Hace unos días Alberto Núñez Feijóo dijo que le parecía un escándalo que entre todos le paguemos el cine los martes a Amancio Ortega o los trenes de cercanías al fundador de Mercadona, Juan Roig. Además, dijo que estos eran ejemplos de "bolsas de ineficiencia" en el gasto público que había que atajar.

Esto surge bajo el marco de un debate que aparece de forma recurrente y que pocas veces se aborda con un mínimo de detalle más allá de la hiperventilación a golpe de titular: la universalidad de las prestaciones y los derechos.

En esta campaña electoral, este tema ha salido a la arena mediática gracias a la propuesta de Sumar sobre la herencia universal. Mientras que muchos creen que la principal aportación de esta medida es la "herencia", es decir, la transferencia de dinero a quienes la perciben, creo que su mayor valor va a ser poner, una vez más, lo universal en el centro de nuestras miradas.

Los argumentos en torno a esta medida concreta ya los han expuesto con claridad muchas personas expertas en este tipo de asuntos (aquí y aquí, por ejemplo), así que quiero centrarme en un ejemplo que puede servir para explicar algunas de las reducciones al absurdo que hacen personas como Feijóo, que de repente se ha encontrado con una oportunidad para atacar a la universalidad en cualquier política y quien creo que tendría serios problemas a la hora de responder a la pregunta: ¿tenemos que pagarle la sanidad a Ana Patricia Botín?

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Ojalá lo universal fuera universal

El valor principal de aquellas prestaciones o servicios que son universales es su aportación a la cohesión social. En un artículo publicado en 2011 en la revista BMJ, bajo el título de El asalto a la universalidad, se describían los pasos que debían darse para desgajar la universalidad de los servicios públicos, en general, y de la sanidad en particular; un año después, en España se siguieron esos mismos pasos, generando una fractura de la sanidad universal tanto por abajo (migrantes en situación de irregularidad documental) como por arriba (personas con rentas altas no cotizantes). En los últimos años, la ruptura de la universalidad porque los ricos se desvinculan de lo público va en aumento, ya sea en la sanidad o la educación; esto es muy evidente si pensamos en el transporte, a Feijóo le parece un escándalo que le paguemos el tren a Juan Roig, pero lo que debería parecernos escandalosamente bueno sería que Juan Roig utilizara el cercanías como cualquier otro ciudadano. Los miedos a universalizar por arriba en muchas ocasiones deberían ser aspiraciones, no rechazos, porque lograr evitar la secesión de los ricos, haciéndolos partícipes de la vida común, es un logro de las sociedades que ha de redundar en beneficio de todos.

En 2012, mientras la sanidad dejaba de ser universal en España, uno de los mayores expertos en desigualdades en salud publicó un texto titulado ¿Por qué los ricos deben preocuparse por la salud de los pobres? donde venía a afirmar que la universalidad era un elemento de cohesión social que mejoraba la salud del conjunto de las poblaciones donde tenía lugar, además de desempeñar un papel de pacificador social.

Hoy en día, tal vez cabría darle la vuelta a la pregunta y enunciarla así: ¿Por qué los pobres deben preocuparse por la salud de los ricos? Es decir, por qué deben defender que la sanidad sea universal no solamente hacia abajo, sino también, y con la misma intensidad, hacia arriba.

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La respuesta se basa en tres aspectos fundamentales:

1. La sostenibilidad, solvencia y viabilidad del sistema sanitario se basa en que todas las personas que aportan a él sientan que obtienen un retorno de esa aportación; hace falta que el orgullo por el sistema sanitario público sea algo que recorra todos los hogares, con independencia de la renta de sus miembros. El orgullito de sanidad pública es uno de los elementos que garantiza su existencia.

2. La salud no puede conjugarse en primera persona del singular, y la asistencia sanitaria es una parte importante de esta. Lo más efectivo y lo que aporta más salud a toda la población es un sistema sanitario que abarque a todas las personas y que lo haga de una forma integrada.

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3. Hay pocas cosas más caras e ineficientes que un sistema sanitario que solo da asistencia a quienes no se pueden permitir otra cosa. Generalmente, la gente suele sorprenderse al saber que un país como Estados Unidos tiene un gasto sanitario público (ojo, público) como % del PIB más elevado que España. Es decir, EEUU, con niveles muy modestos de cobertura sanitaria gasta una mayor parte de su riqueza en la sanidad pública que España, por tener un sistema tremendamente ineficiente.

Además, hay otro aspecto que justifica que todo el mundo, independientemente de su renta, deba abogar por que la sanidad sea pública: la imperiosa necesidad de que nadie quede fuera de este derecho.

¿A quién dejamos fuera?

Al delimitar quién puede acceder a un servicio o prestación existe una tensión entre dos elementos que hay que resolver: ¿queremos que pueda acceder todo aquel que lo necesite o que pueda acceder solo aquel que lo necesite?

Para lograr lo primero, lo necesario es una prestación universal que elimine barreras, asumiendo que en muchas ocasiones podrá acceder alguien que se baña en billetes de 500 euros; sin embargo, si elegimos la segunda opción, tendremos que aceptar que en nuestro afán por afinar quirúrgicamente la prestación, nos dejaremos fuera a alguna persona que lo necesite porque no hay manera de individualizar los criterios de acceso hasta el caso más singular.

Si queremos que algo llegue de verdad a todo aquel que lo necesita, si consideramos que el tema en cuestión del que estamos hablando es de la suficiente importancia como para sacrificar la fineza a favor de llegar a quien no podemos dejar fuera, entonces el objetivo está claro: universalizar.

Es evidente que no todo puede ser universal, pero el debate incluso en entornos progresistas dista mucho de haber llegado a ese punto de avance en el que hablar sobre qué cosas universalizar. Sigue existiendo una suerte de alergia a lo universal que, en el fondo, parece sustentarse en una especie de fe ciega en la capacidad del Estado para distinguir entre los necesitados y quienes no lo están; sin embargo, la evidencia a este respecto es muy tozuda; por ejemplo, sobre las prestaciones familiares tenemos muchísima evidencia de que la universalidad es más efectiva y eficiente. Sí, los hijos e hijas de Amancio Ortega han de recibir la prestación por hijo a cargo (si es que tienen), porque esa es la mejor forma de garantizar que todas las personas que lo necesiten podrán acceder a ella. Y además, como es lógico, tendrán que aportar, vía impuestos, para financiar varios miles de prestaciones por hijo a cargo, pero el de la financiación de estas prestaciones es asunto para otro texto.

En resumen, a la hora de hablar de servicios públicos y prestaciones el objetivo de la universalidad (en materia de políticas de rentas, servicios sanitarios o educativos, etc) ha de estar ahí, y el camino para llegar a ello ha de ser el de la progresividad. Porque claro que tenemos que pagarle la sanidad pública a Ana Patricia Botín, pero sería ridículo que si empezamos ahora a montar nuestro sistema sanitario, el primero en tener sanidad pública fuera Ana Patricia Botín.