Ecologismo de emergencia

Objetivo: criminalizar al ecologismo

Juantxo López de Uralde

Diputado de Unidas Podemos y coordinador federal de Alianza Verde

Brigadas forestales y vecinos colaboraron en el control de las llamas, lejos de las viviendas, a 28 de julio de 2022, en Cudeiro, Orense, Galicia. -Rosa Veiga / Europa Press
Brigadas forestales y vecinos colaboraron en el control de las llamas, lejos de las viviendas, a 28 de julio de 2022, en Cudeiro, Orense, Galicia. -Rosa Veiga / Europa Press

Criminalizar al ecologismo. Este, y no otro, es un objetivo que persiguen ciertos sectores políticos y económicos desde hace algún tiempo, y que se concreta en una persecución mediática permanente de este movimiento social. ¿Qué pretenden conseguir con ello? Fundamentalmente anular el impacto de las críticas ecologistas a las distintas causas de la degradación acelerada del medio ambiente, y evitar con ello que sus reivindicaciones acaben forjando una renovada legalidad verde o que siquiera influyan en ello. Evidentemente lo que se está haciendo con esta campaña de criminalización es favorecer los intereses corporativos de quienes temen que una legislación ambiental más estricta perjudique a sus intereses económicos, aunque también busca obtener ventaja política en determinados territorios y sectores que puedan verse perjudicados por la adopción de medidas ambientales.

Esta campaña tiene una fuerte componente política y, ojo, no solo en la extrema derecha. Cada vez más el Partido Popular participa de este trabajo de acoso y derribo.

No es casualidad que, durante los gravísimos incendios forestales de Zamora, el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León apunte al ecologismo, y lo acuse de estar detrás de estos incendios. Con ello consigue dos objetivos: en el corto plazo desvía  la atención sobre la incompetencia mostrada por la propia Junta de Castilla y León frente al fuego, pero al mismo tiempo agranda la imagen de los ecologistas como enemigos del mundo rural. Ya tiene un chivo expiatorio adecuado. El PP lleva 35 años gobernando en Castilla y León, y la responsabilidad de la limpieza de los montes es de la Junta en exclusiva. Por tanto es delirante que se acuse a los ecologistas de ser responsables de los fuegos.

Vayamos unos meses atrás, cuando el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, hizo unas declaraciones sobre la necesidad de reducir el consumo de carne. En aquella ocasión los cañones mediáticos de la derecha se cebaron con Garzón, creando artificialmente  un presunto enemigo de la ganadería y por tanto del mundo rural. Y es que todo va de eso: de crear monstruosos enemigos izquierdistas del rural para fortalecer la hegemonía de la derecha en ese ámbito. Poco importa que en realidad se estuviera defendiendo a la ganadería extensiva frente a las macrogranjas. Y que, por cierto, sean estas últimas las que destruyen los acuíferos, generan malos olores y por tanto impulsan la despoblación....

Otro ejemplo: tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que exige el derribo de la urbanización de Valdecañas, al norte de Cáceres, el diario El Mundo se marcaba el siguiente titular: Valdecañas: de cómo los ecologistas con prejuicios contra la jet set están a punto de cargarse el paraíso de los fines de semana. Es decir, que una sentencia del Tribunal Supremo se convierte por arte de magia en una venganza de "ecologistas resentidos con la jet set". Delirante, pero intencionado.

Capítulo aparte merece el acoso contra quienes se atreven a criticar la caza o los toros, o en general defender políticas de bienestar animal. Este es un caso que merece un artículo aparte por la gravedad de los ataques, y la impunidad en la que se mueven quienes los hacen.

Cuando el pasado 6 de abril un grupo de científicos y ecologistas pintó la fachada del Congreso con zumo de remolacha para protestar por la falta de medidas contra el cambio climático, los ataques fueron furibundos: ecologistas vandalizan la entrada principal y la escalinata del Congreso de los Diputados. El paso siguiente fue enviar a la brigada antiterrorista a sus casas para detenerlos y acusarlos de delitos graves.

Como se ve la lista es interminable. Como digo esta campaña de acoso y derribo contra los ecologistas tiene una doble finalidad: económica y política. Y puesto que los que la impulsan no van a parar, conviene que seamos conscientes de qué va esto, y en la medida de los posible denunciarlo. Si no lo hacemos acabarán ganando los malos y eliminando la influencia de un movimiento social imprescindible, cuyo trabajo es fundamental ante la grave crisis ecológica en la que estamos inmersos.