Todavía no nos hemos despedido de este intenso 2022 y ya podemos intuir parte del 2023. Esto hay que decirlo con la boca pequeña, es cierto, que últimamente los tiempos tienen a mal sorprendernos con imprevistos catastróficos. Pero sí, conforme nos acercamos al nuevo año, podemos adivinar una esquinita sobre de qué van a ir los próximos 12 meses.

Y parece cada vez más obvio que el próximo año será el del referéndum en Catalunya. Y esto será así aunque no haya un llamamiento a las urnas específico por parte de las autoridades políticas competentes, ni se compren urnas homologadas para tal efecto, ni se impriman papeletas especiales... Pero sí, habrá referéndum en Catalunya, y este ha sido, es y será, quizás, el tema más polémico de la política española. La autodeterminación de Catalunya levanta pasiones contrapuestas y activa fuerzas centrífugas que son capaces de hacer resquebrajar la sociedad española y la catalana, algo comprobado en nuestra historia más reciente.

El ejercicio del derecho a decidir su futuro político por parte del pueblo catalán no será permitido por el Estado español. Nunca digas nunca, pero mucho tendrán que cambiar las cosas para que esto suceda. Muchísimo. Como vimos en 2017 y en estos años que le han proseguido, la efervescencia del soberanismo en Catalunya se contrapone con una convulsión del nacionalismo español que neutraliza los avances hacia la autodeterminación catalana y pone en riesgo las conquistas democráticas en todo el Estado. Un nacionalismo español que toma carrerilla y usa los subterfugios estatales (policiales, judiciales, políticos, mediáticos...) para reprimir la disidencia. Y es que, a diferencia del soberanismo catalán, el nacionalismo español dispone de un Estado y sus herramientas para su uso y disfrute.

El reconocimiento de que Catalunya es una nación genera infartos en la ribera sureña y occidental del Ebro. Más allá del debate jurídico sobre el concepto ‘nación’, que tantos quebraderos de cabeza generó en los constituyentes del 1978 y circunvalaciones en la redacción de la Carta Magna, si asumimos la acepción de que nación es una población que comparte origen, cultura, idioma, historia... no se puede negar que Catalunya lo sea. Una lengua propia, el catalán, que genera una forma de comprender el mundo diferenciada, a través de una literatura y una producción artística distanciada y original, una economía con sus propias peculiaridades, costumbres sociales arraigadas...

La nación catalana, si la reconociéramos por fin, tendría una peculiaridad de gran relevancia, sería una nación que se complementa con el resto de realidades nacionales que cohabitan en el Estado español, que no se entiende sin las demás, pues comparten lengua, origen, recursos económicos, un contexto cultural y artístico en común. La riqueza del Estado español, entendiéndolo como un actor político plurinacional, genera monstruos en aquellos grupos que pretenden negar la existencia de esta pluralidad.

Si políticamente reconociéramos Catalunya como una nación, el siguiente paso tendría que ser aceptarle la capacidad de decisión política. El pueblo catalán y su derecho a manifestarse políticamente, votando. Si, como ocurría hace unos años, el referéndum de autodeterminación fuera casi un consenso social -no así la independencia que nunca ha conseguido más apoyo de la mitad de la ciudadanía catalana-, no quedaría otra que facilitar democráticamente las herramientas para que la consulta se celebrara con todas las garantías. Lo contrario sería demofobia, miedo al voto.

Pero este escenario está lejísimos, pese a que este año 2023 que entra vaya a ser el año del referéndum en Catalunya, como decimos. Y eso que no hay sobre la mesa ni en el horizonte ningún reconocimiento nacional a Catalunya ni la intención de permitir que el pueblo catalán ejerza el derecho a la autodeterminación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Será el año del referéndum, sí, pero por otros motivos.

Este mes de diciembre, Catalunya ha vuelto a la primera página del debate político estatal. Un debate que, dependiendo del lugar en el que nos encontremos y de los altavoces mediáticos que lo difundan, tiene una melodía u otra, incluso se puede convertir en mero ruido estridente. La derogación por parte del Gobierno y Congreso del delito de sedición y la reforma del de malversación ha devuelto el foco al conflicto Estado-Catalunya. Sobre todo, cuando el president Pere Aragonès volvió a poner sobre la mesa la principal reclamación política de ERC, con la cual se ha consolidado como primera o segunda (depende de la elección que se tome por ejemplo) fuerza política catalana: la autodeterminación, véase el referéndum.

