fueron consecuencia de aquéllas.

Su informe no se detiene a examinar, con la exactitud y prudencia exigibles, los pormenores de la intervención de JdlC en el alquiler del Dragon Rapide. Servidor lo ha hecho en tres libros: La conspiración del general Franco y El primer asesinato de Franco (Crítica, 2012 y 2018), este último en colaboración con Cecilio Yusta Viñas (excomandante de Iberia) y el Dr. Miguel Ull (anatomopatólogo). Ambos basados en evidencias primarias y en literatura secundaria. De manera tangencial, también en un tercero: ¿Quién quiso la guerra civil? (Crítica, 2019).

Hay testimonios -contradictorios- sobre el alquiler. Se produjo a principios de julio de 1936. El informe en cuestión lo reconoce. No los compara ni analiza. Se encuentran en tres libros. En primer lugar, en el publicado por un testigo y actor presencial en 1937/38 (ya ha llovido). Es muy conocido, al menos fuera de España: Georgian Adventure, de Douglas Jerrold (para facilitar su consulta doy la referencia en que puede descargarse: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.536830, a no ser que se prefiera la edición para Kindle a un precio muy módico). Otro, es también muy conocido en Reino Unido y aquí. Son las memorias de un periodista embustero llamado Luis A. Bolín. La edición española, casi idéntica a la inglesa, la prologó un personaje por encima de toda sospecha: el profesor Fernando María Castiella, exministro de Asuntos Exteriores de Franco. ¿El libro? España. Los años vitales (Espasa-Calpe, Madrid, y Cassell, Londres, 1965). El tercero es sustancial. Lo escribió el señor marqués de Luca de Tena (Mis amigos muertos, Planeta, 1971). Es un relato falaz, pero adelanta a finales de junio el comienzo de la gestión. Conspirador tenaz, deja de lado que el profesor José María Gil Robles no había podido llevar a cabo una operación de parecido alcance en Francia.

El informe mencionado desconoce otro libro fundamental: el de B. Félix Maiz, Mola, aquel hombre. Diario de la conspiración (Planeta, 1976). Lectura obligada. Liga a JdlC, mucho antes del golpe, con la inteligencia militar nazi y con su jefe, el almirante Wilhelm Canaris. Servidor no se lo cree, pero el profesor titular en cuestión no lo ha desmentido documentalmente y yo he podido equivocarme.

Que Juan de la Cierva actuara después del 18 de julio no preocupa al contra informante. Habría hecho como tantos otros patriotas hartos de la anarquía republicana y preocupados por un golpe comunista y la instauración en España de un régimen prosoviético. Todavía aparece en algunas publicaciones de autores de derechas (y, más aún, en los de extrema derecha). Entre las "respetables" destaca una historia de la guerra civil publicada no hace mucho (2011) en La esfera de los libros.

Existen posibilidades de avanzar en el plano histórico. Ya el profesor Enrique Moradiellos, en su primer libro, se detuvo en las actividades de Juan de la Cierva en Londres después del golpe. Tres enfoques me vienen a la mente. El primero consistiría en examinar los papeles que dejase el insigne inventor (que pereció en un accidente de aviación en Croydon en diciembre de 1936). Que yo sepa, nadie los ha visto. ¿No se entregaron a la familia? ¿Se quedó el Estado con ellos?

El segundo estribaría en indagar en la documentación de los insurgentes en Londres, donde Juan de la Cierva fue nombrado presidente de la inevitable Junta. ¿Por qué? Por último, aparte del AGA, cabría explorar los fondos del duque de Alba, posterior representante de Franco en el Reino Unido.

Que Juan de la Cierva fue muy activo al filo del golpe se demuestra en que fue a Roma, por encargo del rey Alfonso XIII en el exilio, a pedir a Mussolini -junto con el marqués de Viana- ayuda para el mismo. Más tarde viajó con el agregado militar de la embajada de España en París (dimitido de su cargo), el entonces comandante de EM Antonio Barroso, en busca de armas para los sublevados.

El tercer enfoque es muy sencillo. Consistiría en examinar el expediente de concesión de la dignidad nobiliaria de conde a JdlC. Es posible, no lo sé, que en él se enumeraran los méritos por los cuales se le otorgó tal distinción. Si, por un azar, se hubiesen mencionado los servicios a la preparación del autodenominado  "Alzamiento Nacional", el tema quedaría mejor aclarado.

(Mi argumentación es pública: tres artículos en InfoLibre (15, 16 y 17 de junio 2021 y uno adicional el 9 de mayo de 2022. Dos artículos en mi blog, www.angelvinas.es, el 18 y 25 de enero de 2022).

En el aspecto político no me cabe sino expresar una opinión estrictamente personal y como mero ciudadano. El año pasado Vox emprendió una campaña en contra de la decisión del Gobierno de España de oponerse al cambio de nombre del aeropuerto. Poco antes de que se debatiera en el Congreso el proyecto de Ley de Memoria Democrática Vox exultó.  No es extrañar que sus diputados, como los del PP, votaran en contra de la misma.

La LMD tiene una intención reparadora. En primer lugar, de las víctimas de los golpistas, desde la sublevación hasta 1975. En segundo lugar, porque en estos cuarenta años se inculcó a los españoles una versión de los orígenes y desarrollo de la guerra civil de carácter proyectista (adjudicar al "otro" rasgos esenciales del propio comportamiento).  En tercer lugar, de reducir en la enseñanza el peso de tal tipo de versiones. Se trata de educar futuros ciudadanos de un país democrático avanzado.

Un país, por cierto, capaz de enfrentarse con sus demonios seculares y vencerlos como se ha hecho en otros países de nuestro entorno europeo y americano. En mi modesto entender, al PP no le vendría mal tomar ejemplo de sus socios alemanes en el Parlamento Europeo y aprender de los esfuerzos de la Bundeszentrale für politische Bildung. Pero supongo (¡ojalá me equivoque!) que, bajo su nueva dirección, tampoco se atreverá. ¿Y los medios? Que analicen lo que escribimos, por lo menos, los historiadores españoles.