Vivimos una época en la que en apenas doce meses bastan para constatar las profundas perturbaciones en las que estamos inmersos. Crisis económicas producidas por factores exógenos –pandemia, guerra, precios–, en un momento de profundas transformaciones globales –transición digital o energética, que se han visto aceleradas por movimientos geoestratégicos de calado–, con una legislatura marcada por un gobierno de coalición, a la que buena parte del núcleo del poder fáctico deniega legitimidad.

El año 2022 es el último ejemplo. Se preveía como el de la intensa recuperación económica tras las distintas secuelas de la pandemia, se torció por una situación de inflación inédita en décadas y ha terminado con un grave choque inter-institucional, producto de la irrupción del Tribunal Constitucional en la acción del poder legislativo.

En términos socioeconómicos podemos afirmar que España ha hecho frente a los dos últimos shocks económicos, el primero provocado por la parálisis de la pandemia y el segundo por el fuerte incremento de costes tras la invasión de Ucrania, desde planteamientos distintos a las crisis anteriores y con resultados notablemente mejores.

En el marco de un nuevo consenso "de supervivencia" europeo, con la novedad de la composición de un gobierno de coalición y con renovado y determinante papel del diálogo social, las habituales políticas de devaluación interna, precarización del empleo y reducción del coste empresarial como respuestas a las crisis, han sido sustituidas por una intensa intervención con rentas de sustitución (ERTES, prestaciones de autónomos, etc.), una reforma laboral que ha estabilizado notablemente la contratación, y una salvaguarda de rentas dependientes de regulación pública muy notable (subida del SMI, revalorización de las pensiones o acuerdos en la función pública).

El resultado es positivo en términos económicos, sociales y políticos. Romper con los mantras neoliberales en materia laboral ha evitado la destrucción de millones de empleos, facilitado la recuperación del mismo, y la reducción de algunas de las brechas de desigualdad más habituales.

La economía española ha aguantado comparativamente bien porque el poder público y los agentes sociales pactamos como asumir el inmenso impacto de la pandemia y la post-pandemia. El vuelco en la contratación hacia contratos más estables está permitiendo sostener el consumo en bienes duraderos y el propio Banco de España ha calculado que la conversión de contratos temporales en indefinidos podría haber contribuido a aumentar el gasto agregado en los últimos meses entre 2.000 y 3.000 millones de euros. Otros factores como la disponibilidad de ahorro embalsado durante la pandemia, el mantenimiento del empleo con más de 20 millones de cotizantes, el carácter expansivo de la política fiscal con bajadas de impuestos y aumentos en las subvenciones a los hogares y empresas, así como la paulatina ejecución de los fondos europeos, explican que España concluya 2022 lejos de un escenario de recesión.

Pero también estas crisis han aflorado algunos de los problemas de nuestro modelo económico. El exceso de dependencia de actividades estacionales; la existencia de importantes oligopolios económicos con capacidad de repercutir los incrementos de costes a los precios al consumo y a los márgenes de los sectores empresariales atomizados y a veces antieconómicos; las debilidades de la administración para emprender una política de rentas más granular y efectiva (un serio problema de legitimidad de política pública por el desfase entre lo que se anuncia y lo que se ejecuta); un sector industrial insuficiente y en exceso dependiente de decisiones externas... por citar algunos.

Se acumulan dificultades crecientes como la fuerte pérdida de poder de compra de los salarios para este año; el alza de los tipos de interés, que sumará un recorte adicional del 10% en el poder adquisitivo de los 4,4 millones de hogares hipotecados; o el recorte del ritmo exportador por la caída mundial del crecimiento económico y la falta de coordinación de las políticas monetarias de los principales bancos centrales; están conduciendo a una sobre-reacción en el signo restrictivo de la política monetaria.

Cuando ha habido que pactar como repartir el incremento de los costes de la guerra, la ecuación virtuosa del diálogo social en pandemia, se ha roto.

Ausente la financiación pública de los ERTE, las organizaciones empresariales han huido de un compromiso de país. En el reparto de esos costes entre rentas de capital, salariales y públicas, CEOE aspira a que el grueso del pato lo pague la clase trabajadora y los recursos públicos. Como indicaba Isabel Schnabel, consejera del Banco Central Europeo en el Foro de la Toja, "los beneficios suben notablemente en un amplio abanico de sectores. Muchas empresas han sido capaces hasta ahora de aumentar sus precios más allá del incremento de los salarios nominales y en muchos casos incluso más allá del incremento de los costes energéticos".

Los datos de la Agencia Tributaria en los primeros tres trimestres del año avalan este diagnóstico. Los márgenes de beneficio sobre ventas se encuentran en niveles históricamente altos desde la reanudación del crecimiento económico en 2014. Han crecido en 2022 un 30% con respecto su promedio anterior a la pandemia, siendo además significativo que el aumento de los beneficios y los márgenes sobre ventas sea un fenómeno bastante generalizado en los distintos sectores de actividad.

