La bronca del diputado de Junts per Catalunya, y uno de los dirigentes del partido, Francesc de Dalmases, a una periodista del programa Faqs de TV3 ha generado una fuerte polémica política y social y sobre todo mucha indignación en la profesión periodística catalana. Más aún cuando se han conocido otros casos de intimidación a profesionales de Catalunya Ràdio o de la Agència Catalana de Notícies. Se trata mayoritariamente de periodistas de medios públicos pero también de algunos privados como la emisora de radio Onda Cero. Dalmases entró en cólera porque no le gustaron las preguntas que le hacían a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en una entrevista en el citado programa sobre el presunto caso de irregularidades cuando Borràs -de la que Dalmases es uno de los principales colaboradores y asesores- dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, un organismo público de la Generalitat.

Las condenas a la actuación de Dalmases han llegado desde los comités de empresa de los medios de comunicación públicos, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, asociaciones como el Grup de Periodistes Ramon Barnils, numerosos profesionales, la propia productora del programa El Terrat o la propia Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que ha encargado una investigación del asunto. En el plano político todos los grupos del Parlament, excepto Junts, han condenado los hechos y alguno, como la CUP, incluso ha pedido la dimisión de Dalmases. Por el momento, el diputado se ha limitado a hacer una disculpa genérica en Twitter poco creíble y se apartará como portavoz de Junts en la Comisión de control de la CCMA en el Parlament. Cargo que, según algunas de las víctimas de las presiones, utilizaba para amenazar a periodistas de medios públicos.

Pero la relevancia de lo que ya se llama 'caso Dalmases' radica en saber si estamos ante un impresentable pero desafortunada salida de tono en un mal momento o en la subida de un grado en el marco de un presunto sistema de intimidación a periodistas con fines partidistas por parte de un dirigente político y cargo electo. Porque esto último sería un ataque directo a la libertad de prensa en toda su amplitud.

La prensa libre, que hoy en día es necesario entender como el conjunto de medios de comunicación, es el eje de la democracia. Es evidente que parte del periodismo y algunos medios se han constituido en un peligroso cartel de intoxicación y desinformación en conjura con altos cargos policiales, dirigentes políticos del PP e incluso importantes jueces, tal y como hemos escuchado en las grabaciones de Villarejo con el director de La Sexta, Antonio García Ferreras, de protagonista. Pero esto es el excremento que flota por las cloacas mediáticas y no una imperfección de la prensa libre, que las tiene y muchas.

Por imperfecta que sea, sin prensa libre no puede haber democracia. También sin otras muchas cosas, pero la prensa libre es imprescindible para vivir en democracia. Y a su vez la salud de los medios de comunicación es el termómetro de la salud de las democracias. En tiempos de fake news y de cloacas mediáticas esta consideración es más vigente que nunca. Sin olvidar que la globalización de la comunicación y la irrupción de las redes sociales es un reto formidable para mantener esa columna vertebral de la democracia.

La prensa libre no es infalible. Es compleja, afortunadamente plural y multicolor. Y como decía, imperfecta. De hecho, como la democracia. Pero como decía Albert Camus "una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala". Por eso es necesario preservar la prensa libre, sin planteamientos quijotescos pero al menos hasta conseguir un siempre frágil equilibrio entre periodismo y poder. Un equilibrio que en los medios de comunicación públicos tiene una consideración esencial e insoslayable.

No nos engañemos, la prensa libre recibe la injerencia también de otros sectores. Por ejemplo, desde el mundo económico con fuerte implantación del sector financiero bancario y de grandes compañías de servicios que tienen en la opinión pública una forma de influir sobre sus clientes y potenciales consumidores. Y la difícil situación económica del sector ha sido una alfombra roja para ese tipo de injerencia. Pero las amenazas por parte de un político a los periodistas son una línea roja que en modo alguno se puede tolerar ni traspasar.

He querido realizar esta introducción para poner de manifiesto que el ‘caso Dalmases’ no es un episodio corporativista en el que periodistas hablamos de periodistas. Sino que se trata de un grave ejemplo de socavación de los pilares de lo que debe ser una prensa libre. Libre no significa que no esté exenta de apriorismos. Como sabemos, la objetividad es una presunción no un dogma. Se basa en la honestidad en la exposición de los hechos que explicamos, pero todo periodista tiene su perspectiva particular. Y las perspectivas personales también incorporan una mirada política. No sé decir cuál es la perspectiva personal de la subdirectora del Faqs, de la presentadora, o de cualquiera de compañeros y compañeras que preguntaron a la presidenta del Parlament. Pero sea la que fuere, nada puede justificar en ningún caso la intimidación por parte de un político a una periodista.

