La imputación de Begoña Gómez, casada con el presidente del Gobierno, por parte del juez Juan Carlos Peinado ha provocado dos reacciones serias, aunque parezca paradójico: una es la burla y otra, la vergüenza ajena. Además, ha generado una hiperventilación en la (ultra)derecha digna de diván, teniendo en cuenta cómo han acabado estas cosas del lawfare que los y las ciudadanas empiezan a conocer a la perfección. Ahí volvemos a los excesos de gesticulación que en política corren el riesgo de caer en el ridícul de Tarradellas; pasó con Victoria Rosell, con Pablo Iglesias o con Mónica Oltra y aunque ese ridículo de los hiperventilados/as trate de ser silenciado por políticos y medios de comunicación cómplices, es imposible que la gente bien informada (insisto, bien informada) pueda olvidar sus rostros; algunos que aún vemos a diario en los medios de comunicación dándonos lecciones de no sé qué, por cierto.

Recordemos que este juez ha decidido investigar a Gómez en contra del criterio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que el mismo Peinado pidió un informe sobre posibles delitos; en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que pide no abrir procedimientos basados únicamente en noticias de prensa, si no se cuenta con las pruebas o indicios que las acreditan, y en contra de la norma no escrita que -salvo en el popular caso de la jueza Mercedes Alaya en Andalucía- suelen cumplir los jueces: no anunciar actuaciones que puedan influir en el resultado de una campaña electoral. España vota a sus candidatos al Parlamento Europeo este domingo, pero al juez Peinado, que ha citado a Gómez para el 5 de julio cinco días antes de los comicios, le da igual.

No tengo a Alberto Núñez Feijóo, a Cuca Gamarra, a Borja Sémper o a Miguel Tellado por idiotas, ni mucho menos. Pero sí tengo la sensación de que ella y ellos, que fue a quienes escuché en bucle y sobre todos los demás explayarse emocionados este martes sobre la imputación de Gómez, nos toman por idiotas a los demás; un poquito, al menos, a quienes van a votarles y les dan la razón. Por su parte, la palabra "burdo" fue ayer una de las más utilizadas en el PSOE para definir la actuación grosera del juez Peinado; hasta la candidata socialista y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, la empleó en un acto de campaña. Es un paso importante que los socialistas recurran al término utilizado por Antonio García Ferreras para definir el bulo de Eduardo Inda sobre una cuenta bancaria fake de Iglesias, pero que, a pesar de considerarlo así, el director de Al Rojo Vivo publicó sin miedo a perder el puesto.

Los socialistas han asumido completamente las evidencias del lawfare y de las cloacas mediáticas que algunas llevamos denunciando desde hace casi una década. Han tenido que sufrir todo eso en sus carnes, en las de las más altas instancias, porque deben de pensar que a los demás no nos afectan los golpes, pero es un paso clave. La segunda carta de Pedro Sánchez en la red X no deja lugar a dudas: el presidente del Gobierno ha identificado a la perfección la operación Peinado que se ejerce en la zona más lúgubre del Estado y en armonía con la (ultra)derecha de PP-Vox y sus satélites mediáticos y asociativos. Y porque ha identificado su grosería, el presidente busca el efecto bumerán, al más puro estilo Perro Sanxe. Bien buscado.

Lo que esconde el sumario contra Begoña Gómez: organizaciones ultras, informes de Manos Limpias y carencia de pruebas

El juez Peinado parece un profesional muy pagado de eso que llaman la "soberbia del intocable"; cree que siempre tiene razón, primero, por ser juez y, segundo, por contar con el favor ideológico, primero, del PP y Vox y, segundo, del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), éste que no se ha pronunciado, por cierto, sobre esta actuación torticera ni se le espera, porque para eso cobran ilegítima e inconstitucionalmente de nuestros bolsillos desde hace cinco años y medio. Las razones de Peinado, sus escritos, argumentos y la propia historia del lawfare en España nos señalan el final de esta historia: nada de nada contra Gómez, mucho menos, sobre la "corrupción en Moncloa" de la que habla hiperventiladamente el PP. Puedo comprar lo de la imprudencia de quien está casada con el presidente de un Gobierno, ya lo he explicado aquí, pero lo de los delitos solo lo compran la ignorancia o la mala fe.

El efecto bumerán en contra de la (ultra)derecha, sobre todo del PP, y a favor del PSOE es posible que no haga ganar a éste las elecciones del domingo, pero si provocan algo, será la movilización del voto progresista en España, para los socialistas o para su izquierda, nacionalismos incluidos. Un insulto a la inteligencia de la gente, como el que pretenden el PP y el juez Peinado, cuando ya hemos pasado por esto demasiadas veces y las hemerotecas rebosan de tácticas de lawfare calcadas a las que van contra Gómez, es demasiado hasta para los y las pasotas: no puede ser que nadie se deje ofender de esta manera.