El Gobierno, tras apelar de forma reiterada a un pacto de rentas, no ha tenido liderazgo sobre el mismo y se ha dedicado a ejecutar unilateralmente sus paquetes de medidas (globalmente positivas pero con evidentes insuficiencias), renunciando a utilizarlas como un incentivo para facilitar un acuerdo salarial, haciendo de su capa un sayo, dicho de otra manera.

En esta tesitura, CCOO optamos por la estrategia de "salario o conflicto", tratando de impulsar una acción sindical unitaria y reivindicativa en el marco de los convenios colectivos. Como preveíamos, el resultado de esta estrategia es desigual, alcanzando buenos acuerdos allí donde hay una mayor capacidad de negociación y movilización, y con resultados más modestos o bloqueos donde la organización de la clase trabajadora es más débil.

Convendría recuperar el AENC, un acuerdo marco que oriente la política salarial en los más de 1000 convenios a renovar en 2023, para reforzar para que refuerce la posición negociadora de en los sectores más débiles y precarios. Además, es necesario fortalecer los procesos de negociación en los sectores sindicales más fuertes, intentando que traccionen del conjunto de convenios porque si no ocurre así el riesgo de incrementar la desigualdad y dualidad salarial es enorme. La subida contundente del SMI aparece como un puntal necesario ante ese riesgo. Agravar la política de devaluación salarial es una profunda injusticia social y un suicidio económico. Nos opondremos a ese escenario.

Si la incertidumbre es la palabra que mejor describe la evolución de la economía, el terreno político español es lamentablemente previsible. Si alguna duda había sobre la posición política de las derechas en la oposición tras los abruptos cambios en la dirección del PP, los acontecimientos transcurridos desde la fallida renovación del CGPJ, han despejado cualquier duda.

La sorpresiva renovación del Tribunal Constitucional, después de su extralimitación paralizando una votación en el Senado de forma preventiva, no arregla el problema de fondo que es la capacidad de uno de los tres poderes del estado de perpetuarse al margen del mandato democrático y temporalmente establecido, sin fórmulas de solución de los bloqueos (cuestión que en otro poder -legislativo o ejecutivo- sería impensable). Es verdad que tal renovación es un alivio ante la posibilidad de que el TC desmadejase la acción legislativa de esta legislatura, judicializada, -y no por casualidad- en buena parte.

Un Poder Judicial bloqueado y sin renovar en sus órganos de gobierno ha sido y es una anomalía democrática. Más si tenemos en cuenta que mientras estaba "en funciones" ha estado nombrando magistrados del Tribunal Supremo y presidentes del Tribunales Superiores de Justicia hasta que la ley 4/2021 se lo impidió. Este palpable deterioro institucional supone un serio lastre para la imagen pública de la Justicia, más cuando va a tener que resolver numerosos recursos de inconstitucionalidad a leyes como la reforma laboral, la ley "rider", la ley de eutanasia, la del aborto, la llamada ley Celaá, el Ingreso Mínimo Vital o la subida del impuesto del patrimonio.

Una combinación de bloqueo en los órganos de Gobierno de un Poder del Estado para blindarlo de las mayorías democráticas ("protegerlo de Sánchez" llegó a decir Nuñez Feijoó en una frase de una gravedad extrema"), junto a una judicialización de la vida política y la sensación instalada de que en función de la correlación de fuerzas va a determinar o no la orientación de sentencias que pueden poner patas arriba la producción legislativa de un mandato democrático, es una secuencia de tal gravedad  que asusta.

España, junto a otros países de nuestro entorno, aborda las transformaciones del modelo productivo al calor de las transiciones energéticas y de digitalización integrada ya conocidas, pero aceleradas tras la invasión de Ucrania y la disputa geoestratégica que revela. Nos hemos adentrado en un territorio de incertidumbres y también de oportunidades. Abordar estos momentos requiere de políticas en mayúscula, con visión estratégica de país, acuerdos transversales, inter-institucionales y que trasciendan la coyuntura de una legislatura. Todo esto, obviamente, es una quimera en un país mediatizado por el guerracivilismo 4.0 que promueve la parte más extractiva, retardataria y concesional del capitalismo español, irrelevante para el mundo que viene pero hegemónico en las terminales de poder de nuestro país en el plano de influencia económica, mediática e institucional.

Ante el avispero agitado que nos va a acompañar hasta las próximas elecciones generales, luchar contra la desigualdad, la pobreza y la pérdida de expectativas vitales, así como reforzar la cohesión social con el papel determinante que otorgan los servicios de ciudadanía, se antoja como imprescindible. Esa debiera ser la hoja de ruta para 2023. Un año que volverá a ser más que una metáfora. Veremos de qué...