En el Día Mundial del Agua que se celebra hoy, 22 de marzo, reclamamos que la gestión del agua responda prioritariamente a intereses ambientales y sociales. El agua es un recurso natural, esencial para el mantenimiento de los ecosistemas, a la vez que el acceso de las personas al abastecimiento y al saneamiento es un derecho humano, reconocido como tal por Naciones Unidas en 2010, por lo que nunca debe supeditarse a intereses económicos y financieros, tal y como ocurre ahora.

Por ello, solicitamos que se abandone definitivamente la construcción de grandes embalses, dado su gran impacto ambiental y social. Además, su utilidad hidrológica es más que dudosa, especialmente la de los que se han construido o se están promoviendo en los últimos años, pues los más eficientes se construyeron ya hace bastantes años. La construcción de embalses durante el siglo XX supuso la destrucción de cientos de valles, con sus bosques, ríos, pastos, campos de cultivo y pueblos. De hecho, supusieron la desaparición de más de 500 pueblos, engullidos bajo sus aguas, así como el deslazamiento de sus hogares de más de cincuenta mil personas. Por todo ello, deberían descartarse todos los embalses que todavía están en proyecto, como Biscarrúes (Huesca), y debería llevarse a cabo la paralización inmediata de las obras de los que están actualmente en construcción, todos ellos además innecesarios, entre los que se encuentra el recrecimiento de Yesa (Navarra y Zaragoza), Mularroya (Zaragoza) y Alcolea (Huelva).

También es necesario clausurar varios de los trasvases existentes, entre los que destacamos el Tajo-Segura, por el daño que está produciendo en la cabecera del Tajo. Así como el trasvase Siurana-Riudecanyes (Tarragona), un trasvase diseñado hace más de cien años que deja literalmente seco el río Siurana, con las consiguientes consecuencias ambientales y sociales que ello conlleva. La prueba de sus impactos se refleja en la cuenca donante, ya que es la comarca de Cataluña que más población ha perdido a lo largo del siglo XX.

Consideramos esencial que se frene por completo la creación de nuevos regadíos, pues el consumo actual de la superficie regada existente supone más del 90% del consumo total neto de agua, si consideramos los retornos de los diferentes usos. Además, el regadío no para de crecer, como demuestra el hecho de que tan sólo la superficie regada de olivos, viñedos y almendros se haya incrementado en España, durante el periodo 2013-2018, nada menos que en 187.447 Has., según datos de Ministerio de Agricultura.

También habría que reducir de manera progresiva la superficie regada en España, que actualmente supera los 4 millones de Has., hasta situarnos en niveles sostenibles, estimados en un máximo de 3-3,2 millones de Has. de regadío para el conjunto del país.

El cambio climático está produciendo una reducción de los recursos hídricos disponibles, estimada en un 20% durante los últimos 25 años, así como un incremento en la frecuencia e intensidad de las lluvias torrenciales. Por ello, consideramos esencial, por una parte, que se produzca una reducción progresiva en el consumo, especialmente en el sector agrícola, para ajustarlo al nuevo escenario. Y por otra parte, que se proceda a la eliminación de todas las construcciones existentes dentro del dominio público hidráulico y demás zonas de alto riesgo de inundación. Esta última medida expresa lo indicado en la normativa vigente para reducir el riesgo para la población pues, según el Ministerio para la Transición Ecológica, en España más de 710.000 personas tienen ubicadas su vivienda en zonas de muy alto riesgo de inundación.

Desde Ecologistas en Acción exigimos que se garantice el acceso al agua potable y saneamiento para toda la población, con independencia de que puedan pagarlo, pues se trata de un derecho humano universal, que tenemos la obligación de garantizar. Por ello, consideramos necesario que el abastecimiento de agua potable se gestione desde el sector público de forma directa, transparente y participativa. También es necesario modificar la normativa que regula la calidad de las aguas de consumo humano, haciéndola más exigente. No es razonable, como ocurre ahora, que se apliquen a las aguas de consumo humano unos límites de presencia de determinados contaminantes más permisivos que los que se aplican para considerar la calidad ambiental de las aguas superficiales.

Hay que seguir trabajando en la mejora de la depuración de las aguas residuales y frenar por completo la contaminación difusa generada por la agricultura y ganadería intensivas. Este sector está dañando de manera casi irreversible muchos acuíferos y manantiales, inutilizándolos para el uso y consumo humano.

Por último, consideramos imprescindible que se establezcan y garanticen caudales ecológicos para todos los cursos de agua temporales y permanentes, y que, además, se determinen con criterios ambientales, sin estar condicionados por otros usos ligados a actividades económicas.

De esta manera se conseguiría una gestión más ambiental y social del agua, no condicionada, como ocurre hasta ahora, por los intereses de diferentes sectores económicos y financieros, que solo velan por sus propios intereses, aunque sea a costa de la destrucción del medio ambiente y de los derechos y la calidad de vida del conjunto de la población.

Santiago Martín Barajas.
Miembro del Area de Agua de Ecologistas en Acción.