Pablo Jiménez

El pasado 27 de septiembre hubo importantes movilizaciones en torno a la emergencia climática en gran parte del mundo y especialmente en Europa. En España la respuesta fue también significativa ya que más de 300 organizaciones de movimientos juveniles, ecologistas y movimientos sociales en general participaron de la convocatoria con más de 5000 manifestaciones y concentraciones en 156 países que tuvieron por objetivo denunciar algo que pocos años atrás poca gente conocía: el cambio climático y la necesidad de actuar de forma urgente ante la gravísima amenaza que se cierne sobre la especie humana. Ya no son tiempos de especulaciones sobre el origen y el alcance de este fenómeno climático sino de frenar el crecimiento exponencial del mismo y poner los cimientos de políticas -siempre desde lo público- que mitiguen las ya inevitables consecuencias y permitan inteligentes adaptaciones en un contexto de emergencia ambiental que pongan en el centro a las personas y el equilibrio ecosistémico.

En este complejo escenario, el 2 de diciembre empezó la COP25, en teoría con sede en Chile, pero que se celebra en Madrid por los graves problemas sociales acaecidos en el país andino en las últimas semanas. La realidad es que esta cumbre empieza con pocas esperanzas de llegar a acuerdos significativos, teniendo en cuenta la ausencia o presencia de segundo nivel de varios de los países más contaminantes del planeta, como EEUU, China, India, Rusia o Brasil. La propia ONU, impulsora de los encuentros de partes con respecto al cambio climático, se muestra escéptica con respecto a los objetivos de la COP y denuncia la falta de voluntad política para afrontar un problema de características planetarias. En este sentido, su secretario general, Antònio Guterres denuncia la continuidad de las prácticas de muchos países en seguir subvencionando los combustibles fósiles y construyendo centrales térmicas de carbón.

La realidad es que el planeta se encamina a un calentamiento global de 3,5ºC sobre los niveles preindustriales, muy por encima de los objetivos marcados en la COP21 de París que fijaba mantener el aumento de las temperaturas con respecto a la era preindustrial "muy por debajo" de los 2ºC en este siglo y luchar por alcanzar el objetivo de 1,5ºC aconsejado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Por otra parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido recientemente del aumento de la concentración media mundial de CO2 de 405,5 partes por millón (ppm) en 2017 a 407,8 ppm en 2018, un nuevo récord que nos aleja de los 350 ppm de 1990, el año que se toma como referencia para analizar el aumento de emisiones de CO2. No se ha de olvidar tampoco el aumento de la concentración del metano (CH4) que ha pasado de 1.775 partes por billón (ppb) en 2006 a 1.850 ppb en 2017, hecho preocupante dado que, aunque el CH4 es considerado un gas de efecto invernadero (GEI) secundario, por su concentración muy inferior a la del CO2, es muy superior en cuanto a su capacidad para aumentar las temperaturas.

Lo que se constata es, de acuerdo con el Informe sobre la disparidad en las emisiones de 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que las emisiones de GEI van en aumento a pesar de las advertencias de los científicos y de los compromisos políticos, que pocos países han presentado formalmente sus estrategias a largo plazo ante el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y que los países han de revisar sus planes climáticos, triplicando la envergadura de sus Contribuciones Determinadas Nacionales (CDN) en 2020 si quieren mantenerse por debajo de los 2ºC y cinco veces para alcanzar el objetivo de los 1,5ºC.

En el caso de Europa, la UE tiene establecida una reducción global de emisiones del 40% respecto a 1990 para el año 2030, aunque la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, aumenta este objetivo al 50% con vistas a las emisiones cero de 2050, un objetivo que debe contar con el apoyo de todos los socios comunitarios, entre los que se cuentan algunos reacios como Hungría, Polonia y República Checa, para adoptar la "neutralidad climática" para 2050 incluida en el orden del día del próximo Consejo Europeo de los días 12 y el 13 de diciembre donde los 28 decidirán formalmente cuanto aumentará su ambición climática. En el caso de España solo se ha firmado un compromiso de reducción de un 20% para 2030, cifra absolutamente desfasada que se entiende que se ha de revisar con la llegada del nuevo gobierno.

El problema que se plantea es que ni siquiera con las cifras del 50% de reducción de emisiones se alcanzarían los objetivos de los 2ºC ni mucho menos los de los 1,5ºC. Los grupos ecologistas piden una reducción global del 55% y del 65% para el ámbito europeo, lo que supondría una bajada entre el 7 y el 10% anual. Solo con políticas claramente descarbonizadoras y reductoras de los GEI en general se podría llegar a mitigar las consecuencias de un cambio climático cada vez más imprevisibles y que nos lleva a un horizonte de gran incertidumbre. En ese sentido es prioritario cortar de raíz la influencia de las corporaciones energéticas sobre los gobiernos, dejar de financiar los combustibles fósiles, no firmar acuerdos comerciales que contengan cláusulas de protección a los inversores -que en el caso de España está suponiendo un enorme sangría económica por las primas a las renovables-  y trabajar en campañas que desmonten las teorías negacionistas financiadas por los lobbies energéticos.

Resulta bochornoso que la COP25 de Madrid esté financiada por grandes corporaciones del sector energético que se encuentran entre los mayores contaminantes de España y que no han dudado en publicitar una falsa imagen verde de sus actividades. Especialmente vergonzoso es la compra por parte de Endesa, el mayor contaminante español- de las portadas de los principales periódicos del país al día siguiente de iniciarse la cumbre en una operación deleznable de greenwashing, actualmente muy en boga en el mundo de las grandes empresas pero también en determinados medios de comunicación y partidos políticos.

En un contexto global en el que los fenómenos meteorológicos extremos inducidos por el cambio climático provocan desplazamientos anuales de población cifrados por Oxfam en 20 millones de personas, las grandes corporaciones dirigen la agenda política de los gobiernos, que siguen sin ponerse de acuerdo con los fondos de compensación a aportar a los países más vulnerables -y más pobres- al calentamiento global y siguen mercadeando con las emisiones de GEI entre países muy contaminantes y menos contaminantes, permitiendo de esta forma perversa el mantenimiento de los intereses de aquellas y de la dramática situación climática global.  

Mientras tanto, la sociedad civil, que ha tomado la palabra mediante la enorme manifestación del 6 de diciembre en Madrid y debate en la Cumbre Social por el Clima que se está celebrando en esa ciudad hasta el 13 de diciembre, es la única que nos mantiene la esperanza de un cambio de rumbo. Los movimientos sociales empiezan a ligar cuestiones ambientales (cambio climático, pérdida de biodiversidad) con cuestiones sociales (creciente explotación laboral, exclusión social), cuestiones territoriales (invisibilización del indígena, acaparamiento de tierras) y de género (patriarcado). Y empiezan a hablar de sistema, de cambio de paradigma productivo. No podemos seguir viviendo con un sistema político y económico que se basa en un enloquecida huida hacia adelante, que apuesta por un crecimiento continuo en un mundo de recursos finitos y que requiere de equilibrios ecosistémicos para no implosionar. Una activista chilena, Ángela Valenzuela, lo expresaba en esta COP de Madrid claramente en una entrevista reciente en ctxt.es: "Es imposible encarar la emergencia climática sin poner en cuestión el funcionamiento actual del capitalismo". Con ello se hacía eco de uno de los lemas coreados en la manifestación de Madrid: no cambiemos el clima, cambiemos el sistema.