No es una cuestión personal. La crisis política que vive España responde a una operación que supone un grave riesgo para nuestra democracia. Desde el primer minuto de la legislatura se ha pretendido desconocer la legitimidad del Gobierno de coalición. Se ha recurrido para ello a estrategias de todo tipo (incluyendo la difamación, la fabricación de noticias falsas, y también demandas judiciales sin fundamento) en un esfuerzo concertado cuyo fin último es revertir el resultado de las últimas elecciones generales. 

Nada de esto es nuevo; estamos ante la culminación de una estrategia global que ha ido refinándose de país en país, tumbando un objetivo tras otro. En el nuestro abundan los ejemplos, desde la fábrica de casos falsos contra Podemos al abatimiento político de Alberto Rodríguez o Mónica Oltra, entre tantos otros. Lo que sí es nuevo es la determinación, por fin abrumadoramente compartida, de impedir que esta vez triunfe la ofensiva. Por encima de sensibilidades y diferencias políticas, hay una conciencia clara de que hay que defender la democracia y por tanto el Gobierno de coalición, su legitimidad política plena, y sobre todo su potencial transformador de la estructura de poder y riqueza de nuestro país, pues esa es la causa última de los ataques recibidos.

¿Cómo salir de esta encrucijada, cómo derrotar a la ofensiva reaccionaria, cómo dibujar un camino hacia delante? Creo que para responder estas preguntas basta con retrotraerse al 23 de julio y poner aquellas elecciones en su debido contexto. La mayor parte de gobiernos europeos que hicieron frente a la pandemia y a los efectos de la invasión de Ucrania, de hecho, terminaron perdiendo las elecciones. Contra esa inercia, en condiciones marcadamente adversas, la movilización popular evitó la victoria anunciada del Partido Popular y Vox. En el marco geopolítico que nos rodea, fue un logro atípico y extraordinario.

Con todo, no se trató de un hecho casual. El primer Gobierno de coalición había demostrado que se podía responder a las crisis de una manera diametralmente opuesta a la que habían impuesto las políticas de austeridad. Una mayoría de la sociedad española decidió reconocer en las urnas la valía de esa apuesta, y renovó su mandato para profundizar en esa transformación y abordar de una vez las profundas desigualdades sociales y económicas que dividen desde hace décadas nuestro país. Ese mandato puede resumirse fácilmente: más redistribución (del tiempo, el trabajo, la renta y la riqueza). 

Ese mandato es lo que explica la virulencia de la ofensiva reaccionaria. No es sólo un ataque personal al presidente; no es una embestida gratuita contra el Gobierno. Es el intento de defender por cualquier medio la estructura de poder y de riqueza hegemónica en España, de blindarla ante cualquier intento, por superficial que sea, de modificarla en favor de las mayorías sociales. 

Por eso creo sinceramente que la mejor manera de derrotar esta ofensiva reaccionaria no es sólo que el Gobierno permanezca: es hacer realidad ese mandato. El Gobierno tiene sobre la mesa una hoja de ruta bien definida para ello. Esto se logra reduciendo la jornada laboral sin reducir los salarios. Se logra ampliando los permisos por nacimiento y remunerando cuatro semanas del nuevo permiso por cada hijo o hija menor de ocho años. Se logra reformando el ingreso mínimo vital para que cumpla realmente su función como última red de protección social, y adoptando una prestación universal por crianza para apoyar a las familias en España.

Por encima de todo, esto se logra respondiendo al clamor social por la situación de la vivienda: interviniendo los mercados inmobiliarios para reducir el precio de los alquileres, movilizando vivienda vacía, limitando los pisos turísticos y los alquileres de temporada, penalizando de una vez las lógicas especulativas y extractivas que han convertido vivir de alquiler en un factor no sólo de desigualdad, sino también de pobreza para las clases trabajadoras. Se logra estableciendo una fiscalidad realmente redistributiva, que grave las grandes fortunas y los dividendos del gran capital, y que ponga más recursos para perseguir la evasión y la elusión fiscal. La hoja de ruta es clara: combatir la desigualdad en todas sus expresiones, ofreciendo un horizonte de justicia y certeza frente al proyecto oligárquico y rentista que defienden por todos los medios las derechas.

Este es el propósito que da sentido al segundo Gobierno de coalición. Es el motivo por el que fue reelegido y la razón última por la que merece la pena resistir las embestidas, por virulentas que sean. Tenemos la obligación de sostener la rara excepción que es España frente a la barbarie que nos rodea. Desplegar la agenda social y democrática del Gobierno, avanzar en la redistribución de la riqueza y en la profundización de nuestro Estado del bienestar, es la única manera realista de reforzar la democracia que hoy se ve amenazada.