Criminalizar al independentismo catalán identificándolo con la parte del independentismo abertzale de los 8o-90 en Euskadi con grupo terrorista propio (la extinta ETA en el caso vasco) ha sido el sueño húmedo de quienes consideran que los partidos soberanistas e, incluso, nacionalistas, debieran ser ilegalizados. El presidente del PP, Pablo Casado, lo ha dicho en alguna ocasión, aunque otros dirigentes matizaran sus palabras después y él mismo se mostrara ambiguo también en función del momento y el lugar en que se encontraba.

Vox es, por supuesto, partidario sin complejos de llevar estas formaciones políticas a la cárcel y sus integrantes lo han pedido públicamente muchas veces: España, una, grande y libre... y ultracatólica, blanca, heterosexual y patriarcal. Todo es diversidad y progreso en el ideario de la ultraderecha.

Las sucesivas reformas del Código Penal desde 2000 han sido, según han coincidido en analizar varios juristas en estas dos décadas, un coladero para imputar delitos de terrorismo alegremente a otros que antes constituirían, como mucho, desobediencia o simples faltas, amén de todo tipo de suposiciones sin materializar ("delitos de subjetividad terrorista", los llaman) . Tras la feliz desaparición de ETA, en 2011, y con la intensificación del afán independentista de los partidos nacionalistas catalanes, derecha y ultraderecha (con potentes aliados en el seno del Estado) se han esforzado mucho en construir al soberanismo su grupo terrorista a medida, algo que ha llegado a desesperarles bastante cuando la prensa internacional destacó que la violencia más desatada vivida en Catalunya se la encontraron los pacíficos votantes del 1-O en las porras y uniformes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Constatarlo está en sus manos con la hemeroteca mundial de esos días traumáticos de 2017.

La batalla de Casado contra los indultos a los presos independentistas aprobados este martes por el Consejo de Ministros, no obstante, le ha traído lo que considera una buena coartada que la (ultra)derecha pretende utilizar para, además, oficializar de una vez a los etarras catalanes. Este despropósito, que se suma a las duras e impropias descalificaciones que el líder del PP dedicó a los empresarios catalanes, al presidente de la CEOE, sindicatos o sociedad civil catalana, en general, reunida en el Liceo barcelonés este lunes, consiste en utilizar un informe de la Guardia Civil donde se asegura que un miembro de los Comités de Defensa de la República (CDR), Jordi Ros, buscó el nombre de Casado en Google.

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El informe, que concluye asimismo que los CDR constituirían "una organización criminal con finalidad terrorista", será el que utilice Casado para recurrir los indultos, ya que, en su opinión y por la búsqueda en Internet de su nombre (junto a los de Manuel Valls o José Manuel Villegas), le convierten en "parte afectada", elemento imprescindible para presentar el recurso. No es la primera vez que la Guardia Civil intenta dar a los CDR categoría de organización terrorista; hay una operación (Judas) abierta para esto, aunque ya en 2019 fracasó tras considerar la Audiencia Nacional que no había indicios suficientes, pese al durísimo informe de la Benemérita contra un grupo de miembros de los CDR que fueron a la cárcel y excarcelados por la Audiencia. Jordi Ros fue uno de ellos, pasó tres meses en prisión y denunció irregularidades en la detención de los agentes al entrar en su casa que se siguen investigando, incluido el veto a su abogado. Todo se disolvió como un azucarillo en agua caliente, hasta que Pedro Sánchez anunció los indultos.

En las últimas horas, el periodista Miguel Ángel Campos (Ser) ha explicado que ni el juzgado 6 de la Audiencia Nacional ni la Fiscalía "dan credibilidad" al informe de la Guardia Civil. Más allá de las búsquedas de nombres en Google por parte de Ros, ni hay planes, ni hay conversaciones, ni hay nada que conforme "base" alguna para concluir que los CDR iban a atentar contra el presidente del PP, Valls o Villegas, entre otros. Si esto se confirma, Casado no solo corre el riesgo de ver rechazado el recurso del PP contra los indultos del Gobierno, sino de hacer el ridículo más penetrante en el imaginario colectivo al presentarse a sí mismo como víctima de una creación terrorista fallida (por segunda vez) de la Guardia Civil y sus más fanáticos, Diego Pérez de los Cobos y Daniel Baena, Tácito, a los que en Público hemos seguido y retratado al milímetro.

El terrorismo, que en España hemos sufrido en varias versiones (franquista y/o ultraderechista, de los GAL, de ETA o islamista), no es un delito asociado a la radicalidad de pensamiento independentista o izquierdista, como pretenden hacernos creer PP y Vox, muchas veces y como he tratado de argumentar aquí, amparados por estructuras del propio Estado. Ni siquiera es un delito asociado a la desobediencia civil, a la violencia callejera o a los homenajes a terroristas, por condenables y repugnantes que nos parezcan. El terrorismo es una cuestión tan seria y compleja y que hemos padecido de tantas formas y con tantas víctimas que solo el hecho de frivolizar con él debería ser delito en sí mismo; no digamos, el presidente de un partido que se presenta como alternativa de Gobierno. Es inaceptable.

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