Y es que el episodio que se vivió en el programa Faqs de TV3 comportó que, ni más ni menos que un diputado y dirigente político de Junts cogiera a una periodista por la muñeca, la encerrara en un camerino rodeada del resto del equipo de Laura Borràs, y la abroncara de forma intimidatoria y propinando golpes contra el mobiliario. Todo ello corroborado por varios testigos y por el propio director del programa. Los hechos, tal y como están relatados por los testigos, son claramente calificables de agresión por el ataque verbal y la intimidación física. Unos hechos que, además, tal y como se produjeron y tratándose de una periodista, podría entrar también en el campo de la misoginia, por no hablar de violencia machista.

Esta es una raya roja que no se puede traspasar y que no se puede tolerar en ningún caso por difíciles que sean en muchas ocasiones las relaciones entre periodistas y políticos. En este caso, además, se contraviene el código de conducta establecido por el Parlament que exige respeto a los miembros de la cámara hacia los profesionales de la comunicación con los que se relacionan.

Y Junts no puede mantenerse en el silencio porque afecta a un diputado y dirigente del partido. Pero la presidenta del Parlament debería dar explicaciones porque presenció ese condenable comportamiento que perseguía además una muy malentendida defensa de Borràs. Digo malentendida porque una entrevistada nunca necesita que la defiendan con presiones. Participa en la entrevista por voluntad propia y siempre puede rechazarla. Y una vez iniciada está en su derecho a responder lo que considere oportuno, no responder o responder con evasivas. Como la periodista tiene todo el derecho a preguntar lo que considere oportuno e incluso a poner de manifiesto que la entrevistada se escabulle si se da el caso.

Por otra parte, en términos políticos, la indignación transmitida por Borràs a la hora de responder a algunas cuestiones y el lamentable episodio posterior no transmite precisamente una imagen de tranquilidad en cuanto al tema de fondo de la entrevista, las presuntas irregularidades en los contratos adjudicados a un colaborador cuando era la directora del ILC y por las que muy probablemente será juzgada la ahora presidenta del Parlament. Los asesores deberían servir para ayudar a convencer, no para vencer imponiendo.

La última cuestión que quiero poner sobre la mesa es preguntarnos si el de Dalmases es el único caso de presión por parte de políticos a los periodistas. Y es evidente que la respuesta es un no rotundo. Todos los partidos presionan para tener presencia en los medios. Pero ahora con una diferencia, el conjunto de presiones supone en la actualidad un mayor equilibrio ideológico, especialmente en los medios públicos, que lo que en Catalunya estábamos acostumbrados hace unas décadas con la omnipresencia convergente. 23 años de pujolismo dejaron un tupido poso, pese a la resistencia y buen hacer de algunos buenos profesionales. Y no es fácil alcanzar un mínimo equilibrio, que evidentemente no debería llegar a base de presiones partidistas, sino de la simple admisión de la pluralidad.

Seguramente, esta es una de las claves para entender lo que ocurrió en el Faqs con Borràs y Dalmases. La patrimonialización del poder y de los medios públicos. La dificultad de algunos para admitir que se les rebata el argumento por la errónea creencia de una supuesta superioridad basada en no sé qué genética política. Lo dijo la esposa del expresident Jordi Pujol cuando Pasqual Maragall llegó a la presidencia: "Me siento como si me hubieran entrado en casa".

Algunos de los activos de la postconvergencia piensan eso mismo sobre la pluralidad en los medios, que si se aplica nada menos que les están hurtando en su casa. Y los medios públicos no son casa de nadie, si es que hay casas de alguien. Al final, 23 años del todopoderoso Pujol diciendo a los periodistas "eso no toca" es una herencia demasiado pesada como para que un diputado, o una presidenta del Parlament, de la postConvergència no se crea en el derecho de dictar lo que toca o no toca preguntar. Y en Faqs parece que no tocaba preguntar por los correos incriminatorios de las presuntas irregularidades supuestamente cometidas por Borràs.

En cualquier caso, tampoco puede decirse que todos los políticos hacen lo mismo. Ni siquiera los de Junts. De hecho, a más de un dirigente del partido no le ha gustado nada este episodio, pese a mantener silencio por disciplina de partido.

¿Es necesaria una reflexión de conjunto sobre la relación entre política y medios de comunicación, especialmente los públicos? Claro que sí. Pero no nos engañemos. Utilizar en estos momentos la típica estrategia centrifugadora del ventilador de todos son iguales no persigue reforzar la independencia del periodismo. Simplemente busca tratar de tapar el ‘caso Dalmases’. Y esto no es un perjuicio sólo para la profesión periodística, sino para el conjunto de la sociedad que vive en una democracia cada vez más encogida.