Que el conflicto catalán se ha de solucionar votando es un consenso más extendido de lo que parece. De hecho, hasta el propio Mariano Rajoy, cuando en el otoño del 2017 el conflicto político llegó hasta las cotas más altas de tensión, tras la celebración de la consulta del 1-O y la declaración (o declamación) de independencia pronunciada por Carles Puigdemont, utilizó el artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalitat, disolver el Govern y Parlament y convocar elecciones autonómicas. Es decir, cuando el conflicto estaba en el momento más caliente, el PP vio la solución en las urnas... Y el independentismo volvió a conseguir mayoría absoluta.

Más allá de un referéndum de autodeterminación que pregunte dicotómicamente sobre si Catalunya ha de ser un estado independiente o parte del Estado español, hay consultas para todos los gustos. De momento, el Govern de ERC recicla la propuesta que ya hicieron los comunes en noviembre de 2017, con Xavier Domènech al frente, de un "pacto de claridad" al estilo de lo que se desarrolló en Canadá para Quebec. También había sido defendido este modelo en el pasado por el PSC. Este se basaría en lograr primero un gran acuerdo político y social en Catalunya en favor del referéndum que, posteriormente, se llevaría al Congreso de los Diputados en forma de ley orgánica con el objetivo de conseguir las mayorías para sacarla adelante.

También el Govern, dirigido por Aragonès, ha desempolvado el baúl de los recuerdos de las consultas internacionales para fijarse en Montenegro. Este diciembre, mientras la olla exprés de Madrid hervía por las reformas de la sedición y malversación, ERC proponía la vía montenegrina para separarse de Serbia: una consulta que lograra una participación mínima del 50% y un apoyo al sí a la independencia de al menos el 55% fueron las condiciones que permitieron al país balcánico romper la unión con Serbia el 21 de mayo de 2006.

Por su parte, el PSC de Salvador Illa también parece abierto a consultar a la ciudadanía catalana sobre el futuro político de la comunidad. Sin embargo, los socialistas catalanes (primera fuerza política en las elecciones autonómicas de febrero del 2021) verían bien, tal y como reconocía el exministro de Sanidad este mes, que la consulta a la ciudadanía fuera sobre cómo organizar el autogobierno de Catalunya, en el marco del Estatut y la Constitución, previo acuerdo político de los grupos del Parlament.

Propuestas hay, y muchas, y este 2023 será el año del referéndum en Catalunya, tiene toda la pinta. Y no porque se vaya a celebrar este en cualquiera de sus modalidades, como ya hemos subrayado, sino porque se hablará de él tanto como si se estuviera celebrando. Y el principal motivo de esto tiene un nombre propio: Alberto Núñez Feijóo.

El líder popular llegó en abril a la presidencia nacional del partido con el objetivo, fracasado, de disimular un talante más moderado que el de su antecesor, Pablo Casado. El 27 de octubre, cuando PSOE y PP estaban a punto de cerrar un acuerdo para renovar el CGPJ, a Feijóo le temblaron las piernas tras la presión de algunos medios conservadores de Madrid y rompió las negociaciones con el Gobierno. Desde entonces, parece que la política de Génova sea teledirigida desde la Puerta del Sol, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid que ostenta Isabel Díaz Ayuso.

Génova tenía todas las esperanzas puestas en que la crisis de la inflación derivada de la guerra de Ucrania mostrara a estas alturas de año un panorama económico desolador, pero la realidad es tozuda y la economía española ha aguantado el temporal mucho mejor de lo que los videntes pregonaban a inicios del curso político en septiembre. Como el flanco económico no le ha salido bien a Feijóo para hacer oposición, el PP vuelve a lo de siempre, a competir con Vox por ver quién es más nacionalista, quién incendia más el panorama con Catalunya como telón de fondo.

Y estas dos variables, la propuesta de ERC de avanzar hacia un referéndum en coherencia con su propuesta política de la autodeterminación y un PP desnortado que se ha quedado sin la baza del hundimiento económico, harán del 2023 el año del referéndum en Catalunya. Y no porque este se vaya a celebrar, sino porque puede que no dejemos de hablar de él como no cambien las tornas.

Feliz Año Nuevo.